Un reciente estudio liderado por la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, pone bajo la lupa una de las fronteras más complejas de las políticas públicas actuales: la gestión de los espacios costeros por parte de los pueblos originarios.
El artículo, titulado «Desafíos para la implementación de políticas públicas indígenas: el caso de los espacios marinos costeros de los pueblos indígenas en Chile», fue publicado recientemente en la prestigiosa revista Policy Studies. Esta publicación destaca no solo por su rigor académico, sino por estar indexada en el primer cuartil (Q1) de Web of Science (WoS), lo que posiciona esta investigación en la vanguardia del análisis de políticas a nivel global.
El nudo crítico: De la ley a la realidad
La investigación se centra en la implementación de la política que creó los Espacios Marinos Costeros para los Pueblos Indígenas (ECMPO). Si bien esta normativa nació como un avance histórico para reconocer los usos consuetudinarios y la gestión ancestral del mar, la Dra. Figueroa Huencho revela que el camino desde el papel hasta la gobernanza efectiva está lleno de obstáculos.
El estudio identifica que, aunque las comunidades fueron protagonistas en la creación de la ley, su ejecución ha gatillado tensiones profundas entre:
Instituciones Estatales: Burocracias que a menudo chocan con los tiempos y formas indígenas.
Regulaciones Sectoriales: Intereses industriales y extractivos que compiten por el mismo espacio geográfico.
Cosmovisiones: La dificultad de integrar la visión y los derechos de los pueblos indígenas del territorio en un marco normativo rígido.
“El principal nudo crítico no son los ECMPO. Hay que recordar que esta ley nació de manera participativa y contó con un apoyo político transversal. Sin embargo, el Estado no ha avanzado hacia una transferencia real y efectiva de poder. Se reconoce el derecho simbólicamente, pero no se crean las condiciones materiales, institucionales ni políticas para ejercer la administración de estos espacios, especialmente considerando que Chile ha ratificado Tratados internacionales que amparan a los pueblos indígenas. Más bien, el Estado sigue operando de manera centralizada y homogénea, limitando la cogobernanza efectiva del territorio, por lo que las comunidades han debido enfrentar la presión permanente de otros actores, como las empresas salmoneras. En definitiva, es una responsabilización sin poder efectivo”, detalló la académica.
Voces desde el territorio
Para comprender estas dinámicas, la investigación utilizó una metodología cualitativa que dio voz directa a los protagonistas. A través de tres grupos focales, se recogieron los testimonios de 28 líderes y lideresas indígenas que representan a los 16 ECMPO del país.
«Los resultados ponen de manifiesto cómo los procesos de implementación exponen asimetrías persistentes entre las comunidades indígenas y otros actores, lo que supone un desafío para el desarrollo de una verdadera gobernanza intercultural», señala el artículo.
Un marco para el futuro
Más allá del diagnóstico, el trabajo de la académica propone un marco analítico innovador. Este modelo permite examinar la implementación no como un proceso técnico lineal, sino como un fenómeno vivo donde interactúan actores, valores, intereses y circunstancias específicas.
Este aporte resulta fundamental para el diseño de futuras políticas públicas, sugiriendo que, sin un reconocimiento real de las asimetrías de poder, la justicia territorial seguirá siendo una tarea pendiente para el Estado-nación.
