A tres años de haber establecido una prohibición total a la salmonicultura, la provincia de Tierra del Fuego dio un giro significativo en su política acuícola. La Legislatura aprobó, por una estrecha diferencia de ocho votos a favor y siete en contra, la denominada Ley de Acuicultura Sostenible, que modifica la Ley Provincial N°1355 y flexibiliza las restricciones que regían desde 2021 para el cultivo de salmónidos en aguas fueguinas, así lo detalla el medio Infobae.
Tierra del Fuego flexibiliza veto a la acuicultura
La iniciativa, respaldada por el gobernador Gustavo Melella, mantiene la prohibición absoluta de cultivos de salmón y trucha en áreas consideradas ambientalmente sensibles, como el canal Beagle, el Lago Fagnano y la Laguna Esmeralda. Sin embargo, habilita la posibilidad de desarrollar proyectos acuícolas en otros cuerpos de agua, tanto marítimos como continentales, siempre bajo un marco regulatorio más estricto y con mayores exigencias ambientales.
Desde el Ejecutivo provincial, Melella calificó la reforma como “un momento importante para el futuro productivo de Tierra del Fuego”, asegurando que la acuicultura pasa a ser una actividad estratégica para diversificar la matriz económica, generar empleo y atraer inversiones privadas. El mandatario sostuvo que la nueva normativa actualiza las reglas del sector, incorpora estándares ambientales internacionales, promueve la investigación científica y fomenta el consumo local de productos de alta calidad, reduciendo además la dependencia de las importaciones de salmón provenientes de Chile.
Entre los ejes centrales de la ley se encuentra la obligatoriedad de que todo proyecto cuente con una Evaluación Ambiental Estratégica, además de estudios de impacto ambiental específicos. La norma también habilita el uso de tecnologías de menor impacto, como los Sistemas de Recirculación de Agua (RAS), y establece un uso consultivo del recurso hídrico, en línea con la Ley Provincial de Aguas. Asimismo, se crea el Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola de Tierra del Fuego, que funcionará dentro de la Secretaría de Pesca y Acuicultura, con el objetivo de impulsar la investigación, la innovación y la mejora productiva del sector.
Se reabre la polémica
Pese a estos resguardos, la aprobación de la ley generó un fuerte rechazo en sectores políticos y ambientalistas. Legisladores opositores advirtieron que la norma podría ser judicializada, cuestionando su constitucionalidad y el proceso legislativo que permitió su sanción. Desde la oposición se alertó sobre el riesgo de habilitar “salmoneras al estilo chileno” y se sostuvo que el debate no se limita a una actividad productiva, sino que define el modelo de desarrollo que la provincia quiere adoptar a largo plazo.
En la misma línea, representantes del Partido Verde y otros bloques críticos subrayaron que el impacto ambiental no reconoce límites administrativos, advirtiendo que la habilitación de nuevas zonas podría afectar ecosistemas frágiles y poner en riesgo actividades como el turismo, que emplea a más de 16 mil personas y constituye una de las principales fuentes de ingresos de la provincia.
La reforma expuso, además, tensiones dentro del propio oficialismo y reabrió una discusión de fondo sobre la explotación de los recursos naturales en Tierra del Fuego. El debate se da en un contexto político más amplio, donde distintos gobiernos provinciales analizan flexibilizar normativas ambientales para promover inversiones, generando un delicado equilibrio entre crecimiento económico, protección ambiental y aceptación social.
