La discusión sobre la llamada “permisología” ha dejado de ser un concepto técnico para transformarse en uno de los ejes centrales del debate económico en Chile. En ese escenario, la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) emerge como una de las instituciones clave del proceso de modernización regulatoria impulsado por el Gobierno para reactivar la inversión.
Eguiguren, economista de la Pontificia Universidad Católica, con estudios de posgrado en Harvard y experiencia en el sector público y privado, ha sido parte del diseño y coordinación de políticas de inversión desde hace varios años. Sin embargo, su protagonismo actual se intensifica con la conducción de la OASI, órgano funcionalmente desconcentrado de la Subsecretaría de Economía.
“Para lograr nuestros objetivos estamos avanzando en dos grandes frentes: la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y medidas de gestión en servicios prioritarios que concentran los mayores dolores para los proyectos de inversión en el país”, explicó el propio Eguiguren en conversación con Señal DF.
OASI acelera reforma de permisos
La OASI forma parte de una nueva arquitectura institucional que incluye la plataforma SUPER y el Comité Interministerial de Autorizaciones Sectoriales. Actualmente cuenta con 24 funcionarios, aunque su diseño contempla una dotación de 43, a medida que se complete su implementación.
Desde el equipo liderado por Eguiguren se plantea un cambio de enfoque en la relación del Estado con la inversión. Según explican en la oficina, la meta es transitar desde un modelo más restrictivo hacia uno “habilitador”, donde la coordinación entre servicios permita reducir cuellos de botella históricos.
En esa línea, el propio jefe de la OASI ha proyectado reducciones de entre 30% y 70% en los tiempos de tramitación, dependiendo del tipo de proyecto, alineándose con las estimaciones del Ejecutivo al momento de la promulgación de la ley.
El trabajo operativo de la oficina se concentra en cuatro ejes: mejoras normativas, modernización de la plataforma SUPER, seguimiento de proyectos y coordinación con 37 servicios prioritarios. Entre ellos figuran organismos como el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección General de Aguas, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y el Ministerio de Salud.
Uno de los focos más innovadores es la incorporación de inteligencia artificial en la revisión de expedientes, mediante pilotos que ya se están implementando en distintos servicios públicos. Estos proyectos buscan automatizar parte del análisis administrativo y reducir los tiempos de respuesta.
En paralelo, la OASI reporta avances en la plataforma SUPER, donde ya se registran 257 permisos operativos y más de 73.000 solicitudes digitales solo en el primer trimestre de 2026. Además, se han incorporado nuevas declaraciones juradas para simplificar trámites de menor complejidad.
Reforma de permisos
La implementación de la ley también contempla una modernización gradual del sistema, cuyos primeros resultados se proyectan hacia fines de este año, cuando los servicios sectoriales comiencen a operar plenamente bajo el nuevo marco.
Desde el entorno de la oficina señalan que el desafío de Eguiguren será consolidar el cambio institucional y dar coherencia a un sistema históricamente fragmentado. Su rol, en todo caso, es transitorio y deberá someterse a concurso público bajo el sistema de Alta Dirección Pública en los próximos meses.
Con la OASI como eje articulador, el Gobierno apuesta a que la reducción de tiempos de tramitación no solo mejore la eficiencia del Estado, sino que también tenga impacto directo en la inversión. Proyecciones oficiales incluso vinculan una reducción del 30% en plazos con un aumento potencial de 2,4 puntos del PIB en una década.
En un contexto donde la inversión enfrenta múltiples exigencias regulatorias, la figura de Pablo Eguiguren y el rol de la OASI se han convertido en uno de los puntos más observados del proceso de reforma del Estado en materia de permisos.
