El próximo gobierno de José Antonio Kast heredará un debate crítico sobre la Ley Lafkenche, vigente desde 2008, que regula los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo) y cuya implementación ha generado controversia en gran parte del sur de Chile.
Solicitudes pendientes y cifras récord
Según un análisis de Diario Financiero, actualmente hay 105 solicitudes Ecmpo en revisión, abarcando 3.093.143 hectáreas, mientras que sólo 41 solicitudes han sido aprobadas, equivalentes a 217.024 hectáreas. Este desequilibrio muestra que, por cada hectárea aprobada, más de 14 permanecen en espera de resolución, concentrándose especialmente en las regiones de Los Lagos y Aysén, donde los conflictos con la salmonicultura y la pesca artesanal son más visibles.
Controversia entre derechos indígenas y actividades productivas
Los defensores de la Ley Lafkenche destacan que protege derechos de las comunidades indígenas y resguarda ecosistemas frente a modelos extractivos. Sin embargo, los sectores productivos y algunas autoridades regionales critican que la normativa permite solicitudes de gran escala, incluso sobre áreas sin un uso consuetudinario demostrado, generando incertidumbre operativa. Un ejemplo reciente es el rechazo de solicitudes en las islas Huichas y Cisnes, que involucraban 600 mil hectáreas, equivalente a 2,6 veces el Parque Nacional Torres del Paine.
Presión sobre la institucionalidad y desafíos legislativos
El desbalance entre solicitudes aprobadas y pendientes refleja un sistema sobrecargado, con limitaciones en la capacidad de evaluación regional. En total, Chile acumula 146 solicitudes Ecmpo, presentadas por 109 comunidades, que abarcan 3.310.167 hectáreas. La discusión ha llegado al Congreso, gremios productivos y organizaciones indígenas, con la primera modificación a la Ley Lafkenche ingresada en 2023 y actualmente en trámite en el Senado.
Mirada al futuro del gobierno entrante
El debate sobre la Ley Lafkenche se ha consolidado como un eje crucial en la agenda marítima y territorial del país. La próxima administración deberá decidir si mantiene, ajusta o reinterpreta la normativa, enfrentando un equilibrio delicado entre la protección de derechos ancestrales y la certeza operativa para la industria y el Estado.
