En el debate legislativo sobre la controvertida Ley de Fraccionamiento Pesquero, ha salido a la luz un hecho preocupante: la utilización de desactualizados por parte de Subpesca durante la discusión. Este no es un incidente aislado. Hace pocas semanas, una situación similar involucró a la Dirección de Presupuestos, también en el marco de una discusión clave para el país.
Errores que debilitan la ley
Estas equivocaciones —que afectan el corazón técnico de las políticas públicas— no pueden tomarse a la ligera. Cuando el Estado presenta cifras equivocadas o inconsistentes, se erosiona la confianza en los procesos legislativos y en la solidez técnica con la que deberían discutirse normas que afectan a sectores productivos enteros.
La Ley de Fraccionamiento no solo tiene consecuencias en la forma en que se reparte la actividad pesquera; sus efectos se proyectan en la inversión, la producción, el empleo y, en última instancia, en la seguridad jurídica que requieren los actores económicos para operar. Cuando la información entregada por las autoridades carece de rigor o precisión, el debate parlamentario pierde profundidad, y se genera una legítima sospecha sobre los fundamentos reales detrás de determinadas decisiones.
Esto no solo afecta al sector pesquero. Otras áreas estratégicas, como la salmonicultura —que también enfrentará reformas normativas relevantes— observan con atención estas señales. Si el patrón se repite, se instala la duda: ¿con qué certeza se legislará mañana? ¿Qué garantías tendrán los inversionistas, trabajadores y comunidades de que las decisiones estarán basadas en evidencia robusta?
Rigor técnico, deber democrático
La transparencia y la precisión técnica no son lujos; son requisitos esenciales en cualquier democracia que aspira a generar reglas estables y predecibles. Las autoridades tienen el deber de asegurar que la información que entregan al Congreso y a la ciudadanía sea confiable, y de asumir con responsabilidad las consecuencias cuando no lo es.
Estos errores no pueden normalizarse. Más allá de las disculpas o aclaraciones posteriores, es necesario establecer mecanismos claros para prevenir la repetición de estas fallas. Solo así se podrá restituir la confianza en los procesos que dan forma a nuestras leyes.
Más allá de solicitudes de renuncias de ministros o subsecretarios, y de la trama política que traerá, episodios como estos no pueden ocurrir, pues solo erosionan las confianzas, en un ámbito donde debe existir, precisión y claridad.
