Mientras la Cancillería y los gremios coordinan la defensa técnica, el contraste entre los argumentos presentados por las ONG en Washington y la realidad de las causas en los tribunales chilenos ha abierto un debate sobre la responsabilidad institucional y la transparencia de su financiamiento.
Tribunales y pruebas
Durante el proceso de la USTR, las ONG expusieron alegaciones de presunto «trabajo forzoso» e insostenibilidad en la salmonicultura. Sin embargo, el caso judicial emblemático en el Maule que la fundación utilizó como argumento sobre trabajo forzado fue sobreseído por la justicia chilena debido a falta de pruebas. La ofensiva legal concluyó definitivamente el pasado 7 de mayo del 2026, cuando la Corte Suprema declaró inadmisible su último recurso de queja.
Frente a esto, la abogada Patricia Sanzana, en una columna de opinión abordó la solidez de la institucionalidad nacional, señalando que, «no existe evidencia de que el trabajo forzoso sea una práctica sistemática o estructural de la industria salmonera chilena. Sostener que existe un vacío regulatorio capaz de permitir la normalización de estas prácticas es desconocer la fortaleza institucional que el país ha construido durante décadas».
«Una cosa es exigir una investigación seria y otra muy distinta es instalar la idea de que una industria completa opera sobre la base de estas prácticas, especialmente cuando ello puede afectar la reputación internacional de un sector estratégico», agregó Sanzana.
El rechazo del gobierno
La actuación de las organizaciones no gubernamentales ante la USTR generó un profundo malestar en los funcionarios del gobierno. En esta línea, tras reunirse con los gremios exportadores, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, declaró que, «La actuación de estas organizaciones fue un error. Las acusaciones planteadas ante Estados Unidos no se ajustan a los hechos y terminan perjudicando la posición comercial y el empleo en Chile».
En la misma línea, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), Paula Estévez, aclaró que la resolución estadounidense responde a un análisis de mecanismos regulatorios comparados, mencionando que, «Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral. La resolución de EE. UU. no sostiene que nuestro país exporte bienes producidos con trabajo forzoso».
Debate sobre el financiamiento de ONG y tensión en las regiones
El impacto económico del arancel reabrió de inmediato la discusión política en el Congreso Nacional. Parlamentarios oficialistas y de oposición anunciaron que reactivarán el proyecto de ley (congelado desde el 2023) para modificar la Ley 20.500. Esta iniciativa busca transparentar el origen de los recursos económicos y el financiamiento extranjero que reciben las ONG en Chile, así como establecer la obligación de registrar sus agendas y reuniones de lobby ante organismos internacionales.
Mientras tanto en redes sociales, el episodio ha reavivado la indignación frente al denominado centralismo radicalizado. Desde las zonas productivas cuestionan que decisiones y diagnósticos absolutos formulados desde Santiago o el extranjero pretendan definir la matriz económica del territorio norte al sur, promoviendo prohibiciones y restricciones severas sin conocer la industria.
