La tramitación de la nueva Ley de Acuicultura en Islandia abrió un debate que trasciende lo técnico y productivo, luego de que autoridades y parlamentarios expresaran preocupación por la participación organizada de actores internacionales, entre ellos campañas vinculadas a marcas del rubro outdoor, en el proceso de consulta pública del proyecto legal.
El tema fue abordado en un reportaje del medio estatal RÚV, luego de que el borrador de la normativa recibiera cerca de 2.300 observaciones, muchas de ellas con textos prácticamente idénticos, enviadas a través del portal oficial de consultas del gobierno islandés.
“Una gran empresa estadounidense intenta influir en la legislación”
Durante la cobertura, la ministra de Industria de Islandia, Hanna Katrín Friðriksson, manifestó abiertamente su inquietud por el origen de estas presentaciones masivas.
“Me preocupa que se trate de una gran empresa estadounidense que está detrás de una gran cantidad de observaciones con el objetivo de influir en la legislación aquí en el país”, señaló la ministra..
La autoridad agregó que este tipo de acciones excede lo habitual en un proceso de consulta pública:
“Esto va mucho más allá de lo que normalmente vemos en la discusión de un proyecto de ley. No se trata solo de este caso, sino del precedente que se puede generar en materias ambientales y estratégicas”.
Identificación de Patagonia en la cobertura periodística
Medios islandeses vinculan esta campaña al accionar de la empresa estadounidense Patagonia, reconocida marca de vestuario outdoor con un fuerte discurso ambiental.
Según explicó, la compañía habría utilizado sus redes sociales para incentivar la participación en la consulta pública:
“En las plataformas de la empresa se instó a las personas a enviar observaciones sobre el proyecto de ley, redirigiéndolas a un sitio web donde era posible presentar comentarios marcando algunas casillas, lo que explica que muchas de las observaciones tengan exactamente el mismo contenido”.
Las observaciones promovidas desde estas campañas solicitaban, entre otros puntos, mayor protección de las poblaciones de salmón silvestre y que no se otorguen nuevas licencias para centros de cultivo en jaulas marinas abiertas.
Parlamento reconoce el riesgo, pero llama a cautela
Desde el Poder Legislativo, la presidenta del Parlamento islandés, Þórunn Sveinbjarnardóttir, reconoció que el fenómeno genera inquietud, aunque evitó calificarlo como ilegal.
“No estoy segura de que esto sea necesariamente algo reprochable. Ya hemos recibido antes observaciones organizadas en proyectos de ley”, señaló.
No obstante, advirtió que no se puede ser ingenuo frente a este tipo de dinámicas:
“No deberíamos ser tan ingenuos como para pensar que actores extranjeros no tienen interés en influir aquí. Es nuestro rol, como responsables políticos, estar atentos a ese tipo de presiones”.
Activismo ambiental defiende la legitimidad del proceso
Desde el mundo ambiental, el portavoz del Fondo Islandés de Conservación de la Naturaleza, Jón Kaldal, defendió la participación internacional en la consulta pública, subrayando que se realizó a través de mecanismos oficiales.
“Es algo positivo que lleguen muchas observaciones. El mundo está mirando a Islandia”, afirmó.
Kaldal agregó que la discusión sobre influencia extranjera debe analizarse en un contexto más amplio:
“Una gran parte de la industria acuícola que opera en Islandia ya es de propiedad extranjera. La influencia de grandes empresas internacionales en este sector existe desde hace tiempo”.
Y concluyó:
“Estamos participando de manera completamente democrática, utilizando el portal oficial del gobierno. Lo que buscamos es asegurar que la legislación proteja la naturaleza islandesa y evite daños irreversibles”.
Debate abierto en medio de la reforma legal
El episodio se suma a la discusión que enfrenta Islandia en torno a su nueva Ley de Acuicultura, una reforma que ha generado atención internacional y posiciones contrapuestas respecto al desarrollo del cultivo de salmón, la protección ambiental y la soberanía regulatoria.
El período de consulta pública ya concluyó y las autoridades se encuentran analizando las observaciones recibidas. El proyecto deberá ahora avanzar hacia su discusión en el Parlamento, en un escenario marcado por el debate sobre los límites entre participación ciudadana global y la injerencia de marcas y organizaciones internacionales en procesos legislativos nacionales.
