Chile se ha consolidado como una potencia mundial en conservación marina, pero ese liderazgo también está redefiniendo el escenario para una de sus principales industrias exportadoras: la salmonicultura.
El nuevo informe Agenda de Relevancia para la Pesca Artesanal, Acuicultura y Desarrollo Costero 2026-2030, elaborado por el Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS), identifica una extensa agenda regulatoria, institucional y ambiental que marcará el desarrollo de las actividades acuícolas durante los próximos años.
Sin embargo, el reporte plantea que el desafío para la nueva administración del Presidente José Antonio Kast va mucho más allá de ejecutar su propio programa de gobierno. La principal tensión radica en que deberá avanzar simultáneamente en sus compromisos políticos y en la implementación de un importante conjunto de obligaciones legales heredadas de la administración anterior, lo que pondrá a prueba la capacidad de coordinación y ejecución del Estado.
Una agenda con una pesada carga institucional
Las cifras reflejan la magnitud del desafío. El Observatorio de Políticas Públicas de SECOS identifica 19 compromisos programáticos definidos por el actual Ejecutivo, pero también 36 obligaciones legales derivadas de nueve leyes aprobadas entre 2020 y 2025, cuya implementación requiere reglamentos, decretos y otros actos administrativos. De ese total, 32 acciones permanecen pendientes de ejecución y 19 ya registran plazos legales vencidos, configurando un escenario que exigirá importantes capacidades institucionales durante los próximos años.
El propio informe advierte que el cumplimiento de esta agenda no depende de una sola institución, sino que involucra al menos 23 ministerios y organismos públicos, lo que convierte la coordinación interinstitucional en uno de los principales factores para el éxito de la política pesquera, acuícola y costera.
Modernización regulatoria y mayor eficiencia
En materia de acuicultura, uno de los ejes centrales será precisamente la modernización institucional. El documento recoge compromisos orientados a agilizar la tramitación ambiental, fortalecer el componente técnico de la evaluación de proyectos, modernizar la institucionalidad ambiental y hacer más eficientes los procesos asociados a concesiones marítimas y acuícolas.
Asimismo, el programa plantea fortalecer la fiscalización y el control, además de introducir mejoras al marco regulatorio para incrementar la productividad y el empleo, especialmente en las regiones del sur del país. También considera avanzar en modificaciones al régimen de los Espacios Marino Costeros de Pueblos Originarios (ECMPO), una de las materias que genera mayor interés en la industria salmonera.
No obstante, el análisis de SECOS también identifica vacíos importantes dentro de la agenda gubernamental. El reporte señala que materias como cambio climático, sustentabilidad, género y desarrollo social tienen una presencia significativamente menor dentro de las prioridades anunciadas para el período.
Leyes estratégicas que marcarán el futuro del sector
El éxito de esta agenda no dependerá únicamente de nuevas iniciativas legislativas, sino también de la correcta implementación de leyes que ya forman parte del ordenamiento jurídico chileno.
Entre ellas destacan la Ley N° 21.752, que establece un nuevo fraccionamiento pesquero; la Ley N° 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); y la Ley N° 21.789, que regula el contrato de buzo profesional y actividades conexas. Estas normas y otras como la Ley Lafkenche (Ley N° 20.249) tendrán efectos directos sobre la gestión de los recursos marinos, la operación de actividades productivas y la administración del borde costero.
Ciencia, adaptación climática e innovación
Otro de los pilares identificados por SECOS es el fortalecimiento de la ciencia como herramienta para la toma de decisiones.
El reporte destaca el compromiso gubernamental de reforzar la relación entre investigación científica, biodiversidad, recursos naturales e innovación, además de avanzar en la transferencia tecnológica para impulsar nuevas industrias basadas en el conocimiento.
A ello se suma la implementación de los Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático para pesca, acuicultura, biodiversidad y zonas costeras, instrumentos llamados a orientar las políticas públicas frente a los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas marinos y la producción acuícola.
Conservación marina: una fortaleza con costos competitivos
Este escenario regulatorio adquiere una dimensión adicional al analizar la posición internacional de Chile en materia de conservación marina.
De acuerdo con los datos del Marine Protection Atlas, Chile ocupa el tercer lugar mundial en conservación marina efectiva, con 1.293.751 km² bajo protección plena o alta, equivalentes al 35,3% de su superficie marina, superando incluso la meta internacional de proteger el 30% de los océanos al año 2030.
La comparación con Noruega resulta especialmente relevante para la industria salmonera. El principal productor mundial de salmón registra 0 km² bajo protección plena o alta dentro de una superficie marina de 2.025.207 km², es decir, 0% de sus aguas. Estudios recientes complementan también que solo alrededor del 4,4% de sus áreas marinas cuenta con algún tipo de protección y apenas 0,004% corresponde a protección plena.
Esta diferencia posiciona a Chile como uno de los referentes mundiales en conservación efectiva de los océanos y fortalece su reputación internacional en sostenibilidad y gestión ambiental. Sin embargo, desde la perspectiva productiva también configura un escenario de mayor complejidad para la salmonicultura nacional, que debe operar bajo estándares ambientales, regulatorios y de planificación territorial considerablemente más exigentes que los de su principal competidor internacional.
Competitividad bajo mayores exigencias
Para la industria del salmón, el desafío ya no parece limitarse a producir de manera sustentable, sino también a desenvolverse en un entorno regulatorio cada vez más complejo y exigente.
El informe de SECOS evidencia que durante los próximos años coexistirán procesos de modernización institucional, implementación de nuevas leyes, fortalecimiento de la fiscalización, actualización normativa, adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad, todos ellos con incidencia directa sobre la actividad acuícola.
Como plantea Francisca Reyes, investigadora del Instituto Milenio SECOS y autora principal del reporte, este escenario también abre una reflexión sobre la forma en que Chile gestiona las transiciones gubernamentales. Más allá de los cambios de prioridades políticas, el desafío consiste en asegurar que el Estado cuente con los recursos, la coordinación interinstitucional y las capacidades técnicas necesarias para cumplir oportunamente con las obligaciones que la propia legislación establece.
En ese contexto, la discusión para la salmonicultura probablemente dejará de ser una dicotomía entre producción y conservación. El verdadero desafío será construir políticas públicas capaces de mantener el liderazgo ambiental que hoy exhibe Chile, otorgar mayor certeza regulatoria y evitar que las crecientes exigencias administrativas terminen profundizando las brechas competitivas frente a países como Noruega, donde la producción salmonera opera bajo un marco regulatorio y de conservación significativamente menos restrictivo. Este equilibrio será determinante para que Chile pueda seguir consolidándose como líder mundial tanto en sostenibilidad como en producción acuícola.
