La reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que impulsa el Gobierno dio un paso considerable hace unos días. La Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó en particular el proyecto, tras un año de tramitación y varios rechazos. Como “Evaluación Ambiental 2.0” se conoce la iniciativa que se despachó a la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
Por lo mismo, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, se manifestó contenta por el logro, que anunció como “una buena noticia”. Junto a esto, afirmó que el objetivo principal de la propuesta es fortalecer y hacer más eficiente la institucionalidad ambiental.
En este contexto, Rojas declaró en Diario Financiero: “Estamos satisfechos de que la reforma ambiental 2.0 esté avanzando”. La titular de la cartera indicó que los dos objetivos principales del proyecto, que son dar certeza al sistema y reducir los tiempos de tramitación, muestran progreso.
Sin embargo, también advirtió que hay puntos de preocupación que el Gobierno espera abordar en el resto de la discusión legislativa.
“Con algunas cosas me quedo contenta, con otras no tanto”
Como parte de lo positivo, la autoridad recalcó la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la eliminación del Comité de Ministros. Indicó que esto permitirá que el proceso sea más eficiente y transparente. Asimismo, valoró la incorporación de mecanismos de participación ciudadana y que el Estado participe en la reparación de daños medioambientales.
“Con algunas cosas me quedo contenta, con otras no tanto”, declaró la autoridad respecto a las modificaciones que tuvo el proyecto durante su tramitación. Valoró entre los ítems que se incluyeron la posibilidad de acudir directamente a tribunales ambientales. Dijo que espera que esto reduzca significativamente los tiempos asociados a procesos de reclamación.
Sin embargo, lamentó la exclusión de elementos claves para el Gobierno, como la participación temprana voluntaria y la creación de un Registro de Consultores. Indicó que este buscaba asegurar la calidad y transparencia de los estudios de evaluación ambiental, con el establecimiento de un sistema que documentara la trayectoria y experiencia de los profesionales involucrados en los procesos.
La autoridad planteó que, si bien reconocen lentitud en los procesos, también se debe garantizar que los estudios sean de calidad y que eso era parte del objetivo del registro.
Molestia por la exención de evaluaciones a proyectos aprobados
Uno de los puntos que generó más tensión durante la discusión fue la aprobación de una indicación que presentó la senadora Carmen Gloria Aravena (Partido Republicano), esta exime de una nueva evaluación ambiental a proyectos ya aprobados que tengan modificaciones.
La propuesta legal dice: “Las modificaciones de proyectos o actividades que se requieran ejecutar al interior de una faena o instalaciones que ya cuenten con una o más resoluciones que las califiquen ambientalmente, quedarán eximidas de la obligación prevista en el inciso anterior”.
La Moneda cuestionó duramente este cambio. La ministra declaró que uno de los principios fundamentales del derecho ambiental es el precautorio y que en eso no se puede retroceder. “Acá se está desregulando, en circunstancias que estamos ante una degradación cada vez más grave (…) Me parece grave este nivel de desregulación”, dijo.
Por otro lado, se abordó una propuesta que buscaba establecer la obligatoriedad de informar los proyectos en evaluación a agrupaciones inscritas en el Catastro de Organizaciones de Interés Público (OIP). Si bien se planteó que la figura buscaba aumentar la transparencia, finalmente el Ejecutivo la consideró poco práctica, sobre todo, por la imposibilidad de desagregar el registro por comunas.
El debate por las instancias de reclamación queda abierto
El proyecto también busca “despolitizar“ el SEIA eliminando instancias colegiadas como las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coevas) y el Comité de Ministros. Aunque el Gobierno propuso crear un Consejo de Reclamación, la idea se rechazó durante la tramitación. Así, el proyecto dejó la calificación en manos del Director Ejecutivo o Regional del SEA, respaldado por un comité técnico asesor.
Frente a la posibilidad de insistir con el Consejo de Reclamación, la autoridad planteó que no han descartado esa idea y que las reformas buscan un balance entre eficiencia y participación. «Es un síntoma de que estos temas probablemente son los más complejos de resolver en nuestro sistema existente y futuro de evaluación ambiental. Los parlamentarios también decían, «esto es una etapa, vienen más, sigamos conversando”», dijo.
Hubo además un extenso debate sobre cómo evaluar las modificaciones sustantivas de proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA). El Ejecutivo buscaba establecer nuevas evaluaciones a casos de impactos significativos, las que se rechazaron en favor de una indicación más permisiva que exime de evaluación a proyectos con cambios internos. La ministra indicó que esa decisión podría generar riesgos para la protección ambiental.
La Moneda busca la aprobación antes del término del mandato de Boric
El Gobierno espera iniciar la discusión en la Cámara de Diputados en marzo y que la reforma se apruebe antes del término de la administración de Gabriel Boric. “Ese definitivamente es nuestro objetivo”, sostuvo la ministra.
Quedan temas pendientes por resolver: la regulación de modificaciones sustantivas de proyectos, la inclusión de mecanismos de participación y transparencia, entre otros. El debate en la Cámara promete ser intenso. Rojas recalcó que el fin de la reforma finalmente es fortalecer y hacer más eficiente la institucionalidad ambiental.
