La actual regulación no aborda adecuadamente la interacción entre la pesca y la acuicultura, pues las trata como compartimentos estancos, lo que se profundiza con la atribución de competencias fragmentadas a los órganos sectoriales, característica común en el ordenamiento jurídico chileno. De esta forma, si bien ambas actividades están comprendidas en la ley de pesca y acuicultura, las normativas que las regulan no están claramente coordinadas entre sí para facilitar y/o promover el aprovechamiento de los beneficios de esta interacción ni para regular adecuadamente las externalidades negativas de la misma.
En este contexto, los investigadores del Centro INCAR, Dra. Jessica Fuentes y Dr. Carlos Molinet, presentaron una propuesta de recomendaciones para abordar la interacción pesca-acuicultura en la nueva legislación pesquera acuícola, los que están contenidos en el Policy Brief 17 del centro.
«El presente documento explora la interacción de las actividades de pesca y acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos y describe los vacíos legales que deben ser considerados con urgencia en el diseño de las nuevas Leyes de Pesca y de Acuicultura, bajo el marco de un enfoque ecosistémico. El análisis de brechas y desafíos para avanzar hacia un enfoque ecosistémico en el desarrollo de la pesca y la acuicultura en aquellos aspectos y procesos que ligan a ambos sectores se ha realizado a través de un proceso de investigación y encuentros participativos que ha liderado INCAR durante el 2023 y 2024. Este proceso ha involucrado a la academia, sectores públicos y privados», explicaron los investigadores del Programa Integrativo, Dra. Jessica Fuentes y Dr. Carlos Molinet, autores de la propuesta.
La acuicultura basada en captura es una estrategia usada por los productores de mitílidos, ostras y ostiones en Chile, quienes aprovechan la producción de semillas de los bancos naturales lo que se conoce como “acuicultura basada en captura/pesca (ABC)” según la FAO (Lovatelli & Holthus, 2008). Por ejemplo, el 100% de la producción de mejillón chileno que representa la segunda exportación acuícola chilena y la primera exportación de mejillones de acuicultura a nivel global (aprox. 400.000 toneladas anuales en 2023 Sernapesca 2024 y FAO 2024) se sostiene en esta estrategia. Complementariamente, la acuicultura de especies nativas bentónicas puede funcionar como “hábitat” y a la vez como fuente de larvas y propágulos para luego realizar repoblamiento de áreas disponibles para la pesca de estas mismas especies. Este último
proceso es reconocido por la FAO como captura/pesca basada en acuicultura (CBA), considerando repoblamiento y recuperación de recursos naturales (FAO, 2023).
En la actual Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) se pueden identificar las siguientes disposiciones que es posible vincular con la interacción entre la pesca y la acuicultura:
a) Actividades de acuicultura y captación de semillas en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (artículo 55 D incisos 2° y 3°).
b) Medidas para la instalación de colectores u otras formas de captación de semillas en bancos naturales de recursos hidrobiológicos (artículo 48 letra c).
c) Permisos especiales de colecta (artículos 75 ter y siguientes).
d) Definición de repoblamiento y su incorporación a un plan de manejo de recursos bentónicos en AMERB (artículo 2 numeral 41 y artículo 9 bis inciso 2° letra b).
La única hipótesis que parece insinuar la interacción entre la pesca y acuicultura es en relación con la captación de semillas y acuicultura en AMERB, siempre que no se afecten las especies naturales del área, indicándose expresamente que en conjunto tales actividades no pueden exceder el 40% del área.
Al respecto, el reglamento de acuicultura en AMERB, además del origen legal de las especies a ser cultivadas en AMERB, contempla una regulación más estricta para evitar la mencionada afectación (D.S. N° 96 de 2015 del MINECON). Sin embargo, no queda claro si para la LGPA la colecta de semillas es considerada actividad extractiva o de acuicultura.
Derivado de la discusión impulsada por INCAR se han identificado ciertas brechas y vacíos que es necesario abordar en la normativa y a nivel reglamentario.
