En sus primeros días de gestión, el Gobierno del presidente José Antonio Kast concretó un significativo “golpe de timón” en el ámbito normativo, al retirar de tramitación una de las reformas laborales estructurales impulsadas en el último tiempo: el proyecto de negociación colectiva multinivel o ramal.
La iniciativa buscaba modificar profundamente el sistema de relaciones laborales en Chile, permitiendo que sindicatos y gremios empresariales de un mismo sector acordaran estándares mínimos en materias como salarios, condiciones de trabajo, seguridad laboral y productividad, sin reemplazar la negociación al interior de cada empresa.
Fin a la negociación ramal
La propuesta contemplaba una arquitectura en tres niveles: uno sectorial con efectos generales, un nivel intermedio para acuerdos en cadenas productivas o grandes proyectos, y un nivel de empresa, que se mantenía como espacio clave para definir condiciones específicas. Además, incorporaba incentivos para la participación empresarial, como beneficios asociados a políticas públicas y mejoras en créditos tributarios vinculados a la inversión en I+D.
Con esta decisión, el Ejecutivo da una señal clara de distanciamiento respecto de reformas estructurales en el ámbito laboral impulsadas durante el gobierno anterior, así lo consignar en distintas crónicas Biobio Chile.
Presidente Kast y las prioridades
“Hoy tenemos más de 850 mil personas sin trabajo formal. ¿La negociación ramal es urgente hoy? Nosotros creemos que no. ¿Es una decisión política? Si, pero es fundada en ciertos temas evidentes”, afirmó la máxima autoridad.
Según Kast, esos temas responden a que “Chile dejó de crecer, en Chile se dejó de invertir, y eso se traduce en menos posibilidades de empleo”.
En relación a los proyectos ambientales el mandatario profundizó que las medidas adoptadas buscan equilibrar crecimiento económico, empleo y resguardo ambiental, junto con reforzar la certeza jurídica en el país.
“Nosotros queremos generar la mejor política pública posible en torno al pleno empleo, siempre respetando el medio ambiente. Y en eso, hemos señalado desde hace bastante tiempo que vamos a cumplir irrestrictamente la ley”, afirmó.
Énfasis en certeza jurídica y cumplimiento de plazos
El jefe de Estado recalcó que uno de los ejes centrales de su administración es recuperar la confianza en Chile como destino de inversión, poniendo énfasis en el respeto a la institucionalidad vigente.
“No queremos pasar a llevar la discusión legislativa en esto, pero sí queremos hacernos responsables de que Chile vuelva a ser un país confiable. Y es un país confiable cuando la ley establece ciertos procedimientos y se cumplen los plazos”.
En esa línea, apuntó a las dificultades que enfrentan distintos proyectos en su tramitación, relevando la necesidad de mayor eficiencia en los procesos administrativos.
Críticas a demoras y medidas para destrabar proyectos
El presidente cuestionó los tiempos de respuesta en la gestión pública, señalando que existen retrasos que afectan directamente la inversión y el desarrollo. “Pasan meses y no hay respuesta”, indicó, agregando que “eso es parte de lo que se incluye en estas instrucciones administrativas, en estos decretos”.
Según explicó, estas acciones buscan agilizar procedimientos y dar mayor previsibilidad tanto a inversionistas como a distintos actores productivos.
Llamado a priorizar crecimiento y empleo
Finalmente, el Mandatario abordó las críticas que han surgido desde distintos sectores políticos, defendiendo el foco de las medidas adoptadas. “Entiendo que haya preocupación por distintos legisladores o sectores políticos, pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere: crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo empleo, y esto apunta en esa línea”, sostuvo.
Las declaraciones se enmarcan en una serie de decisiones adoptadas en los primeros días de gobierno, que apuntan a redefinir el enfoque regulatorio, priorizando la reactivación económica y el fortalecimiento institucional.
Revisión masiva en Medio Ambiente: 43 decretos retirados de Contraloría
En paralelo, el Ministerio del Medio Ambiente instruyó el retiro de 43 decretos supremos que se encontraban en trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República, en una acción que refuerza el ajuste regulatorio en curso.
Entre los decretos retirados figuran reglamentos, normas ambientales, planes de descontaminación, estrategias climáticas e incluso la creación de parques nacionales y reservas, además de la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural.
Desde la cartera explicaron que la medida responde a un proceso de revisión técnica y jurídica. “Con el objetivo de asegurar que los instrumentos respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes, hemos iniciado el proceso de revisión de los decretos aún en trámite”, señalaron.
Ministerio se pronuncia
El ministerio precisó que esta decisión se enmarca en el plan de auditoría interna del nuevo gobierno, el cual exige una revisión exhaustiva de los actos administrativos pendientes.
Asimismo, se destacó que parte importante de estos decretos fue ingresada en los últimos días de la administración anterior, lo que refuerza la decisión de someterlos a un nuevo análisis antes de su eventual aprobación. “Nuestro propósito es que cada acto administrativo cumpla con los más altos estándares de calidad jurídica, resguarde el cuidado de las personas y proteja efectivamente el patrimonio natural del país”, indicaron desde la autoridad ambiental.
Señales de una nueva agenda regulatoria
Las primeras decisiones del gobierno de Kast configuran un escenario de redefinición de prioridades en materia normativa, con énfasis en la revisión de iniciativas heredadas y un enfoque más cauteloso en cambios estructurales.
Mientras en el ámbito laboral se detiene una reforma orientada a fortalecer la negociación sectorial, en medio ambiente se abre un proceso de revisión que podría derivar en ajustes relevantes a la regulación vigente.
Ambos movimientos reflejan una estrategia inicial centrada en reordenar la agenda regulatoria, revisar el marco normativo existente y establecer nuevas bases para la gestión pública en los próximos años.
