Corría el viernes 26 de mayo del 2023 cuando la salmonicultura demostró su tamaño y capacidad de movilización transversal a la hora de ver afectados sus intereses, donde trabajadores, proveedores, productores, gremios e incluso el mundo político se fusionaron en una sola causa para rechazar los efectos de la Ley SBAP. Esa puesta en escena, plasmada en distintas comunas del sur austral de Chile, tuvo su mayor actividad en la marcha llevada a cabo en Puerto Montt, donde se calcularon a cerca de 10 mil personas en las calles, sin incidentes, ni daños a la propiedad pública, ni privada, dando cuenta de la organización del movimiento.
Este episodio, generó una alerta del sector y seguimiento de los acontecimientos que podrían presentarse en otros frentes. Es así como, en junio de este año, una nueva alerta concentraría la atención del sector de la salmonicultura cuando en distintas regiones se comenzaron a votar nuevas ECMPOs en las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero. Nuevamente, un conflicto derivado de la Ley Lafkenche ponía una alarma en la salmonicultura que, de distintas formas, declarativas y en la calle, rechazaban con fuerza las ECMPOs puestas en tablas de las sesiones de la CRUBC. Oposición que se tradujo en las contundentes votaciones de los miembros de la instancia, quienes rechazaron las solicitudes.
Ley de Acuicultura un proceso en desarrollo
Aquí tenemos dos ejemplos de episodios de reacción del sector frente a normas que afectan el desarrollo y futuro de la salmonicultura, y que ponían en riesgo las fuentes laborales y la economía local. Siempre ha sido una ley determinada la que gatilla el problema, para luego dar paso, a la discusión si es necesaria una reforma o una nueva ley.
Bajo esa dinámica y como noticia en desarrollo, la recopilación de insumos para una futura Ley de Acuicultura a través de talleres y proceso online, que lleva adelante Subpesca con el apoyo de la Universidad Austral para el informe final, es necesario que, más allá de las críticas de metodologías o tibias confianzas entre los sectores, se conozca la voluntad real de los actores involucrados para levantar una norma, tan amplia que podría contener elementos que impacten a la salmonicultura.
Por el momento, más especulación que realidad, de un proyecto de ley que el Gobierno anunció en noviembre del 2023 a través del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas.
Con el proceso en marcha, la atención se ha centrado en las críticas, más que en contenidos que deba o no tener la norma legal. Quizás navegar sobre la base de los análisis y diagnóstico dificulta llegar a una discusión de fondo. Por ahora, más allá de las voluntades declaradas en cuanto a la participación, mientras no exista un documento oficial, probablemente no se conocerán claramente las posturas de los sectores involucrados, sobre si es mejor una nueva ley o quizás modificar la que existe.
Miradas de referentes del sector
Para sacar conclusiones y ver el pulso de los acontecimientos, algunas señales se pueden desprender de las declaraciones de distintas personalidades del sector, como la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, quien destacó la necesidad de una ley moderna y adaptada a los desafíos actuales de la industria acuícola, que opera a nivel global con altos estándares tecnológicos y comerciales. Afirmó que es “urgente trabajar en conjunto para diseñar la nueva Ley de Acuicultura, en colaboración con el Gobierno, y que están esperando que el Ejecutivo presente el proyecto”.
En esa misma línea, Carlos Odebret, presidente de los salmonicultores de Magallanes, planteó sobre el proceso que “en los talleres también se ha visto mucha desconfianza. Lo que se ha planteado, en esta expectativa del largo plazo, es si el Gobierno es un aliado o no; esa diría yo que es la gran pregunta o lo que se plantea”. Sin embargo, resalta: “Yo diría que el Gobierno ha hecho algo muy potente; es la primera vez que estamos discutiendo sobre una futura Ley de Acuicultura, eso es muy positivo, se ha pedido por muchos años”.
Desde el mundo sindical, que ha participado del proceso, la mirada es más crítica, según arguye Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores de la Salmonicultura y Ramas Afines. “Nuestro balance no es positivo en absoluto; creemos que, si bien el formato inicial ha ido mutando, mejorando en algunos aspectos, aún consideramos que no es el óptimo. Creemos que no se puede lograr una ley ni aplicar criterio cuando se hace por medio de un conversatorio, acá deben existir metodologías, donde participen los actores específicos y más representativos de los territorios que puedan entregar buenas propuestas para una nueva ley», expresó.
En tanto, el presidente de Camanchaca, Jorge Fernández García, sobre la discusión de la Ley de Acuicultura, indicó que “se trata de replantear todo el modelo acuícola, cuando ya existe un modelo que opera bastante bien. Lo que requiere, para mi gusto, son perfeccionamientos al actual modelo que tenemos, y eso es en base a un buen entendimiento entre el Estado y las empresas».
Participación en marcha
Ojalá bajo esta declaración de voluntades, con matices, se pueda avanzar y no esperar al levantamiento de un conflicto para reaccionar y recién ahí instalar los temas relevantes que mueven la industria de la salmonicultura. La necesidad de transparentar posturas de uno y otro lado solo ayudará a allanar el terreno para su posterior debate.
Por lo pronto, la puerta está abierta y, más allá de las discusiones que puedan venir, ya sea en encuentros sectoriales o en una futura legislatura, es necesario que las ideas de todos se plasmen entre los insumos que hoy se recopilan a través de la plataforma digital de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Quizás es una puerta que todos deben cruzar para ser parte de manera legítima del proceso o solo esperar que, en un horizonte muy lejano, se abra el debate y reaccionar frente a una propuesta, que además estará alimentada por un período electoral. Participar ahora no es una renuncia, es una oportunidad; después vendrán los análisis sobre los efectos de una norma que puede incidir en el devenir de la salmonicultura.
Aún hay tiempo para ser parte del proceso que se cierra el 4 de enero de 2025. Ya vendrá el tiempo de los debates más finos; lo importante es llegar a esa definición con la mejor batería de ideas de este proceso denominado como prelegislativo, que debería recién iniciarse de verdad una vez que el Gobierno presente el proyecto al Congreso, día que no tiene año, mes, fecha ni hora.
