Durante la apertura del «Diálogo para el futuro del borde costero», el subsecretario de Pesca y Acuicultura Osvaldo Urrutia, delineó la postura del presidente Kast, descartando una derogación a la Ley Lafkenche, pero enfatizando la necesidad de una reforma que devuelva la certeza jurídica al territorio costero. El objetivo según el subsecretario, es consolidar un marco regulatorio que permita proyectar el desarrollo acuícola y pesquero para los próximos 50 años en convivencia con las comunidades.
Asimetrías extremas en el territorio
En el primer bloque de la jornada, Alejandro Barrientos, jefe de la División de Acuicultura de Subpesca, reveló que existen 77 solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en trámite, las cuales mantienen congeladas 2.429.987 hectáreas de borde costero a nivel nacional, siendo la región de Los Lagos el epicentro de este fenómeno de parálisis, concentrando el 77% de las solicitudes en evaluación y el 80% de los decretos ya vigentes.
El informe expuso una total ausencia de proporcionalidad técnica en las solicitudes actuales. Mientras que en la Región del Biobío un decreto otorga 0,4 hectáreas por persona, la solicitud en trámite Kawésqar de la última Esperanza (Región de Magallanes) exige 275.000 hectáreas para solo 42 personas, promediando una cifra de 6.61 hectáreas por persona. La diferencia de superficie por solicitante entre el caso mínimo y el máximo en el país supera las 82.000 veces.
El impacto del «Efecto Suspensivo» en la inversión y la conservación de facto
En el segundo panel se analizó el impacto del efecto suspensivo, un mecanismo legal que congela de manera automática la tramitación de cualquier concesión o permiso productivo preexistente o nuevo dentro de un áreas desde el momento en que una solicitud de ECMPO es declarada admisible.
Antonella León, asesora de Gabinete de Subpesca, explicó que este diseño original de la ley suponía que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) tardaría un mes en evaluar los usos tradicionales, pero en la práctica este trámite promedia más de dos años, transformando una medida temporal en una parálisis indefinida.
Mónica Cortez, socia del estudio jurídico FerradaNehme, le puso cifras a este estancamiento basándose en datos del centro de estudios Pivotes y minutas legislativas actualizadas donde se encuentran:
- 519 concesiones de acuicultura (salmones, mitílidos y algas) se encuentran paralizadas por este efecto.
- 894 concesiones marítimas de diverso uso están detenidas.
- 18 solicitudes de caletas artesanales (bajo la Ley de Caletas) están completamente bloqueadas por la superposición de polígonos.
Cortez advirtió además una clara desviación de los fines de la ley, donde comunidades y ONG utilizan el efecto suspensivo como una herramienta de conservación ambiental para frenar proyector productivos y científicos (como la instalación de boyas de monitoreo). Asimismo, alertó sobre un error de técnica legislativa en el proyecto de reforma del Senado (Boletín N°15862-21), que contradice los plazos máximos de suspensión entre un año y medio y dos años en sus incisos.
Los ECMPO concentran el 57% del espacio costero otorgado
La mirada constitucional y académica estuvo a cargo de Jessica Fuentes, profesora de la PUCV y asesora de Aquiestudios, quien participó en la redacción original de la ley en 2003. Fuentes presentó un desglose histórico y estadístico que impactó al auditorio al comparar la superficie total que el Estado ha otorgado bajo los tres principales títulos de afectación territorial del litoral chileno:
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Acuicultura nacional (Salmones, Mitílidos y Algas): Cuenta con más de 3.000 concesiones vigentes en el país, las cuales abarcan una superficie total de apenas 30.000 hectáreas, promediando un espacio de 9,5 hectáreas por título.
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Áreas de Manejo Pesquero (AMERB): Otorgadas exclusivamente al sector artesanal, suman 915 áreas vigentes que registran una cobertura total de 131.449 hectáreas, con un promedio de 143,6 hectáreas por área.
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Espacios de la Ley Lafkenche (ECMPO Decretados): Con apenas 31 decretos otorgados a la fecha, la superficie total asignada asciende de forma histórica a 216.000 hectáreas, registrando un promedio de casi 7.000 hectáreas por espacio.
- «De la superficie total que el Estado ha entregado en el litoral entre acuicultura, pesca artesanal y borde costero, el 57% se concentra en solo 31 decretos de ECMPO, mientras que toda la industria acuícola nacional ocupa apenas el 7%», detalló Fuentes, calificando como un sinsentido jurídico que se pretendan otorgar mega solicitudes (como los casos rechazados de Cisnes e Islas Huichas) utilizando como argumento las «vías de navegación», un derecho de libre tránsito que ya es constitucional para todos los chilenos y que las comunidades no pueden administrar de forma exclusiva.
El factor pesquero artesanal
En el cuarto bloque de la jornada, se abordó la colisión directa entre las solicitudes de grandes extensiones y el carácter transhumante de la pesca artesanal (la condición móvil de los pescadores bentónicos que viajan por canales e islas de toda la región y no pescan exclusivamente frente a sus hogares).
Cristian Tapia, asesor de la Conapach recordó que la pesca artesanal ya tiene usos consuetudinarios formalizados desde la Ley de Pesca de 1991 (como la reserva de las 5 millas y las aguas interiores). Sin embargo su preocupación radica en lo que ocurre una vez que el espacio ya está constituido en favor de una comunidad indígena. Tras revisar 10 planes de administración vigentes en Los Lagos, Tapia denunció que estos solo reconocen a los pescadores de la misma localidad o comuna, bloqueando el acceso histórico de flotas y otras zonas.
«Cuando la solicitud tiene 50.000 hectáreas, el espacio costero marino nos limita esa libertad de pesca, nos pone una condición adicional y que además depende solo de la voluntad de una de las partes. Es complicado» mencionó Tapia, explicando que si la comunidad titular no quiere firmar un convenio voluntario, los pescadores tradicionales quedan fuera de la zona marítima.
Tapia valoró que la Ley Bentónica (aprobada en 2024) aya declarado indefinidas las áreas de manejo para proteger al sector, pero insistió en que en zonas de alta confluencia regional (como Bahía Tic Toc), un Plan de mandejo Bentónico estatal es una herramienta muy superior y más equitativa que una ECMPO gigante sujeta al juicio de un grupo.
Respuesta de CONADI
En el último panel técnico estuvo marcado por la defensa institucional de Ignacio Malig, Director Nacional de la CONADI. Frente a los cuestionamientos generalizados por la falta de recursos, personal y demoras de la corporación para fiscalizar los polígonos marítimos, Malig aclaró la estructura jurídica del servicio y respondió las dudas sobre cómo acreditan las extensiones masivas sin poseer una flota de embarcaciones propia.
En este marco, Malig declaró que, «¿Cómo lo hacemos en la práctica? Con las embarcaciones que poseen las propias comunidades solicitantes. Y esto tiene sentido, porque si están solicitando un uso determinado, lo lógico es que ese uso puedan acreditarlo por sus propios medios», explicó el director de la CONADI.
Malig también complementó mencionando que, «si una persona solicita un uso y tiene un bote inflable, acreditará el alcance que tenga el bote inflable; si tiene una lancha rápida, tendrá la forma de acreditarlo hasta donde esta llegue». Asimismo, detalló que el organismo cuenta con profesionales idóneos y propuso que para destrabar la burocracia se aplique un mecanismo en el que, si la comunidad solicitante no coopera o no responde a las citaciones en terreno, la CONADI pueda cerrar el expediente informando directamente la imposibilidad de acreditar el uso por desinterés del solicitante.
La jornada de la mañana cerró con intervenciones directas del público, evidenciando la tensión acumulada entre recolectores de orilla, buzos y las autoridades, dejando la mesa servida para los debates de resolución técnica que se desarrollarán en las comisiones de trabajo durante la tarde.
