Un nuevo estudio de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) pone sobre la mesa una radiografía preocupante de la regulación de la inteligencia artificial (IA) en Iberoamérica: menos del 14% de los países de la región cuenta con normativa específica para esta tecnología, dejando a la mayoría sin un marco legal claro en un terreno que avanza con rapidez.
Chile, Brasil y España: faros en medio de la oscuridad regulatoria
De acuerdo con el informe regional titulado El estado de situación de Iberoamérica frente al desarrollo y adopción de la inteligencia artificial, Chile se encuentra entre los pocos Estados que ha desarrollado políticas e instituciones lo suficientemente robustas como para posicionarse como referente en la materia, junto con Brasil y España.
“El avance es desigual y, pese a las iniciativas existentes, sigue habiendo una desconexión entre las políticas públicas y su formalización estratégica”, advierte el estudio de la Segib, difundido por CNN Chile.
Una región sin rumbo claro frente a los desafíos de la IA
Según el análisis, mientras la mayoría de los 22 países incluidos cuentan con marcos legales vinculados a la protección de datos o la privacidad, sólo alrededor del 45% han adoptado políticas públicas concretas orientadas al desarrollo y uso de la IA, y aún menos disponen de normativas que regulen específicamente su desarrollo o implementación.
Esta brecha entre la ambición digital y el tejido jurídico que debería respaldarla se traduce en una “proporción alarmantemente baja” de legislación especializada, plantea el informe, que además identifica una “ausencia generalizada” de mecanismos que obliguen a auditar o evaluar algoritmos, limitando la rendición de cuentas y la responsabilidad legal de plataformas tecnológicas.
¿Por qué importa una regulación específica?
Para expertos, contar con un marco jurídico específico para la IA no es solo cuestión de sofisticación tecnológica, sino de protección ciudadana y competitividad económica en un mundo donde la IA redefine industrias enteras. La falta de reglas claras expone a los países a riesgos asociados con sesgos algorítmicos, privacidad y uso indebido de datos, además de dejar sin estímulos a la innovación local.
Entre las recomendaciones del informe figura la necesidad de elevar la IA a una política regional estructural, incorporando principios como la soberanía digital y el control estratégico de datos en español y portugués, así como el desarrollo de inventarios de infraestructura tecnológica y recursos naturales para sustentar el avance tecnológico en la región.
