Islandia vuelve a enfrentar una señal de incertidumbre regulatoria en torno al futuro de su acuicultura. El proyecto de ley que buscaba modernizar el marco normativo del sector y entregar nuevas reglas para el crecimiento del salmón no logró avanzar como esperaba el Gobierno, luego de que el Parlamento no alcanzara acuerdo sobre el rumbo que debe tomar la actividad. Según informan medios nacionales, los parlamentarios no lograron consenso respecto del camino a seguir para el sector acuícola del país, lo que vuelve a retrasar una reforma largamente esperada por la industria y observada con atención por organizaciones ambientales, comunidades costeras y actores vinculados al salmón silvestre.
El trámite oficial del Alþingi muestra que el proyecto, identificado como el caso 529 bajo el nombre “Lagareldi”, fue presentado el 16 de marzo de 2026 por la ministra de Industrias, tuvo su primera discusión el 23 de marzo y fue derivado a la comisión de industria ese mismo día. La iniciativa recibió 78 observaciones formales, fue despachada desde comisión el 11 de junio y el 12 de junio se distribuyeron tanto el informe de mayoría como una propuesta de modificaciones. Sin embargo, el estado del proyecto no llegó a la etapa final de aprobación como ley.
Una reforma para ordenar todo el mapa acuícola
La propuesta buscaba establecer una nueva ley integral para la acuicultura islandesa, abarcando cuatro ámbitos: sjókvíaeldi, o cultivo en jaulas marinas; landeldi, referido al cultivo en tierra; hafeldi, asociado a producción offshore fuera de fiordos; y fjarðabeit, una modalidad experimental basada en sistemas cerrados a profundidad, donde los peces se alimentan de zooplancton natural atraído mediante luz.
De acuerdo con Vísir, medio nacional islandés, el objetivo declarado del proyecto era fortalecer el marco legal de la industria y reducir impactos ambientales negativos mediante la introducción de incentivos, entregando una base más sólida para la creación de valor y el crecimiento sostenible del sector. Entre las medidas planteadas para el cultivo en jaulas marinas se consideraban incentivos para el uso de equipos cerrados y salmones estériles, monitoreo en ríos, planificación basada en zonas de bioseguridad, simplificación de permisos, mayor fiscalización electrónica, respuestas más eficientes frente a escapes, mayor control de piojo de mar, mortalidades y maduración sexual, además de cambios en la distribución de recursos hacia municipios donde se desarrolla la actividad.
El proyecto también proponía abordar con mayor especificidad el cultivo en tierra, dado que la normativa vigente habría sido diseñada principalmente pensando en la acuicultura en jaulas marinas. En el caso del offshore, el texto buscaba entregar un marco para investigación y permisos, considerando que esta modalidad aún se encuentra en una etapa temprana en Islandia. Algo similar ocurre con fjarðabeit, incorporada como una nueva categoría experimental dentro del marco legal.
Salmón silvestre, escapes y fiordos: el centro de la tensión
Aunque la reforma fue presentada como un intento por equilibrar desarrollo productivo y sostenibilidad, el debate volvió a mostrar la fuerte tensión que existe en Islandia entre el crecimiento de la salmonicultura y la protección del salmón silvestre.
El informe de mayoría de la comisión reconoce que el cultivo en jaulas marinas se está consolidando como una actividad relevante para zonas rurales, generando empleo y exportaciones, pero también recoge preocupaciones sobre ecosistemas de fiordos, áreas de desove y el riesgo de mezcla genética entre peces escapados y poblaciones silvestres. En esa discusión, se mencionó que los stocks de salmón silvestre islandés atraviesan un momento delicado y que hoy se estiman en torno a 20.000 hembras reproductoras, mientras el escape ocurrido en los Fiordos del Oeste en 2023 volvió a instalar el riesgo de interacción entre peces de cultivo y ríos salmoneros.
Este punto es especialmente sensible para organizaciones de pesca recreativa, propietarios de derechos de pesca y grupos ambientales, que han presionado para endurecer la regulación sobre jaulas abiertas, escapes, piojo de mar y uso de fiordos.
El debate por el “laxahlutur”
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es el llamado “laxahlutur”, que puede entenderse como una participación o derecho asociado a producción de salmón. Para el Gobierno y la mayoría de la comisión, este mecanismo busca ordenar el uso de autorizaciones productivas, entregar flexibilidad y evitar que derechos queden sin uso.
El informe de mayoría del Alþingi intentó aclarar que el “laxahlutur” estaría vinculado a la existencia de un permiso operativo, que no sería indefinido y que debería ser recuperado si el titular pierde sus permisos. También se propusieron resguardos para evitar especulación, exigiendo que quienes reciban, arrienden o transfieran estos derechos cuenten con biomasa autorizada suficiente para utilizarlos.
Sin embargo, desde sectores críticos se ha instalado otra lectura. En una columna publicada por Vísir, el director de la Asociación Nacional de Organizaciones de Pesca cuestionó que el “laxahlutur” funcionaría en la práctica como un nuevo sistema de cuotas para el cultivo en jaulas marinas, con derechos transferibles, arrendables e hipotecables, entregados a operadores actuales sin subasta ni pago al Estado. Esa crítica refleja una de las fracturas políticas más profundas del proyecto: si el nuevo esquema entrega eficiencia regulatoria o si, por el contrario, consolida derechos privados sobre una actividad que utiliza espacios públicos y recursos ambientales sensibles.
Incentivos tecnológicos, pero sin cerrar el debate
La comisión también abordó los incentivos económicos para reducir riesgos ambientales. Entre las propuestas, se considera que el salmón producido en sistemas cerrados pague solo el 25% de la tarifa general, mientras que los sistemas semicerrados pagarían el 40%. Además, se plantea un incentivo para ciclos más cortos en mar, con una tarifa equivalente al 50% del cobro general cuando el salmón permanezca menos de 12 meses en el océano.
El mismo informe señala que no sería prudente exigir de inmediato el uso obligatorio de salmones estériles u ófriles, aunque sí plantea que Islandia debería avanzar hacia una mayor participación de este tipo de peces en jaulas abiertas. La revisión de esta materia quedaría proyectada hacia 2030, cuando se evaluaría si es viable condicionar las autorizaciones de cultivo en jaulas abiertas al uso de peces estériles.
Qué viene para la ley acuícola islandesa
El proyecto no está muerto, pero sí queda políticamente trabado. En la práctica, el Gobierno deberá reconstruir acuerdos sobre los puntos más sensibles antes de intentar avanzar hacia una aprobación definitiva. La tramitación ya cuenta con informe de comisión y propuesta de cambios, pero el hecho de que no haya llegado a ley muestra que aún no existe consenso suficiente para cerrar la discusión.
Los próximos pasos estarán marcados por seis temas clave: el alcance del crecimiento en jaulas marinas, el diseño final del “laxahlutur”, los incentivos reales para sistemas cerrados y semicerrados, la protección del salmón silvestre, el rol de municipios y comunidades costeras, y la forma en que se distribuirán pagos, tasas y beneficios territoriales.
