El Ministerio de Comercio e Industria presentó un proyecto de ley que busca consolidar en un solo cuerpo legal todas las actividades de acuicultura, incorporando nuevas exigencias ambientales, sanitarias y de gobernanza para el sector.
La propuesta, impulsada por la ministra Hanna Katrín Friðriksson, apunta a fortalecer la sostenibilidad del sector mediante incentivos al uso de sistemas cerrados, el fomento de salmón no fértil, una estructura de control sanitario basada en riesgo y un aumento en la fiscalización de escapes, piojo de mar y residuos.
Uno de los cambios más relevantes es la simplificación del sistema de licencias, que integrará permisos ambientales y sanitarios en una sola autorización operativa, junto con mayores atribuciones para la Autoridad Alimentaria y Veterinaria islandesa.
Presión ambiental y oposición internacional
Pese a su enfoque regulatorio reforzado, el proyecto enfrenta una oposición activa de organizaciones como el North Atlantic Salmon Fund (NASF), que considera que la iniciativa no protege suficientemente al salmón silvestre y mantiene riesgos asociados al cultivo en jaulas marinas.
Esta presión no se limita al ámbito local. Diversas campañas de alcance internacional han buscado incidir en el debate legislativo islandés, con la participación de actores globales del ambientalismo, entre ellos la marca Patagonia, históricamente vinculada a campañas críticas y de oposición al salmón de cultivo, particularmente en defensa del salmón silvestre y los ecosistemas fluviales.
A través de plataformas digitales, redes sociales y alianzas con organizaciones de pesca recreativa y flyfishing, estas iniciativas promueven posturas más restrictivas frente a la acuicultura marina, incluyendo llamados a limitar o prohibir el cultivo de salmón en jaulas abiertas, situando el caso islandés en el centro del debate ambiental internacional.
Un caso que observa la industria global
Desde medios especializados en pesca y acuicultura, se advierte que Islandia se está transformando en un caso de referencia global, al intentar equilibrar crecimiento productivo, exigencias ambientales y legitimidad social sin recurrir a prohibiciones generales.
El proyecto se basa en recomendaciones de auditorías estatales previas y aún debe avanzar en su tramitación legislativa, en un contexto donde la industria salmonicultora islandesa permanece expectante frente a los cambios propuestos
