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Lamentan dictamen de Contraloría que respalda exigencia de plan de manejo para relocalizaciones de salmoneras

En conversación con InfoSALMON, el diputado Mauro González manifestó su preocupación sobre los alcances e impacto del pronunciamiento de la Contraloría General de la República que respalda el criterio de la Ley SBAP. Al mismo tiempo, el parlamentario y los gremios salmonicultores anunciaron posibles acciones tras el dictamen del ente.

Por Jocelyn Vargas
10 de septiembre, 2024 - 20:46 hrs. - Updated on 11 de septiembre, 2024 - 07:15 hrs.
Fotografía referencial: Centro de cultivo. Créditos archivo.

Fotografía referencial: Centro de cultivo. Créditos archivo.

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Hace un tiempo los diputados Marcia Raphael y Mauro González; la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel; y el presidente de SalmonChile, Arturo Clement, levantaron una solicitud para exigir un pronunciamiento sobre la legalidad de una circular emitida por la Subsecretaría del Medio Ambiente en septiembre del 2023. En dicha oportunidad, la cartera comunicó a distintos ministerios y servicios públicos sobre los efectos jurídicos de la Ley SBAP en cuanto a los procedimientos para el otorgamiento de concesiones en áreas protegidas. En respuesta a ello, la Contraloría General de la República (CGR) entregó a fines de agosto de este año un dictamen respaldando los criterios definidos por la Ley N° 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que busca garantizar la protección de la biodiversidad en Reservas o Parques Nacionales, así como también normar a distintas actividades económicas, como la salmonicultura, que se desarrolla en los territorios. La normativa establece que «sólo podrán ser objeto de concesiones aquellas áreas protegidas que cuenten con plan de manejo» y para otorgar una concesión, «se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área».  Frente a ello,  CGR dictaminó que no observó “irregularidad” en la emisión del cuestionado oficio emitido por parte del Ejecutivo. Al mismo tiempo determinó que “el otorgamiento de futuras concesiones en tales áreas, incluyendo tanto las solicitudes que se presenten como aquellas que se encuentren pendientes, debe sujetarse a la referida nueva normativa, la que exige contar en lo que interesa, con un plan de manejo y con el informe previo del SBAP”, así señaló el Mercurio en una publicación reciente.  Respecto de las relocalizaciones en las áreas protegidas, Contraloría indicó que “pese a no tratarse de una nueva concesión, al reubicarse en un lugar distinto deberá necesariamente, en su oportunidad, darse  cumplimiento a la normativa que corresponda, según la nueva ubicación” y agregó que “Una conclusión distinta importaría que, por la vía de una relocalización, una concesión podría ubicarse en un área protegida sin sujeción a la normativa que el legislador ha previsto para su especial protección, lo que no resulta procedente”.  Reacciones sobre el pronunciamiento de Contraloría  Al respecto, el diputado Mauro Gonzalez, expresó a InfoSALMON su profunda preocupación.  “Lamentamos que la Contraloría General de la República no nos haya dado la razón respecto a la presentación que efectuamos sobre el actuar por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que trataba de torcer mediante la vía administrativa lo establecido en la ley”, manifestó.  “Si bien el ente Contralor está haciendo presente en su dictamen lo señalado en la ley, consideramos importante poder tener a la vista el espíritu de la misma y por ello reestudiaremos la tramitación de la iniciativa, y de corresponder efectuaremos una nueva presentación, particularmente en lo que dice relación a los procesos de relocalización de las concesiones acuícolas, así como también, del emplazamiento de nuevas concesiones en zonas protegidas, en circunstancias a que estamos poniendo una carga respecto de un sector que ha esperado respuestas por más de una década y solo han sido tramitados pocos permisos en los últimos años”, cuestionó.  “No queremos ver paralizadas las inversiones en un sector que históricamente ha brindado miles de fuentes de trabajo, tanto directa o indirectamente a nuestra región, por el solo hecho que el Estado impone más barreras o más bien no da cumplimiento en los plazos establecidos, haciendo que sea urgente, a su vez, avanzar en proyectos como permisología”, enfatizó el parlamentario. Por su lado, SalmonChile comentó a El Mercurio que están evaluando el impacto que esta resolución tendría en el sector y al mismo tiempo están “analizando los pasos a seguir luego del dictamen dado por Contraloría, pues tiene elementos, que según nuestra visión, pueden ser más debatibles y complejos” y agregó que se debe tener en consideración que  “actualmente, las relocalizaciones han estado en tramitación durante 13 años y solo se ha logrado la aprobación de una de ellas, por lo que urge tener certezas para avanzar en esta materia”. En tanto, Rodrigo Pinto, director corporativo del Consejo del Salmón afirmó en el mismo medio que “de acuerdo a la ley, quien tiene la facultad para resolver los temas de concesiones es SBAP; sin embargo, hoy día no existen los mecanismos, procedimientos y reglamentos necesarios” y recalcó que “nos parece que la forma y contenido del Oficio emitido por la Subsecretaría del Medio Ambiente exceden los marcos normativos legales”. 

Hace un tiempo los diputados Marcia Raphael y Mauro González; la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel; y el presidente de SalmonChile, Arturo Clement, levantaron una solicitud para exigir un pronunciamiento sobre la legalidad de una circular emitida por la Subsecretaría del Medio Ambiente en septiembre del 2023. En dicha oportunidad, la cartera comunicó a distintos ministerios y servicios públicos sobre los efectos jurídicos de la Ley SBAP en cuanto a los procedimientos para el otorgamiento de concesiones en áreas protegidas.

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En respuesta a ello, la Contraloría General de la República (CGR) entregó a fines de agosto de este año un dictamen respaldando los criterios definidos por la Ley N° 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que busca garantizar la protección de la biodiversidad en Reservas o Parques Nacionales, así como también normar a distintas actividades económicas, como la salmonicultura, que se desarrolla en los territorios.

La normativa establece que «sólo podrán ser objeto de concesiones aquellas áreas protegidas que cuenten con plan de manejo» y para otorgar una concesión, «se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área». 

Frente a ello,  CGR dictaminó que no observó “irregularidad” en la emisión del cuestionado oficio emitido por parte del Ejecutivo. Al mismo tiempo determinó que “el otorgamiento de futuras concesiones en tales áreas, incluyendo tanto las solicitudes que se presenten como aquellas que se encuentren pendientes, debe sujetarse a la referida nueva normativa, la que exige contar en lo que interesa, con un plan de manejo y con el informe previo del SBAP”, así señaló el Mercurio en una publicación reciente. 

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Respecto de las relocalizaciones en las áreas protegidas, Contraloría indicó que “pese a no tratarse de una nueva concesión, al reubicarse en un lugar distinto deberá necesariamente, en su oportunidad, darse  cumplimiento a la normativa que corresponda, según la nueva ubicación” y agregó que “Una conclusión distinta importaría que, por la vía de una relocalización, una concesión podría ubicarse en un área protegida sin sujeción a la normativa que el legislador ha previsto para su especial protección, lo que no resulta procedente”. 

Reacciones sobre el pronunciamiento de Contraloría 

Al respecto, el diputado Mauro Gonzalez, expresó a InfoSALMON su profunda preocupación.  “Lamentamos que la Contraloría General de la República no nos haya dado la razón respecto a la presentación que efectuamos sobre el actuar por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que trataba de torcer mediante la vía administrativa lo establecido en la ley”, manifestó. 

“Si bien el ente Contralor está haciendo presente en su dictamen lo señalado en la ley, consideramos importante poder tener a la vista el espíritu de la misma y por ello reestudiaremos la tramitación de la iniciativa, y de corresponder efectuaremos una nueva presentación, particularmente en lo que dice relación a los procesos de relocalización de las concesiones acuícolas, así como también, del emplazamiento de nuevas concesiones en zonas protegidas, en circunstancias a que estamos poniendo una carga respecto de un sector que ha esperado respuestas por más de una década y solo han sido tramitados pocos permisos en los últimos años”, cuestionó. 

“No queremos ver paralizadas las inversiones en un sector que históricamente ha brindado miles de fuentes de trabajo, tanto directa o indirectamente a nuestra región, por el solo hecho que el Estado impone más barreras o más bien no da cumplimiento en los plazos establecidos, haciendo que sea urgente, a su vez, avanzar en proyectos como permisología”, enfatizó el parlamentario.

Por su lado, SalmonChile comentó a El Mercurio que están evaluando el impacto que esta resolución tendría en el sector y al mismo tiempo están “analizando los pasos a seguir luego del dictamen dado por Contraloría, pues tiene elementos, que según nuestra visión, pueden ser más debatibles y complejos” y agregó que se debe tener en consideración que  “actualmente, las relocalizaciones han estado en tramitación durante 13 años y solo se ha logrado la aprobación de una de ellas, por lo que urge tener certezas para avanzar en esta materia”.

En tanto, Rodrigo Pinto, director corporativo del Consejo del Salmón afirmó en el mismo medio que “de acuerdo a la ley, quien tiene la facultad para resolver los temas de concesiones es SBAP; sin embargo, hoy día no existen los mecanismos, procedimientos y reglamentos necesarios” y recalcó que “nos parece que la forma y contenido del Oficio emitido por la Subsecretaría del Medio Ambiente exceden los marcos normativos legales”. 

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