Un nuevo capítulo judicial se suma al extenso conflicto por la aplicación de la Ley N° 20.249, conocida como Ley Lafkenche, en la Región de Aysén. La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la comunidad indígena Pu Wapi, que buscaba impugnar el rechazo a su solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO).
Según informó el diario El Mercurio, la acción apuntaba a dejar sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que previamente había rechazado la petición de la comunidad para declarar incumplida la sentencia que ordenaba retrotraer la votación ante la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén.
Revés judicial tras nueva votación
El conflicto se remonta a noviembre del año pasado, cuando la Corte Suprema ordenó repetir la votación de la CRUBC respecto de las solicitudes de ECMPO Cisnes e Islas Huichas, presentadas por las comunidades Pu Wapi y Antünen Rain.
El 9 de diciembre, la comisión volvió a votar y rechazó de manera unánime ambas solicitudes. En el caso de ECMPO Cisnes, la petición abarcaba 227.272 hectáreas, dentro de un total que superaba las 620 mil hectáreas de territorio marítimo reclamado.
Posteriormente, Pu Wapi ingresó un escrito argumentando que la CRUBC no habría cumplido el plazo legal de un mes para pronunciarse, lo que —a su juicio— debía generar un “pronunciamiento favorable” por silencio administrativo positivo. Sin embargo, tanto la Corte de Apelaciones de Coyhaique como la Tercera Sala de la Suprema rechazaron esa interpretación.
Comunidad anuncia nueva ofensiva legal
Pese al revés, los abogados de Pu Wapi, Felipe Guerra y Gonzalo Sánchez, aseguraron que continuarán ejerciendo las acciones legales que contempla el ordenamiento jurídico.
En declaraciones al medio, sostuvieron que la votación estuvo “viciada tanto en la forma como en el fondo”, acusando que se reiteraron fundamentos previamente anulados y que la resolución se dictó fuera de plazo, lo que —según argumentan— genera efectos jurídicos que deben respetarse conforme al texto de la ley.
Afirmaron además que el objetivo no es dilatar el proceso, sino hacer valer las garantías y derechos reconocidos tanto en la legislación nacional como en estándares internacionales de derechos humanos aplicables a pueblos indígenas.
Industria acusa incertidumbre y judicialización
Desde el sector acuícola, en tanto, advierten que el proceso sigue abierto mientras existan acciones pendientes ante tribunales o recursos administrativos ante la propia CRUBC.
El gerente general de SalmonChile, José Tomás Monge, afirmó que estas nuevas acciones constituyen “un nuevo golpe a las certezas en la Región de Aysén”, acusando que se intenta revertir decisiones rechazadas en reiteradas oportunidades y que los procesos acumulan hasta 12 años de tramitación.
Por su parte, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, advirtió sobre una “tendencia a la judicialización permanente” que mantiene amplias zonas del borde costero en incertidumbre por años. A su juicio, el problema radica también en un marco regulatorio complejo, con vacíos que permiten que los procesos se extiendan indefinidamente.
Analistas coinciden en que, mientras no exista una resolución judicial definitiva o se agoten todas las instancias administrativas, el conflicto seguirá abierto e incluso podría reactivarse mediante nuevas solicitudes sobre la misma zona.
