Caso Australis: Juzgado cierra investigación penal y abre camino a una nueva revisión de diligencias pendientes

El caso que enfrenta a los antiguos propietarios de Australis Seafoods con el grupo Joyvio sumó este viernes un nuevo capítulo judicial. Tras cumplirse el plazo legal de dos años establecido para la investigación del Ministerio Público, el Cuarto Juzgado de Garantía decretó el cierre de la investigación, pero dejó abierta la posibilidad de revisar diligencias que, según los querellantes, quedaron pendientes. La nueva instancia quedó fijada para el 20 de octubre, fecha en que el tribunal analizará los antecedentes relacionados con una eventual reapertura de la investigación. El cierre se produjo luego de una audiencia en la que los abogados de Australis Seafoods, en calidad de querellantes, cuestionaron que determinadas diligencias solicitadas durante el proceso no se hubieran realizado o hubieran sido rechazadas. A juicio de la parte querellante, esta situación impediría que la investigación alcance la profundidad necesaria antes de avanzar hacia una eventual etapa de juicio. El planteamiento fue acogido por la magistrada, quien, tras disponer formalmente el cierre de la investigación, habilitó la discusión sobre las diligencias que permanecen pendientes. Querellantes apuntan a diligencias pendientes A la salida de la audiencia, el abogado de Joyvio, Jorge Bofill, detalló parte de los antecedentes que fueron incorporados durante la jornada. Entre ellos mencionó un informe de valoración de perjuicios y una comunicación de la Policía de Investigaciones (PDI) relacionada con un peritaje contable que finalmente no fue realizado. Según explicó Bofill, la PDI habría señalado que la ausencia de dicho informe no obedeció a una falta de capacidades técnicas, sino a que la Fiscalía no le remitió los antecedentes objetivos que el organismo policial había solicitado. El abogado sostuvo que, desde la perspectiva de los querellantes, existen antecedentes suficientes para sostener la causa, pero que resulta necesario completar formalmente la investigación con las diligencias pendientes. “La razón por la cual hemos insistido en todas estas diligencias pendientes es porque la ley no nos permite llevar a juicio algo que no está en la investigación”, señaló Bofill. De esta manera, la audiencia de octubre podría convertirse en un nuevo punto de inflexión para una causa que se encuentra estrechamente vinculada con una de las operaciones corporativas más relevantes de la industria salmonicultora chilena. Una disputa que comenzó con la venta de Australis El origen del conflicto se remonta a 2019, cuando el grupo chino Joyvio adquirió Australis Seafoods a Isidoro Quiroga por aproximadamente US$921 millones. Posteriormente, Joyvio acusó al empresario chileno de haber ocultado información relacionada con los niveles de producción de la salmonera. En particular, sostuvo que Australis habría operado bajo un esquema de sobreproducción respecto de los volúmenes autorizados, situación que habría expuesto a la compañía a sanciones ambientales y que, según la tesis de los compradores, habría incidido en la valoración de la empresa al momento de la transacción. A partir de esta controversia, Joyvio recurrió al Centro de Arbitraje y Mediación (CAM), solicitando la anulación del contrato y la restitución del precio pagado o, alternativamente, una indemnización de US$620 millones. El tribunal arbitral no estableció la existencia de dolo, pero sí concluyó que los vendedores habían proporcionado información que calificó como “incompleta”. Sobre esa base, ordenó a Quiroga pagar US$217 millones más intereses, monto que posteriormente se acercó a los US$300 millones. Sin embargo, ese laudo arbitral fue posteriormente anulado por la Corte de Apelaciones en junio, luego de que el tribunal determinara que el órgano arbitral había resuelto sobre una acción distinta de aquella que había sido sometida a su conocimiento. La defensa sostiene que la investigación está agotada Desde Asesorías e Inversiones Benjamín, vinculada a la defensa de Isidoro Quiroga, la lectura del cierre de la investigación es diametralmente distinta. A través de una declaración, señalaron que la Fiscalía habría determinado que, después de realizar una gran cantidad de diligencias, la investigación se encontraba completamente agotada. Según esta posición, la evidencia recopilada demostraría que no existió ocultamiento, engaño, fraude ni dolo. La defensa también hizo referencia al pronunciamiento del tribunal arbitral, destacando que este concluyó que los compradores no habían adquirido la compañía engañados y que contaban con amplia información al momento de concretar la operación. Asimismo, desde la defensa sostuvieron que, antes de comunicarse el cierre de la investigación, los querellantes solicitaron ampliar el plazo para realizar tres diligencias específicas, petición que —según indicaron— fue rechazada por el tribunal. Octubre, una fecha clave para el caso Australis Con posiciones contrapuestas y una extensa disputa judicial y arbitral como antecedente, la audiencia fijada para el 20 de octubre adquiere especial relevancia. El tribunal deberá analizar entonces los antecedentes vinculados con las diligencias que los querellantes consideran pendientes y determinar si existen fundamentos para reabrir la investigación. Por ahora, el cierre formal de la investigación marca el término del período investigativo dentro del plazo legal, pero no necesariamente el punto final de la controversia penal. Para la industria salmonicultora, el caso continúa siendo especialmente relevante por las implicancias que tiene sobre la relación entre cumplimiento regulatorio, información entregada en procesos de compraventa de compañías y responsabilidad frente a eventuales incumplimientos ambientales. La audiencia de octubre permitirá determinar si el expediente queda definitivamente cerrado en esta etapa o si vuelve a abrirse para incorporar nuevas diligencias antes de que el Ministerio Público adopte una decisión respecto del futuro de la causa.