Jeannette Jara, militante del Partido Comunista (PC), se convirtió en la candidata presidencial de Unidad por Chile, coalición oficialista que agrupa al PC, PS, PPD y movimientos progresistas.
La exministra del Trabajo alcanzó esta posición tras imponerse con más del 60% de los votos en una primaria con baja participación: apenas 1.400.000 personas votaron, equivalente a un 9% del padrón electoral, la cifra más baja desde que existen primarias legales en el país.
En varias localidades, los centros de votación estuvieron casi vacíos, lo que reflejó un ambiente de apatía. Este resultado no solo consagró a Jara como la carta oficialista, sino que representa un giro claro hacia la izquierda dentro del oficialismo.
Así desplazó la opción de centroizquierda que intentaba encarnar Carolina Tohá. En entrevista con CNN Radio, Tohá afirmó que era fundamental convocar “también a votantes de centro e incluso de centroderecha”, no como una mera táctica electoral, sino como “una necesidad democrática, una necesidad civilizatoria”.
Sin embargo, días después, Jara respondió sin ambigüedades: “Yo tengo una estrategia clara que es representar los valores que siempre me han convocado en la vida”. La definición de la carta oficialista plantea un escenario complejo para sectores productivos como la salmonicultura.
La encrucijada del centro
El año pasado, como ministra, Jara afirmó en Radio Bío Bío, Puerto Montt, que la industria salmonera pasó “mucho tiempo en impunidad para cometer malas prácticas”. Además, dijo que hay acciones evasivas de la normativa laboral que buscan reducir costos a costa de la protección de los trabajadores.
Estas declaraciones generaron una rápida reacción del gremio salmonero, que emitió un comunicado expresando: “nos sorprendió el tenor de las declaraciones” y lamentó que el “tono de la autoridad” no contribuya “a la creación de confianzas”.
Este episodio refleja las tensiones latentes entre la industria y el oficialismo. En el mundo empresarial, la preocupación también se ha hecho sentir. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, expresidente y embajador en Asia-Pacífico, planteó en Expo Osaka que “lo primero que tenemos que hacer es matar la Ley Lafkenche”.
Frei representa un centro político que mira como una prioridad a la estabilidad y el desarrollo económico. Apunta a cómo exigencias como la Ley Lafkenche bloquean inversiones en zonas estratégicas. Desde la oposición, Evelyn Matthei expresó una visión crítica similar sobre la Ley Lafkenche.
Matthei ha calificado la ley como “un desastre brutal” y denunció que “un grupo de gente que está contra el progreso” busca apoderarse del borde costero, obstaculizando el desarrollo. También señaló que la lentitud estatal para otorgar concesiones marítimas —que tardan entre seis y ocho años— frena el crecimiento del sector.
Con un bloque que giró a la izquierda (Jara y PC), la salmonicultura pierde la posibilidad de contar con una opción oficialista de centroizquierda. Esta debería ofrecer un ambiente equilibrado y propicio para su desarrollo.
Este vacío se vuelve más evidente al considerar que el centro político —históricamente representado por figuras como Eduardo Frei— carece de un candidato que articule un proyecto con mirada reformista, social y ambiental, pero que atienda certezas financieras y necesidades productivas.
Queda la incógnita de si se consolidará un candidato intermedio que compita fuera de los pactos de primarias, o si la candidatura de Evelyn Matthei incorporará un enfoque más centrado en esta visión.
Si no ocurre, podría repetirse la historia de 2021, cuando la dispersión del centro polarizó la elección. Cabe recordar que la crítica del PC hacia la salmonicultura no es nueva.
Por ejemplo, en 2015, la Izquierda Ciudadana y el Partido Comunista en la Región de Aysén firmaron una declaración conjunta publicada en El Patagón Domingo. Rechazaron explícitamente la expansión del rubro en Tortel y señalaron que “la industria salmonera ha sido altamente irresponsable en su relación con el ambiente”.
La falta de una alternativa política clara dentro del oficialismo que combine preocupación social, ambiental y certidumbre productiva representa una amenaza real para la estabilidad y el desarrollo a largo plazo del sector salmonero.
La necesidad de certezas políticas para la salmonicultura
La industria ha mostrado disposición a dialogar y a someterse a regulaciones, pero necesita un entorno político que reconozca su aporte y entienda sus desafíos.
El futuro de la salmonicultura chilena no puede quedar a merced de un péndulo ideológico que genere incertidumbre y desconfianza.
Por el bienestar del sector, sus trabajadores y las comunidades vinculadas, urge que los actores políticos construyan puentes que garanticen estabilidad, inversión responsable y una regulación efectiva.
La salmonicultura merece certezas, no incertidumbre. Así como en sus centros de cultivo se fomentan las condiciones para un desarrollo sano y sostenido, en la política también deben crearse espacios estables donde esta industria pueda crecer con confianza.
