Nueva Ley de Transferencia Tecnológica abre una nueva etapa para la innovación en la salmonicultura chilena

Chile dio un nuevo paso para fortalecer el vínculo entre investigación, innovación y actividad productiva con la publicación de la Ley N.º 21.838, que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento. La normativa, publicada en el Diario Oficial el 17 de septiembre de 2026, establece un marco regulatorio destinado a que la cadena que conecta investigación, ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento cuente con capacidades para transferir sus resultados a la sociedad y la industria. Para la industria salmonicultora, el alcance de esta legislación resulta especialmente relevante por la creciente necesidad de transformar investigación aplicada en herramientas concretas para abordar problemas productivos, sanitarios y ambientales. Aunque la ley no establece medidas específicas para la salmonicultura, su diseño incorpora mecanismos que pueden facilitar la interacción entre instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas, permitiendo que tecnologías y conocimientos desarrollados en el ámbito científico lleguen con mayor facilidad al sector productivo. Del laboratorio a la industria Uno de los principales objetivos de la nueva legislación es precisamente reducir la distancia entre la generación de conocimiento y su utilización. La ley define la transferencia de tecnología y conocimiento como el proceso mediante el cual tecnologías, conocimientos, capacidades, competencias, procedimientos o resultados derivados de la investigación científica y tecnológica llegan al mercado y a la sociedad. El texto establece que el Estado fomentará la protección y transferencia de tecnologías y conocimientos, con especial atención a proyectos financiados total o parcialmente con recursos públicos y que tengan objetivos sociales o de mercado. Este punto puede adquirir importancia para la acuicultura, considerando el volumen de investigación que se desarrolla en Chile en ámbitos relacionados con sanidad de peces, nutrición, genética, bienestar animal, monitoreo ambiental, oceanografía, tecnologías de cultivo y sostenibilidad. La normativa establece, además, que se fomentará la detección de iniciativas de investigación con potencial de aplicación en distintos sectores, preferentemente mediante gestores tecnológicos. También contempla estimular la transferencia de conocimiento generado tanto en el sector público como privado y promover mecanismos para transferir capacidades y tecnología. Más conexión entre universidades y empresas Otro elemento que podría tener impacto en el ecosistema de innovación acuícola es el impulso explícito a las relaciones entre institutos tecnológicos y de investigación públicos, instituciones de educación superior y empresas. El objetivo establecido por la ley es facilitar la incorporación de innovaciones tecnológicas, de diseño o de gestión que contribuyan a aumentar la productividad, competitividad y bienestar social. En la práctica, esto entrega un marco para una mayor articulación entre quienes desarrollan investigación y las empresas que necesitan convertir esos resultados en soluciones operativas. Para la salmonicultura, ese vínculo podría ser relevante en proyectos donde una investigación científica requiere posteriormente validación, escalamiento, desarrollo tecnológico o implementación comercial. La ley, sin embargo, no establece sectores productivos específicos ni garantiza que estos mecanismos sean utilizados por la industria salmonicultora. Un nuevo espacio para las empresas de base científico-tecnológica La normativa también permite que las instituciones de educación superior creen o participen en empresas de base científico-tecnológica (EBCT) desarrolladas a partir de resultados de investigación. Estas empresas podrán realizar actos de transferencia de tecnología y conocimiento, tanto a título oneroso como gratuito. Este mecanismo puede resultar particularmente significativo para una industria que demanda soluciones tecnológicas especializadas. Una investigación desarrollada en una universidad o centro científico, por ejemplo, podría eventualmente transformarse en una tecnología o servicio empresarial, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la legislación y las normas de las respectivas instituciones. La ley también contempla reglas para determinar la participación de las instituciones de educación superior en estas empresas y la distribución de regalías o dividendos obtenidos. Propiedad intelectual: un aspecto clave para la innovación acuícola Uno de los aspectos que las empresas salmonicultoras deberán seguir con atención es el tratamiento de los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos. Cuando de un proyecto científico o tecnológico financiado total o parcialmente con recursos públicos surjan productos, procedimientos, diseños, innovaciones tecnológicas u otros resultados susceptibles de protección mediante propiedad industrial o secreto comercial, la institución o persona que recibió los fondos podrá solicitar dicha protección. La ley establece, además, que si quien recibió los recursos no adopta medidas para proteger esos derechos ni comunica su intención de hacerlo, los resultados pasarán al dominio público y serán puestos a disposición mediante el Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica. Para la industria, esto introduce una dimensión estratégica: la relación con proyectos de investigación financiados con fondos públicos deberá considerar desde etapas tempranas aspectos relacionados con propiedad intelectual, protección tecnológica y condiciones de transferencia. Un repositorio nacional para conocer qué investigación se está desarrollando La nueva ley crea también un Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica, a cargo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Su finalidad será recolectar, clasificar, conservar, promover y difundir el conocimiento científico y tecnológico existente en Chile. El repositorio tendrá acceso público y gratuito e incorporará información sobre proyectos beneficiados con fondos públicos, publicaciones, conjuntos de datos y otros antecedentes científicos y tecnológicos. Para actores de la salmonicultura, este mecanismo podría facilitar la identificación de investigaciones y desarrollos tecnológicos con potencial de aplicación productiva. La ley establece, además, que quienes participen en investigaciones financiadas total o parcialmente con fondos públicos deberán depositar la versión final aceptada para publicación y los datos de investigación generados durante el proyecto en el repositorio institucional correspondiente o en el repositorio de ANID, sujeto a las reglas y excepciones que establezca el reglamento. Ciencia abierta y datos: otro cambio para el ecosistema de innovación La normativa también promueve la Ciencia Abierta, mediante el acceso abierto a publicaciones científicas, datos y códigos vinculados a la investigación. El Estado y las instituciones de educación superior deberán promover iniciativas destinadas a facilitar el acceso a los datos generados por la investigación y desarrollar infraestructuras y plataformas abiertas. Para una actividad productiva estrechamente vinculada con variables ambientales y biológicas, el acceso a conocimiento y datos científicos puede ser un componente relevante para desarrollar nuevas herramientas de monitoreo, análisis y toma de decisiones. No obstante, la propia ley contempla que los reglamentos deberán establecer condiciones de uso, incluyendo consideraciones relacionadas con la madurez tecnológica y la protección de derechos de propiedad intelectual e industrial. ¿Qué significa para la salmonicultura? La nueva legislación no crea un programa específico para el sector salmonicultor ni asigna recursos directamente a la acuicultura. Su importancia para la industria radica en que modifica el marco general mediante el cual el conocimiento científico puede convertirse en innovación productiva. Esto podría abrir espacios para una mayor colaboración entre empresas salmonicultoras, universidades, centros tecnológicos y emprendimientos científicos, especialmente en áreas donde la investigación requiere posteriormente validación industrial y desarrollo comercial. El propio texto legal establece que las instituciones de educación superior deberán promover la articulación entre investigación universitaria, necesidades sociales, culturales y sistema productivo, con atención a los desafíos sociales, ambientales y económicos de los territorios. También promueve estructuras de investigación y transferencia e intercambio de tecnología y conocimiento. Para una industria concentrada principalmente en territorios australes y cuya operación depende directamente de condiciones ambientales, biológicas y tecnológicas, esta articulación territorial puede adquirir especial relevancia. El desafío ahora será la implementación La ley entrará en vigencia el primer día del sexto mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial. Además, los reglamentos asociados a materias como transferencia tecnológica, repositorio nacional, transparencia en las EBCT y protección de resultados de investigación deberán dictarse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la normativa. Por ello, una parte importante del impacto de la nueva legislación todavía dependerá de cómo se implementen sus disposiciones. Para la salmonicultura, el punto central estará en determinar cuánto de la investigación que actualmente se genera en Chile logra avanzar desde el conocimiento científico hacia tecnologías, productos, servicios y procesos capaces de ser utilizados a escala industrial. Lea la resolución completa aquí