Ley SBAP entra en una nueva etapa: reglamento de sanciones avanza, pero consulta indígena vuelve a tensionar su implementación

La implementación de la Ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), enfrenta en agosto de 2026 un escenario de avances concretos, pero también de nuevos obstáculos administrativos. Por una parte, la Contraloría General de la República tomó razón, con alcances, del Reglamento del Registro Público de Sanciones, un instrumento destinado a establecer cómo se elaborará, actualizará y publicará la información sobre las sanciones impuestas por el nuevo Servicio. Por otra, el Ministerio del Medio Ambiente abrió un procedimiento de invalidación del Acta de Acuerdos y Desacuerdos de la consulta indígena realizada para la elaboración de tres reglamentos fundamentales: el de Áreas Protegidas, el de Concesiones y Permisos en Áreas Protegidas y el de Sitios Prioritarios. El resultado es un escenario que combina mayor certeza en materia sancionatoria con incertidumbre respecto de algunas de las reglas que definirán el funcionamiento territorial del nuevo sistema de conservación. Un registro público que comienza a tomar forma El Reglamento del Registro Público de Sanciones constituye uno de los avances más concretos de las últimas semanas. La Ley SBAP establece que este registro deberá ser público y estar disponible en el sitio electrónico del Servicio. Entre sus contenidos se contemplan la identidad del infractor, las infracciones cometidas, la fecha de la infracción, la resolución sancionatoria y su estado de firmeza, además de la sanción aplicada, su nivel de cumplimiento y una copia de la resolución junto con la identificación del expediente electrónico. La información será actualizada mensualmente, dentro de los primeros cinco días de cada mes, y deberá eliminarse una vez transcurridos cinco años desde su incorporación. Un elemento relevante para las empresas es que la versión definitiva del reglamento optó por incorporar únicamente sanciones firmes, siguiendo una lógica similar a la utilizada por el registro de sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Para la industria del salmón, esta definición no es menor. La existencia de un registro público permitirá aumentar la trazabilidad de los procesos sancionatorios del SBAP y hará que el cumplimiento de las obligaciones asociadas a biodiversidad y áreas protegidas tenga una dimensión adicional de exposición pública. Sin embargo, su impacto inmediato será acotado. La razón es que las facultades de fiscalización y sanción del SBAP todavía no se encuentran plenamente operativas. Además, una parte importante de las infracciones contempladas por la Ley N°21.600 requiere que previamente se completen otros procesos normativos o administrativos. El propio sistema de implementación de la Ley contempla una secuencia que incluye elaboración de reglamentos, consultas públicas e indígenas cuando corresponda, aprobación por las instancias respectivas, toma de razón de Contraloría y posterior publicación en el Diario Oficial. El segundo frente: una consulta indígena vuelve a revisión El escenario cambia significativamente cuando se observa el avance de los reglamentos que determinarán cómo funcionará el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Ministerio del Medio Ambiente resolvió iniciar de oficio un procedimiento de invalidación del Acta de Acuerdos y Desacuerdos de la consulta indígena y de la resolución que, en marzo de 2026, había declarado cerrado dicho proceso. La consulta se inició en 2024 y contempló una etapa regional en las 16 regiones del país, además de un Diálogo Nacional desarrollado en diciembre de 2025. El problema detectado posteriormente se concentra en las firmas que debían acreditar la participación y voluntad de los representantes indígenas que participaron en la instancia nacional. De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio, el listado original de firmas se extravió después del Diálogo Nacional y posteriormente se intentó reconstruir el documento. El proceso de reconstitución, sin embargo, no permitió recuperar de manera completa la información. Según los antecedentes proporcionados, de los 101 representantes que participaron en la jornada del 20 de diciembre de 2025, solo 50 aparecen finalmente asociados al listado reconstituido. Además, en 29 casos no existiría constancia suficiente para determinar si los representantes aprobaron o rechazaron el Acta. El Ministerio considera que estas deficiencias impiden acreditar de manera fehaciente la voluntad expresada durante el proceso y podrían afectar actos posteriores vinculados a la consulta. La información oficial disponible confirma que la consulta tenía precisamente como objeto abordar materias destinadas a alimentar los reglamentos de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios, mientras que el proceso contempló también materias relacionadas con la participación indígena en la gestión de áreas protegidas y en el otorgamiento de concesiones. ¿Por qué esto importa a la salmonicultura? Aquí aparece uno de los puntos de mayor interés para la industria. La discusión sobre la Ley SBAP no se limita a la creación de una nueva institucionalidad ambiental. Su implementación puede modificar progresivamente el marco bajo el cual se gestionan áreas protegidas, sitios prioritarios, concesiones, permisos, planes de manejo, restauración ecológica y conservación de ecosistemas. Y varias de estas materias tienen una relación directa con el territorio donde se desarrolla la salmonicultura. Especialmente relevantes serán las reglas que definan el funcionamiento de las áreas protegidas y los procedimientos para otorgar concesiones y permisos dentro de ellas. La consulta indígena actualmente cuestionada se vinculó precisamente con estos futuros reglamentos. Para las empresas salmonicultoras, esto significa que la implementación de la Ley N°21.600 debe seguirse no solo desde la perspectiva de eventuales sanciones, sino también desde la evolución de las reglas de compatibilidad entre conservación, actividades productivas y gestión territorial. El escenario adquiere especial importancia en las regiones australes, donde convergen áreas protegidas, ecosistemas de alto valor ecológico, comunidades indígenas, espacios costeros y una significativa actividad acuícola. Áreas protegidas: el gran reglamento pendiente Uno de los principales desafíos para el sector será conocer el contenido definitivo del reglamento que regulará el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Ley SBAP busca integrar bajo un sistema nacional la gestión de las áreas protegidas y establecer nuevas herramientas de conservación. El SBAP señala que la normativa introduce nuevos instrumentos, estándares y responsabilidades para la conservación de la biodiversidad. Para la industria, el punto crítico estará en cómo estas nuevas disposiciones se traducirán en la práctica. La definición de planes de manejo, las condiciones de uso, los procedimientos para permisos y concesiones, los mecanismos de participación y las obligaciones asociadas a conservación podrían tener efectos sobre proyectos existentes y futuros. Por ello, mientras el Registro Público de Sanciones avanza hacia una implementación concreta, el sector productivo tiene otro frente que observar con especial atención: las reglas que determinarán qué actividades podrán desarrollarse, bajo qué condiciones y con qué obligaciones ambientales dentro del nuevo sistema de áreas protegidas. Fiscalización: el impacto todavía está por venir Otro elemento clave es que la entrada en vigencia formal de los reglamentos no significa necesariamente que todas las nuevas herramientas de fiscalización comiencen a operar de inmediato. En el caso de las infracciones asociadas a áreas protegidas, una parte importante de ellas todavía no se encuentra plenamente bajo la administración o supervisión del SBAP, ya sea porque las áreas deben ser homologadas o porque aún está pendiente su traspaso administrativo. También existen infracciones cuya aplicación requiere la implementación previa de instrumentos como planes de restauración ecológica, planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras, regulación de sitios prioritarios o mecanismos de certificación. Por lo tanto, el nuevo régimen sancionatorio se está construyendo por etapas. Para la salmonicultura, esto refuerza la necesidad de monitorear no solo la publicación de cada reglamento, sino también los actos administrativos posteriores que determinarán cuándo y cómo las nuevas competencias comenzarán efectivamente a ejercerse. Septiembre será una fecha clave El procedimiento de invalidación tampoco significa que la consulta indígena haya sido definitivamente anulada. El Ministerio deberá escuchar a los interesados, recibir sus observaciones y posteriormente adoptar una decisión. Las audiencias están programadas para el 2 de septiembre de 2026, entre las 10:00 y las 17:00 horas, en las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente de todo el país. También se contempla una audiencia online para el 3 de septiembre. Los interesados deberán comunicar su modalidad de participación antes del 26 de agosto, mientras que posteriormente se contempla un plazo de 10 días hábiles para formular observaciones por escrito. La resolución final podría determinar si los actos cuestionados se invalidan y, eventualmente, cuáles serán los pasos necesarios para continuar con la tramitación de los reglamentos. Un proceso que la industria deberá seguir de cerca A agosto de 2026, la implementación de la Ley SBAP presenta así una fotografía dividida. Hay avances institucionales y regulatorios, como la toma de razón del Reglamento del Registro Público de Sanciones. Pero, al mismo tiempo, persisten piezas fundamentales por completar, particularmente aquellas relacionadas con áreas protegidas, concesiones y permisos y sitios prioritarios. La situación es relevante para la salmonicultura porque el nuevo marco no operará de manera aislada: se cruzará con autorizaciones sectoriales, evaluación ambiental, concesiones acuícolas y la gestión de territorios donde confluyen intereses productivos, ambientales y sociales. La propia plataforma oficial del SBAP mantiene actualmente un conjunto amplio de reglamentos en diferentes etapas de desarrollo, entre ellos los relativos a áreas protegidas, sitios prioritarios, sanciones, compensaciones, áreas degradadas, especies exóticas invasoras y certificación en biodiversidad. El desafío para la industria será, por tanto, anticiparse a un cambio regulatorio que todavía está en construcción. El Registro de Sanciones comienza a cerrar una de las piezas del nuevo sistema. Pero las reglas que definirán el acceso, uso y gestión de los territorios protegidos todavía están en disputa. Y para una actividad como la salmonicultura, que desarrolla parte importante de sus operaciones en el sur austral de Chile, esas reglas podrían terminar siendo tan relevantes como el propio régimen sancionatorio.