La nueva hoja de ruta de la Casa Blanca identifica una vulnerabilidad en la seguridad alimentaria de Estados Unidos, señalando que el 90% del pescado consumido en EE.UU. proviene de países extranjeros. Para revertir esa tendencia, la orden ejecutiva de Trump «Restoring American Seafood Competitiveness» mandata una revisión regulatoria inmediata que, según el gobierno, ha mantenido a la industria en una desventaja competitiva.
Este giro a la soberanía comercial implica que el acceso al mercado estadounidense ya no será una garantía para los grandes exportadores globales. sino que estará condicionado a una nueva arquitectura de estándares internos y prioridades nacionales.
Primeros pasos del plan
Como acción directa para materializar esta visión, el gobierno de Estados Unidos ha propuesto un recorte del 41% al presupuesto de la NOAA Fisheries (National Marine Fisheries Service), lo que se traduce en una reducción de USD 530 millones.
El plan incluye la transferencia de facultades bajo la Ley de Especies en Peligro (ESA) y la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA) hacia el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS). El objetivo técnico de esta medida es consolidar la ventanilla de permisos, eliminando la duplicidad de funciones y los cuellos de botella burocráticos que históricamente han frenado la expansión de centros de cultivo en aguas federales.
Lejos de ser un plan de ajustes presupuestarios, este movimiento representa el desmantelamiento de la antigua visión productiva del país para dar paso a la optimización de la gestión. Esta simplificación administrativa es la herramienta financiera para permitir que la industria local escale su producción con menores costos de entrada y mantenimiento.
Desregularización y ventaja
Esta reestructuración institucional busca otorgar a los productores estadounidenses una «vía rápida» operativa que les permita bajar precios y ganar terreno frente al salmón importado. La transferencia de las responsabilidades de protección de especies marinas hacia el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS) tiene como objetivo agilizar la entrega de permisos, evitando los prolongados estudios de impacto ambiental que antes ralentizaban el crecimiento de la acuicultura local.
Al quitarle este peso regulatoria a sus propias empresas, Washington está creando una ventaja comparativa artificial que rompe la igualdad de condiciones en el mercado internacional.
Impacto en el exportador
Para las industrias salmoneras de potencias exportadoras como Chile y Noruega, el plan representa un desafío directo a su cuota de mercado. La estrategia instruye al Representante Comercial de EE. UU. (USTR) a utilizar la Sección 301 de la Ley de Comercio para monitorear rigurosamente las condiciones de competencia. Esto no apunta solo a la pesca ilegal, sino a una revisión de las estructuras de costos y subsidios en los países de origen.
Además, el fortalecimiento de la fiscalización en puertos mediante inteligencia artificial y personal adicional añade una capa de complejidad logística para el producto fresco. El endurecimiento del Programa SIMP será utilizado como un filtro técnico de calidad y trazabilidad.
Para los exportadores de la zona sur de Chile, esto se traduce en una mayor exigencia de certificación y posibles demoras en la cadena de suministro si los estándares de cumplimiento no se alinean con la nueva política de «ética y legalidad» de la administración Trump.
