Ley Lafkenche en tensión: comunidades reactivan ofensiva judicial y reabren la incertidumbre en el borde costero

Pese al pronunciamiento unánime de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén, la controversia en torno a la aplicación de la Ley Lafkenche volvió a escalar. Tras el rechazo del pasado 9 de diciembre a la solicitud de un Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (ECMPO) que abarcaba más de 620 mil hectáreas, la comunidad indígena Pu Wapi decidió retomar la vía judicial para impugnar la decisión y exigir un nuevo pronunciamiento de la autoridad regional. Pu Wapi cuestiona rechazo y acusa incumplimiento del fallo La comunidad Pu Wapi, integrada por 27 miembros que representan a 23 familias, había solicitado originalmente el ECMPO Cisnes por 227.272 hectáreas. Sin embargo, previo a la votación final presentó una propuesta formal para delimitar el área, reduciendo en un 53% la superficie requerida. Dicha alternativa, según acusan, no fue evaluada por la comisión regional. El conflicto y sus alcances fueron abordados en un reportaje publicado por diario El Mercurio, donde se detallan los fundamentos del nuevo recurso ingresado ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique y las implicancias que este proceso tiene para el desarrollo productivo y la gobernanza del borde costero. En el escrito judicial, la comunidad —representada por el abogado Felipe Guerra— cuestionó al Gobierno Regional de Aysén por haber presentado ante el tribunal solo una breve acta de la sesión que rechazó el ECMPO. A juicio de los recurrentes, el documento “no sustituye el acto administrativo terminal”, ya que no consigna las intervenciones de los integrantes de la comisión, por lo que solicitaron tener por incumplida la sentencia definitiva de la Corte Suprema. Asimismo, Pu Wapi acusó que la CRUBC se negó a evaluar tanto la reducción de hectáreas propuesta como la posibilidad de generar nuevas instancias de diálogo. Según la comunidad, la comisión habría interpretado erróneamente el fallo del máximo tribunal, que no ordenó rechazar la solicitud, sino realizar un esfuerzo real de ponderación y compatibilización entre los usos consuetudinarios indígenas y otras actividades presentes en el territorio. Industria salmonera defiende rechazo y advierte dilaciones Desde el sector salmonicultor, la reacción fue inmediata. La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, sostuvo que el Gobierno Regional “dio estricto cumplimiento” a lo ordenado por la Corte Suprema al retrotraer el procedimiento y emitir un nuevo pronunciamiento. A su juicio, resulta esperable que quienes no estén conformes con un rechazo transversal busquen objetar la decisión. En la misma línea, Tomás Monge, gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, advirtió que nuevas acciones judiciales solo prolongan un proceso que ya se extiende por casi ocho años, implicando mayores costos y dilaciones. “Es una clara señal de que los solicitantes no quieren acatar lo resuelto por una amplia mayoría”, afirmó. La controversia no se limita a la Región de Aysén. En Los Lagos, la reciente aprobación por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) del plan de administración del ECMPO Mañihueico Huinay generó inquietud en la industria, luego de que el sector salmonicultor quedara excluido de dicho instrumento, pese a años de tramitación y participación en instancias de diálogo. Exclusión salmonera eleva la incertidumbre jurídica El abogado Patricio Flores, fundador de la Consultora Borde Costero, advirtió que esta exclusión puede tener efectos graves, como la denegación de concesiones marítimas y acuícolas, dificultades para modificar proyectos técnicos vigentes y obstáculos para nuevas inversiones, afectando directamente la planificación productiva y la continuidad operacional. Desde SalmonChile calificaron la situación como una “muy mala señal”, acusando una pérdida de confianzas y un precedente complejo para futuras solicitudes bajo la Ley Lafkenche. A juicio del gremio, la omisión de la salmonicultura en el plan de administración no solo genera incertidumbre jurídica, sino que también tensiona la legitimidad institucional de la normativa, al contradecir principios de transparencia, equidad y buena fe en la gestión del borde costero.