En el marco de la investigación iniciada por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), proceso en el cual SalmonChile y el Consejo del Salmón expusieron la relevancia estratégica del salmón nacional. La participación de la Fundación Libera presentó la contraparte del debate y argumentos presentados por los gremios salmoneros de Chile. Durante la jornada, la presidenta de la ONG, Carolina Rudnick, utilizó los dos bloques de exposición otorgados por el comité para actuar en representación de Juan Carlos Cárdenas, director de la ONG Ecoceanos, antes de presentar la postura de su propia institución.
Argumentos presentados ante la USTR
En la primera intervención, a nombre de Ecoceanos, Rudnick centró la argumentación en la seguridad laboral y la fiscalización en los centros de cultivo del sur de Chile, señalando que la falta de un marco penal autónomo para el trabajo forzado en el país perpetúa situaciones de vulnerabilidad en la industria.
Siguiendo esta línea, Rudnick, detalló que, «basándonos en nuestras propias investigaciones, junto con la evidencia recolectada por la Fundación Libera y entrevistas con trabajadores y sindicatos, hemos identificado evidencia correspondiente a los 11 indicadores de trabajo forzoso de la OIT en la industria salmonera chilena», afirmó Rudnick durante su lectura ante la USTR, según consta en las transcripciones oficiales del proceso.
En la misma exposición, la representante de las ONG entregó datos de mortalidad de trabajadores y embarcaciones acumulados durante la última década, enfatizando la actividad de buceo y el transporte acuícola, señalando que, «la evidencia más clara es el trágico historial de seguridad de la industria» señalando a los accidentes de trabajadores de la industria. Rudnick también señaló que, «También documentamos al menos 14 embarcaciones de transporte que se hundieron durante este período», sostuvo ante el USTR.
El reglamento de la Ley de Buzos en la mira
Otro punto que señalaron ante Washington, fue el estado de implementación de e la legislación sobre el buceo en la salmonicultura. Aunque la nueva Ley de Buzos entró en vigor el 1 de julio de 2026, la representante de Ecoceanos enfatizó que la definición de las garantías operativas y de seguridad quedó encomendada a un reglamento de rango administrativo por parte del Ministerio del Trabajo que aún no ha sido promulgado.
En este marco, señaló que, «no se requiere ninguna reforma legislativa, pero no tenemos esa reglamentación. Lo que falta es en realidad voluntad política».
Modelo de competencia
Al cambiar al turno de la Fundación Libera, Rudnick abordó el argumento central levantado por los gremios salmoneros chilenos (SalmonChile y Consejo del Salmón), los cuales han sostenido ante las autoridades estadounidenses que el salmón chileno no compite con la producción local norteamericana, al tratarse mayoritariamente de captura silvestre en Alaska.
Sobre este punto, la ONG planteó una interpretación distinta a los argumentos presentados por los gremios salmoneros, mencionando que, «representantes de la industria han argumentado que los aranceles no están justificados porque no existe una producción nacional estadounidense en competencia. Creemos que ese argumento malinterpreta el propósito de la Sección 301, que existe para garantizar que el comercio internacional no recompense bienes cuya ventaja competitiva se deriva en su totalidad o en parte del trabajo forzoso», expuso Rudnick ante el comité.
«Si el salmón chileno ha capturado casi la mitad del mercado de salmón del Atlántico de EE. UU. beneficiándose de costos laborales artificialmente suprimidos como resultado de la explotación, entonces el mercado no está operando en condiciones de competencia leal», agregó.
El propósito de las ONG
Tras concluir las rondas de exposición frente al USTR, la Fundación Libera publicó un video en sus redes sociales donde mencionan que su objetivo no es obstaculizar ni imponer un castigo a la industria salmonera de Chile, sino utilizar esta vía para acelerar cambios legislativos señalando que, «planteamos la necesidad de que más que aplicar aranceles, Estados Unidos pueda implementar un programa de metas graduales donde Chile pueda probar que criminaliza el trabajo forzado, que fortalece la legislación sectorial, particularmente en la salmonicultura y en la agricultura, donde se fortalezca la fiscalización laboral y que en base justamente al cumplimiento de esos hitos se puedan en definitiva eliminar posibles aranceles», explicaron desde las redes oficiales de la Fundación Libera.
«Pareciera ser que la historia se repite y justamente va a ser la presión internacional la que termine exigiendo y logrando presionar para que Chile mejore su legislación», agregaron.
Período de refutaciones y decisión de la USTR
Con la finalización de las audiencias públicas del 7 de julio de 2026, el procedimiento contemplado por la USTR entra en una fase decisiva. Se ha abierto un período formal para que las partes involucradas (incluyendo a gremios, la Cancillería chilena, la SUBREI y ONG) ingresen sus argumentos finales, antecedentes, o minutas de refutación respecto a lo expuesto en las audiencias.
Una vez cerrado este plazo, el Comité del USTR evaluará los antecedentes escritos y los testimonios orales para emitir su resolución definitiva. Las opciones contempladas van desde aplicar el arancel propuesto del 12,5%, reducirlo, acoger la solicitud de los gremios para incorporar al salmón en el Anexo A de exenciones, o bien adoptar un esquema de compromisos graduales condicionado a avances normativos en Chile. Históricamente, las determinaciones finales de la USTR en investigaciones de esta naturaleza suelen publicarse en un plazo de 30 a 90 días tras el término de la fase de audiencias.
