Un nuevo capítulo se abrió esta semana en el conflicto por la aplicación de la Ley Lafkenche en la Región de Aysén, luego de que comunidades indígenas solicitaran revertir el rechazo a dos solicitudes de Espacios Costeros Marítimos de los Pueblos Originarios (ECMPO), que en conjunto abarcan cerca de 621 mil hectáreas de territorio marítimo.
Las comunidades Antunen Rain y Pu Wapi interpusieron un recurso de reclamación contra la resolución de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), que en diciembre de 2025 rechazó por unanimidad las solicitudes denominadas Islas Huichas y Cisnes. En la acción, los grupos piden dejar sin efecto la decisión y emitir un nuevo pronunciamiento que apruebe total o parcialmente los espacios requeridos.
De acuerdo con información publicada por el medio Ex-Ante, la Comisión deberá votar el próximo 2 de marzo la admisibilidad del recurso, paso clave para definir si la reclamación avanza en su tramitación administrativa o se cierra esta instancia.
Reclamación por presuntos incumplimientos
En los documentos presentados, las comunidades argumentan que en la votación de diciembre de 2025 existió incumplimiento de lo ordenado previamente por la Corte Suprema, que había instruido repetir el proceso con mayor fundamentación tras un rechazo anterior.
Según el escrito, los integrantes de la CRUBC habrían reiterado argumentos que el máximo tribunal consideró improcedentes y no habrían permitido reducir la extensión solicitada, bajo la interpretación de que el fallo impedía incorporar nuevos antecedentes.
Además, acusaron vicios en la tramitación, calificando de “ilegal” que la Comisión sesionara antes de que lo solicitara formalmente la Subsecretaría de Pesca.
Eventual judicialización del proceso
Rodrigo Pinto, director corporativo del Consejo del Salmón, advirtió que, si la reclamación es nuevamente rechazada, las comunidades recurrirán otra vez a la Corte de Apelaciones de Coyhaique y posteriormente a la Corte Suprema, con el objetivo de retrotraer la tramitación a la etapa de votación.
Las solicitudes ya habían sido rechazadas en febrero de 2024, pero un fallo del máximo tribunal ordenó repetir la votación, exigiendo mayor fundamentación por parte de los consejeros regionales.
Desde el sector salmonicultor cuestionaron la nueva acción. Tomás Monge, gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, sostuvo que se trata de una estrategia dilatoria. Afirmó que, al haber perdido en distintas instancias, las comunidades estarían agotando recursos administrativos y judiciales, incluso proyectando eventuales presentaciones ante tribunales internacionales.
Dimensión territorial en disputa
Pinto añadió que ambos ECMPO se han transformado en un caso emblemático respecto de las falencias que —a su juicio— presenta la implementación de la Ley Lafkenche. Indicó que las comunidades solicitantes suman menos de 50 personas y, sin embargo, reclaman más de 600 mil hectáreas de borde costero, una superficie que comparó con el equivalente a 40 islas Rapa Nui. También señaló que las organizaciones serían asesoradas por ONG ambientalistas, cuya motivación —según planteó— estaría orientada a excluir actividades productivas del borde costero austral.
El ECMPO de Cisnes fue ingresado en 2016, mientras que la solicitud de Islas Huichas data de 2017, acumulando cerca de una década de tramitación administrativa y judicial sin resolución definitiva.
