Un proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados propone modificar la Ley N° 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), con el objetivo de impedir la declaración de nuevos sitios prioritarios mientras no se encuentre vigente el reglamento que debe regular dicho procedimiento.
La moción, presentada el pasado 9 de diciembre por el diputado Benjamín Moreno, busca asegurar que estas decisiones se adopten bajo criterios técnicos claros, previamente establecidos y con participación efectiva de las comunidades científicas, locales e indígenas, tal como lo exige la propia legislación.
Reglamentos pendientes y vacíos normativos
El proyecto apunta directamente a la ausencia del reglamento contemplado en el artículo 29 de la Ley SBAP, el cual debe definir el procedimiento y los criterios para la declaración de sitios prioritarios. Mientras ese instrumento no esté publicado, la iniciativa propone prohibir expresamente la creación de nuevas áreas bajo esta categoría.
Para ello, se plantea incorporar un nuevo inciso tercero al artículo octavo transitorio de la ley, estableciendo la suspensión de estas declaraciones hasta que exista un marco normativo completo y operativo.
Cuestionamientos al proceso actual
En sus fundamentos, la moción advierte que el Ministerio del Medio Ambiente ha iniciado procesos de consulta pública para definir nuevos sitios prioritarios sin contar aún con los criterios reglamentarios exigidos por la ley. Esto, según el texto, genera un escenario de incertidumbre, especialmente porque se estarían recalificando territorios definidos bajo normativas anteriores, ahora sujetos a estándares distintos.
El proyecto cuestiona la falta de criterios homogéneos, verificables y con respaldo reglamentario, señalando que las bases metodológicas actuales serían incompletas y carentes de valor normativo formal.
Impacto en inversión y actividades productivas
Otro de los ejes de la iniciativa es la preocupación por la creciente discrecionalidad administrativa derivada de la ausencia de reglamentación. Según el autor del proyecto, esta situación podría afectar la seguridad jurídica de las inversiones, en particular en sectores como la pequeña y mediana minería del norte del país.
Asimismo, se pone en duda la legalidad y transparencia de los procesos de participación ciudadana desarrollados sin reglas claras ni parámetros previamente establecidos, lo que podría debilitar la confianza en la institucionalidad ambiental.
Tramitación legislativa
El proyecto de ley se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional y fue remitido a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputadas y Diputados para su estudio e informe.
