La resolución favorece al exgerente general Nicos Nicolaides Bussenius, al exgerente de producción Arturo Schofield, al exgerente regional Drago Covacich Mckay y a los exjefes de área Rigoberto Garrido Arriagada e Isaac Ollivet-Besson Osorio, quienes enfrentaron un periplo judicial de más de seis años tras destaparse las manipulaciones de cifras de producción y mortalidades entre los años 2016 y 2019.
El estándar probatorio en el banquillo
Tras la resolución unánime de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas (que revocó la condena inicial de primera instancia), el corazón de la controversia radicó en la estricta distinción entre una falta administrativa y un delito penal.
En este marco, los peritajes acreditaron la sobreproducción en concesiones emplazadas en Porvenir y el Parque Nacional Alberto D´Agostini, junto con la consecuente acumulación de materia orgánica en el fondo marino, la justicia determinó que la Fiscalía no logró demostrar un daño efectivo indispensable que exige la legislación penal chilena para configurar el tipo de contaminación de aguas.
El fallo de la Corte Suprema respalda dicha sentencia. Señalando que los incumplimientos en los límites de biomasa y los reportes adulterados a la autoridad constituyen infracciones sanciables en sede adminsitrativga por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), pero cariecieron del estándar probatorio para atribuir culpa criminal a las personas naturales imputadas.
Nicolaides y el cierre del caso
La causa, originada en 2019 tras acusaciones de medios nacionales, dejó profundos cambios en las áreas corporativas. En este marco, en una entrevista concedida al programa «Salmon en la Patagonia«, Nicos Nicolaides rompió el silencio tras el litigio y repasó el duro costo personal que significó enfrentar el escrutinio público durante más de 5 años.
“Fui absuelto de todos los cargos, tanto ambientales como económicos. No quedó nada pendiente”, enfatizó el exgerente general, apuntando a que “durante todo este tiempo fui tratado como culpable, antes de que existiera una sentencia, me transformaron en un chivo expiatorio, me tiraron a la parrilla públicamente».
Respecto a las fallas operativas, el exejecutivo sostuvo que, “hubo errores administrativos y reportes deficientes, pero eso no es lo mismo que causar daño ambiental o cometer un delito”, advirtiendo además el impacto sistémico del proceso, “Este caso le hizo mucho daño a la salmonicultura chilena, no solo a una empresa o a una persona”. Pese a los costos del juicio, no cerró la puerta al sector, “La salmonicultura es una industria que conozco bien y a la que le dediqué muchos años. No descarto volver, si se dan las condiciones”.
Con el pronunciamiento de las Corte Suprema, la causa penal queda formalmente clausurada y sin instancias de apelación pendientes, fijando un precedente determinante en la industria y cerrando uno de los episodios más complejos en la historia productiva del sur austral.
