En 2012, con bombos y platillos, se creó la red de tribunales ambientales para dar respuesta técnica y jurídica a los conflictos medioambientales. La Ley 20.600 estableció tres tribunales –en Antofagasta, Santiago y Valdivia–, cada uno con cinco jueces: tres titulares (dos abogados y un científico) y dos suplentes. Sin embargo, desde 2014 ninguno ha logrado cumplir con ese estándar, así lo publica el Diario La Tercera.
Tribunales ambientales en crisis
Hoy, el tribunal de Valdivia es el más deteriorado: apenas dos de sus cinco cargos están ocupados. Santiago, que tenía tres integrantes, perderá otro juez en octubre. Antofagasta está mejor constituido, pero aún le faltan cargos clave. La situación obliga a utilizar ministros «prestados» de otras cortes o cortes de apelaciones, lo que afecta la especialización y la calidad de las resoluciones. Como advierte Paulina Riquelme, abogada ambiental, esta precariedad “impacta negativamente en la predictibilidad de los fallos y en la confianza del sistema de justicia ambiental”.
Permisología sin justicia
En este contexto, el ya criticado fenómeno de la “permisología” –una madeja de trámites, requisitos y tiempos eternos para aprobar proyectos– encuentra un aliado silencioso: la justicia ambiental incompleta. Según el abogado Sebastián Avilés, “el 10% de los proyectos enfrentan recursos judiciales; en los tramitados por Estudio de Impacto Ambiental, el porcentaje sube al 20%”. Pero sin tribunales funcionando a plenitud, esos casos pueden extenderse indefinidamente.
Felipe Arévalo, socio del estudio PPU, añade que el problema no es sólo operativo, sino de señal: “Más que reproche a los tribunales, esto debe verse como una advertencia sobre la fragilidad institucional del sistema. Afecta la certeza jurídica para invertir”.
Un zapato chino legal y político
La causa de este cuello de botella no es sólo negligencia: es un diseño legal complejo y, en muchos casos, impracticable. El proceso de nombramiento de ministros es uno de los más intrincados del aparato público chileno. Intervienen el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), la Corte Suprema, el Presidente de la República y el Senado. Si uno de estos actores rechaza a un candidato, se reinicia todo.
A eso se suma la exigencia de que los ministros tengan dedicación exclusiva, experiencia ambiental comprobada y que enfrenten inhabilidades posteriores. Pocos profesionales están dispuestos a postular, y muchos menos logran sortear el proceso completo. “Es un procedimiento absolutamente descabellado y desproporcionado”, reclama José Ignacio Vásquez, el primer presidente del Tribunal Ambiental de Santiago.
Actualmente, cuatro quinas esperan decisión en el escritorio presidencial, algunas desde 2023. Pero incluso cuando llegan al Senado, los nombramientos pueden trabarse por cuoteo político, distorsionando la naturaleza técnica de estos tribunales. “Se supone que estos son órganos jurisdiccionales, no políticos”, insiste Vásquez.
¿Hay salida? Una reforma urgente y sin excusas
La precariedad del sistema ya no es sostenible. El 11 de junio ingresó un proyecto de ley que busca solucionar parcialmente la crisis, permitiendo prorrogas automáticas y reemplazos más flexibles entre tribunales. La Corte Suprema ya expresó reparos, principalmente por razones de independencia judicial y funcionamiento anómalo prolongado. Pero lo cierto es que el modelo actual está al borde del colapso.
Con leyes como la SBAP en plena implementación, y un sistema judicial ambiental cojeando, el mensaje a inversionistas y comunidades es contradictorio. Chile busca liderar en sostenibilidad y protección ambiental, pero no ha logrado garantizar un sistema de resolución de conflictos acorde con ese estándar.
La justicia ambiental sigue en pausa. Y con ella, también lo está el futuro de la inversión responsable y el desarrollo sostenible en el país.
