El debate sobre la instalación de salmoneras en Tierra del Fuego, Argentina, que parecía saldado con una ley prohibitiva de 2021, volvió a escena con un nuevo proyecto de ley presentado en julio de este año, por el gobernador Gustavo Melella (Partido de la Concertación FORJA) que busca regular la actividad acuícola. La iniciativa encendió las alarmas de organizaciones ambientalistas.
La idea que reabre una discusión, no exento de polémica, pone a la salmonicultura en la órbita del país trasandino, generando dudas y expectativas.
Objetivos de levantar la salmonicultura
La iniciativa del Poder Ejecutivo provincial busca regular la actividad acuícola. Su artículo 3 prohíbe la producción de salmónidos únicamente en el Canal de Beagle. En la práctica, esto se traduce en una habilitación para el resto de la isla, tanto en mar como en tierra, así lo publica el portal Chequqeado – ADNSUR que es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI).
Esta habilitación debe leerse en conjunto con la Ley 1461, que en 2022 declaró a la Península Mitre (al sureste de la provincia) como área natural protegida, impidiendo allí actividades industriales. Por lo tanto, de aprobarse el proyecto oficialista, la zona de producción de salmones se concentraría en el mar del norte de la isla.
La experiencia chilena como espejo
Quienes defienden el proyecto se basan principalmente en el potencial económico y la generación de empleo, y a menudo mencionan el modelo chileno. Según un informe del Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal) y de la asociación gremial de productoras y distribuidoras SalmónChile, en 2024 el salmón fue el segundo producto más exportado del país trasandino, con más de un millón de toneladas de ventas al exterior.
Según consta en el Ministerio de Hacienda de Chile, la exportación de salmones en 2024 alcanzó los US$6.371 millones, correspondiente a 1.045.282 toneladas del pez entero.
Desde el gobierno fueguino, sin embargo, buscan diferenciarse. “En Chile tienen salmonicultura hace 50 años y se cometieron errores. No queremos empezar desde cero, sino que nuestro punto de inicio es a partir de todo lo que ya sabemos que no se debe hacer”, aseguró a ADNSUR -miembro de la Red Federal de Periodismo e Innovación- Diego Marzoni, subsecretario de Pesca y Agricultura provincial, quien defiende que el proyecto contempla “todas las salvaguardas ambientales necesarias”.
En este sentido, el oficialismo enmarca la discusión en la acuicultura en general, no solo en el salmón. Marzoni mencionó la producción de “trucha, erizo, mejillones, algas y centollas”. Proyectan que en los próximos 6 u 8 años se podrían producir 100 mil toneladas en el sector, de las cuales un máximo de 80 mil sería de salmón.
En cuanto al empleo, el funcionario estimó que la salmonicultura podría generar “entre 4 mil y 4.500 puestos de trabajo”. La inversión prevista es de entre US$ 350 y 400 millones.
Detractores
Las organizaciones ambientalistas cuestionan al Ejecutivo por promover una industria que fue restringida por unanimidad en 2021. Los principales problemas ambientales asociados a esta industria, según detalla un informe del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, se refieren al escape de salmónidos, lo que implica la introducción de especies exóticas desde las jaulas de cultivo al ambiente natural; el abuso de antibióticos, antiparasitarios y otras sustancias químicas; la introducción y propagación de enfermedades y de sus agentes causales y la acumulación de residuos sólidos y líquidos en el fondo marino.
Modelos de producción alternativos
El debate también gira en torno a la tecnología utilizada. El modelo tradicional, y el más cuestionado por su impacto ambiental, es el de jaulas en aguas abiertas (en el mar). El modelo alternativo es el Sistema de Recirculación Acuícola (RAS, por sus siglas en inglés), que cultiva peces en tanques cerrados en tierra.
Agustín Coto, legislador provincial de La Libertad Avanza, apoya el proyecto de Melella pero es un férreo defensor del sistema RAS. “Todos miran Noruega o Chile y nadie observa Dinamarca, que no produce en mar abierto. Por eso yo planteé el RAS, el sistema que va a sobrevivir en el tiempo”.
Se retoma el debate
El tema no es nuevo. Según Nancy Fernández, el impulso comenzó en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, con la firma de un convenio con Noruega. La entonces gobernadora Rosana Bertone (Partido Justicialista) impulsó estudios de factibilidad en el Canal de Beagle.
En 2019, al asumir, el actual gobernador Melella se posicionó en contra. En 2021, la Legislatura aprobó por unanimidad la Ley 1.355, que prohibió la producción de salmónidos a escala industrial en toda la provincia. La norma sólo habilitó una producción artesanal de truchas de hasta 50 toneladas anuales para consumo local.
El debate se reactivó en 2024, cuando el legislador Coto presentó un proyecto para modificar esa ley y eliminar el tope de 50 toneladas para la producción en tierra (RAS). Ahora, el gobierno de Melella va más allá con un proyecto que habilita la producción industrial también en el mar.
