El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, Agustín Romero, confirmó que impulsará que la próxima semana —tras el receso distrital— la instancia vote en general y dé inicio a la discusión en particular de la denominada Ley de Reconstrucción, iniciativa clave del Ejecutivo que busca agrupar diversas medidas económicas y regulatorias.
Cabe recordar que distintos sectores productivos del país, como la salmonicultura, también siguen con atención el desarrollo político – legislativo de la iniciativa del Ejecutivo que por su naturaleza «miscelánea», provocará efectos en distintas áreas de desarrollo del país
Entre celeridad y freno
Romero calificó como una “obligación” el avanzar con celeridad, aunque admitió “lamentar” que la fórmula de tramitación —que incorpora el paso por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, junto con la urgencia del Gobierno— lo deja “sin margen” para dilatar el proceso. Pese a ello, el parlamentario se alinea con la hoja de ruta del Ejecutivo.
Este itinerario, que ha sido resistido por sectores de oposición, permitiría iniciar la votación en particular durante la segunda semana de mayo. El calendario es exigente: desde el Ministerio de Hacienda han manifestado su intención de despachar completamente el proyecto desde la Cámara antes de que finalice el mes.
En este contexto, la oposición evalúa distintas herramientas reglamentarias para ralentizar el avance del proyecto. Entre ellas, la solicitud de audiencias, la conformación de mesas técnicas y la petición de votaciones separadas por artículos. El diputado Carlos Bianchi advirtió que el plazo autoimpuesto por el Gobierno será “difícil de cumplir” y acusó una actitud de “imposición” en lugar de “colegislar”.
Ambiente legislativo: Entre perfeccionamiento, críticas y matices
Desde Chile Vamos, en tanto, existe disposición a respaldar la iniciativa, aunque con matices. Dirigentes de Renovación Nacional y la UDI coinciden en que el proyecto aún puede perfeccionarse, especialmente en lo relativo a beneficios para la clase media y en la forma en que se comunican sus alcances. En esa línea, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, anticipó que el texto sufrirá modificaciones tanto en la Cámara como en el Senado.
Uno de los elementos que sobrevuela la discusión es la eventual intervención del Tribunal Constitucional. Equipos jurídicos de distintos sectores —desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana— analizan cerca de una decena de disposiciones que podrían entrar en conflicto con la Carta Fundamental.
Entre las principales observaciones figura la política de contribuciones, cuestionada por posibles efectos en la equidad territorial. Sin embargo, desde el Gobierno descartan reparos de fondo y aseguran que la redacción del proyecto evita riesgos de inconstitucionalidad.
En paralelo, algunos parlamentarios oficialistas y de oposición han relativizado la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, señalando que no todos los argumentos tendrían viabilidad jurídica. Incluso, no se descarta que finalmente solo un conjunto acotado de normas sea impugnado, o que derechamente no se concrete la acción.
Mientras continúan las conversaciones políticas, el avance de la Ley de Reconstrucción se proyecta como uno de los debates legislativos más intensos de las próximas semanas, marcado por la tensión entre urgencia, contenido y control constitucional.
