El nuevo gobierno puso en marcha una serie de decretos orientados a abordar temas económicos, institucionales y de seguridad, entre los que destaca una medida destinada a agilizar la tramitación de proyectos de inversión que permanecen pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La instrucción presidencial establece plazos para resolver 51 recursos de reclamación asociados a iniciativas que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, pero que continúan detenidas en procesos administrativos posteriores. De acuerdo con la información oficial, estas iniciativas representan inversiones estimadas en más de US$16.000 millones.
El objetivo de la medida es reducir los tiempos de tramitación y entregar mayor certeza al proceso de permisos ambientales, particularmente en aquellos casos donde las reclamaciones se mantienen sin resolución dentro de los plazos habituales del sistema.
Plazos para resolver reclamaciones
El decreto fija tiempos máximos para las distintas etapas administrativas del SEIA. En el caso de recursos vencidos, la autoridad correspondiente deberá emitir una resolución en un plazo máximo de 90 días corridos desde la recepción del oficio respectivo.
Para las reclamaciones que se encuentran en revisión en la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se estableció un plazo total de 30 días hábiles. Esta categoría se incluye 20 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que en conjunto representan inversiones cercanas a US$6.500 millones.
Asimismo, los proyectos cuyas reclamaciones deben ser resueltas por el Comité de ministros deberán concluir su proceso en un máximo de 60 días hábiles. En esta instancia se encuentran 22 iniciativas con Estudios de Impacto Ambiental, equivalentes a inversiones estimadas en US$9.800 millones.
El Ejecutivo también informó que existen nueve proyectos adicionales con su RCA en tramitación que enfrentan retrasos asociados a permisos sectoriales.
Diagnóstico del sistema
La medida contempla además que el Ministerio del Medio Ambiente elabore un diagnóstico sobre el estado de las reclamaciones pendientes dentro del SEIA. El objetivo será revisar el funcionamiento de estas instancias administrativas y evaluar posibles mejoras para su gestión dentro del marco institucional vigente.
Auditoría al sector público
En paralelo, el gobierno anunció la realización de una auditoría amplia a ministerios e instituciones del Estado, iniciativa que busca establecer una línea base de funcionamiento de los servicios públicos y detectar eventuales irregularidades administrativas.
Para coordinar este proceso se conformará una fuerza de tarea interministerial, integrada por autoridades de Interior, Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia, la que reportará directamente al Presidente de la República.
Las autoridades señalaron que estas primeras medidas forman parte de una agenda orientada a mejorar la gestión del Estado, fortalecer la probidad pública y agilizar procesos administrativos clave para el desarrollo de inversiones en el país.
