Pivotes propone siete reformas para destrabar la salmonicultura chilena

Un cambio estructural en las reglas que regulan la acuicultura chilena es el que propone Pivotes en su documento Reforma a la Acuicultura Chilena, elaborado por su director ejecutivo, José Antonio Valenzuela, y el analista de políticas públicas Joaquín Sierpe. La iniciativa plantea siete reformas orientadas a destrabar el desarrollo del sector, modernizar la regulación del borde costero y establecer condiciones que permitan compatibilizar el crecimiento productivo con la protección ambiental. El informe pone sobre la mesa una de las principales contradicciones que enfrenta actualmente la salmonicultura nacional: pese a su relevancia económica y a los avances registrados en materia sanitaria y ambiental, su expansión permanece prácticamente estancada por restricciones administrativas, legales y territoriales. Las cifras expuestas por Pivotes dimensionan el problema. Entre 2020 y 2024 se aprobaron solamente tres concesiones de salmónidos en Chile, frente a las 416 otorgadas entre 2000 y 2004. Asimismo, la producción salmonera creció apenas un promedio de 0,6% anual entre 2019 y 2024. En contraste, Noruega mantuvo un flujo regular de nuevas licencias y sumó más de 180 durante el mismo período analizado. Para Pivotes, esta diferencia no responde exclusivamente a las condiciones productivas o ambientales de ambos países, sino también a la arquitectura regulatoria chilena, caracterizada por restricciones al ingreso de nuevas solicitudes, extensos tiempos de tramitación y superposiciones entre instrumentos que regulan el uso del borde costero. Una industria estratégica con crecimiento limitado El documento parte destacando el peso económico y social de la acuicultura para Chile. Durante 2025, las exportaciones acuícolas alcanzaron aproximadamente US$6.840 millones, posicionando al sector como la principal actividad exportadora no minera del país. En particular, la salmonicultura representa el 16,4% del PIB de la Región de Los Lagos, el 29,5% del de Aysén y el 12,5% del de Magallanes. Su impacto también se refleja en el empleo. Según los antecedentes recopilados por Pivotes, la actividad genera 45.000 puestos de trabajo directos y otros 41.000 indirectos, totalizando 86.000 empleos en su cadena de valor. Esto equivale al 24% de los trabajadores formales de las regiones comprendidas entre Los Lagos y Magallanes. Sin embargo, el crecimiento de la actividad se encuentra condicionado por un sistema que, según el análisis, mantiene prácticamente cerrada la posibilidad de acceder a nuevas concesiones. Actualmente, de las 1.323 concesiones de salmónidos vigentes a 2026, solamente 17 han sido otorgadas desde 2017. El problema tampoco se limita a la salmonicultura. Pivotes advierte que las restricciones administrativas alcanzan al conjunto de la acuicultura, incluyendo el cultivo de choritos y algas. De hecho, desde abril de 2020, los mitilicultores de Chiloé tampoco pueden ingresar nuevas solicitudes de concesión. Siete reformas para destrabar la acuicultura La propuesta se estructura en dos grandes ejes: eliminar las barreras que impiden el desarrollo de nuevos proyectos y avanzar hacia una asignación más eficiente y ordenada del borde costero. Reabrir el ingreso de solicitudes de concesiones Pivotes plantea derogar las resoluciones administrativas que mantienen cerrada la recepción de nuevas solicitudes en Los Lagos, Aysén y Magallanes, reemplazándolas por un procedimiento reglado que establezca causales técnicas explícitas, plazos de revisión y publicación de los fundamentos de cada decisión. La iniciativa también considera modificar la Ley N° 20.434 para habilitar nuevas superficies en Los Lagos y Aysén, donde actualmente las concesiones de peces están restringidas a las Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura (A.A.A.) vigentes a 2010 y a los espacios liberados por renuncia o caducidad. Establecer plazos vinculantes y trazabilidad pública El informe advierte que la tramitación de una concesión demora en promedio 7,4 años, pese a que el plazo legal máximo es de tres. Para enfrentar esta situación, propone establecer plazos obligatorios por etapa, mecanismos de responsabilidad ante incumplimientos y una Comisión Técnica de Coordinación Acuícola (CTCA), encargada de centralizar el seguimiento de los procedimientos. Esta instancia también administraría un registro público, actualizado mensualmente, que permita conocer cuántas solicitudes permanecen paralizadas, las razones de cada retraso y el tiempo que llevan detenidas. Destrabar las concesiones y relocalizaciones pendientes Pivotes propone implementar un programa específico para resolver las 192 solicitudes de concesión ingresadas antes de las moratorias que continúan paralizadas, pese a que legalmente pueden tramitarse. También apunta a las 210 solicitudes de relocalización de centros salmoneros pendientes ante SUBPESCA, de las cuales, según el documento, solamente una ha sido aprobada desde 2010. El planteamiento distingue que destrabar estas operaciones no significa necesariamente aumentar la superficie concesionada, ya que las relocalizaciones pueden permitir trasladar instalaciones desde sectores ambientalmente deteriorados hacia emplazamientos con mejores condiciones. Modificar el mecanismo de suspensión de la Ley Lafkenche Uno de los puntos más relevantes de la propuesta aborda la Ley N° 20.249, conocida como Ley Lafkenche, y su incidencia en la tramitación de proyectos acuícolas. De acuerdo con Pivotes, actualmente existen 309 solicitudes de concesiones acuícolas paralizadas por superposición con solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). De ese total, 33 corresponden a concesiones salmoneras y mantienen congelada una inversión estimada en aproximadamente US$200 millones. El informe plantea que la suspensión de proyectos superpuestos opere solamente después de que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) emita un Informe de Uso Consuetudinario favorable, en lugar de activarse desde la presentación de la solicitud de ECMPO. Además, propone limitar la duración de esa suspensión a un máximo de un año y fortalecer las capacidades técnicas y presupuestarias de CONADI. La iniciativa busca mantener la protección de los usos consuetudinarios genuinos, pero evitar que solicitudes cuya fundamentación todavía no ha sido verificada paralicen proyectos durante años. Incorporar licitaciones para nuevas concesiones y actualizar la patente acuícola En materia de asignación de espacios marítimos, Pivotes propone establecer las licitaciones competitivas como mecanismo preferente para entregar nuevas concesiones destinadas al cultivo de peces exóticos. La adjudicación consideraría primero el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales y, posteriormente, utilizaría la calidad de la oferta económica como criterio decisivo. El documento plantea, además, elevar la patente acuícola salmonera desde las actuales 20 UTM a 40 UTM por hectárea y destinar el 100% de su recaudación a los Gobiernos Regionales, mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y a los municipios donde se desarrolla la actividad. Con ello, busca que una mayor proporción de los recursos generados por la industria permanezca en los territorios que reciben sus operaciones. Crear Áreas de Uso Preferente para la Acuicultura Otra de las transformaciones apunta a reemplazar el actual sistema de Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura por Áreas de Uso Preferente. La propuesta busca entregar mayor certeza territorial, estableciendo espacios delimitados donde la acuicultura tenga prioridad y no puedan constituirse posteriormente instrumentos incompatibles con esta actividad. Esto no significaría establecer un uso exclusivo del territorio, ya que podrían coexistir actividades compatibles como la navegación, el turismo y la pesca artesanal. El objetivo es anticipar los conflictos por el uso del borde costero mediante una planificación espacial que considere a los distintos actores antes de definir las áreas. Establecer límites de producción según la capacidad de carga ambiental El último eje propone modificar el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA), de manera que los límites productivos consideren la capacidad de carga de cada cuerpo de agua y no solamente parámetros evaluados a escala de centro o barrio. Como referencia, Pivotes plantea observar el modelo noruego de semáforo, que ajusta la capacidad productiva de acuerdo con indicadores ecológicos de las distintas zonas de cultivo. En ese sistema, las áreas clasificadas como verdes pueden aumentar su capacidad productiva en un 6% cada dos años, mientras que las zonas rojas deben reducirla en la misma proporción. La aplicación de un mecanismo de este tipo permitiría que los centros y zonas con holgura ambiental puedan incrementar su producción bajo límites medibles, mientras que aquellos sectores con mayores restricciones deban ajustar su actividad. El informe sostiene que Chile ya dispone de información científica que puede contribuir a implementar este modelo, incluyendo investigaciones y modelaciones oceanográficas financiadas por SUBPESCA a través del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). El desafío: compatibilizar crecimiento y sustentabilidad Más allá de las modificaciones administrativas y legales, Pivotes dedica parte de su análisis a la evolución del desempeño ambiental de la salmonicultura chilena. El documento sostiene que, después de la crisis del virus ISA de 2007-2009, la industria experimentó mejoras relevantes en sus indicadores productivos y ambientales. Uno de los ejemplos es la reducción de los escapes de peces, que pasaron de 3,25 ejemplares por tonelada producida en 2004 a 0,05 en 2023, alcanzando niveles comparables con Noruega. Asimismo, la mortalidad durante el cultivo se estabilizó en torno al 10% desde 2017, por debajo del 12% que, según los antecedentes presentados, mantiene Noruega desde 2010. También destaca el crecimiento de las certificaciones ASC: los centros salmoneros chilenos con este estándar pasaron de uno en 2014 a 252 en 2026. Para la organización, estos antecedentes demuestran que el desarrollo de la acuicultura puede avanzar junto con mayores exigencias ambientales y sanitarias, siempre que existan reglas claras y mecanismos de control basados en evidencia. Sin una nueva ley, pero con cambios regulatorios de fondo Un aspecto relevante de la iniciativa es que ninguna de las siete reformas requiere crear una nueva ley. Algunas pueden ejecutarse mediante decisiones administrativas, mientras que otras necesitan modificaciones a cuerpos legales vigentes o cambios reglamentarios. De hecho, Pivotes identifica dos medidas que pueden avanzar sin pasar por el Congreso: el alzamiento administrativo del cierre de solicitudes y el programa para destrabar concesiones y relocalizaciones pendientes. También plantea que los límites de producción según capacidad de carga pueden implementarse mediante una modificación reglamentaria. Las restantes iniciativas requieren cambios legales, participación de distintas instituciones y, en algunos casos, recursos adicionales para fortalecer las capacidades del Estado. Así, la propuesta instala una discusión que va más allá de aumentar la producción salmonera: apunta a modificar la manera en que Chile planifica, asigna y regula sus espacios marítimos, buscando entregar mayor certeza a las inversiones y establecer límites productivos vinculados a las condiciones ambientales de cada territorio. El planteamiento de Pivotes pone sobre la mesa una pregunta central para el futuro de la industria: ¿puede Chile recuperar su capacidad de crecimiento acuícola mediante reglas más predecibles, una mejor coordinación institucional y una planificación territorial que combine desarrollo productivo y sustentabilidad? La respuesta, según el documento, pasa por dejar atrás un sistema que mantiene paralizadas nuevas oportunidades de inversión y avanzar hacia una regulación que permita desarrollar el potencial acuícola del país bajo criterios técnicos y ambientales verificables. Lea el Informe con las propuestas de Pivotes aquí