El problema aparece cuando una herramienta de protección territorial puede terminar generando incertidumbre administrativa durante años, afectando inversiones, empleos y proyectos que también forman parte del desarrollo de las comunidades – muchas veces de esas mismas comunidades – y del país.
El documento del Dr. Vega propone, entre otras cosas:
- Establecer plazos máximos para los procesos de ECMPO;
- Evitar que una solicitud suspenda indefinidamente otros proyectos;
- Reconocer la continuidad de actividades acuícolas preexistentes;
- Exigir antecedentes técnicos que permitan acreditar adecuadamente el uso consuetudinario;
- Avanzar hacia un borde costero de usos múltiples, donde distintas actividades puedan coexistir cuando sean compatibles;
- Incorporar una mirada técnica y regional en las decisiones;
- Y, algo que me parece fundamental, asegurar que los estándares ambientales y sanitarios sean iguales para todos, independiente de quién administre el territorio.
Hay una propuesta que considero particularmente interesante: transformar el conflicto en oportunidad, promoviendo también la participación de las propias comunidades indígenas en proyectos acuícolas, mediante capacitación, asociatividad, transferencia tecnológica y modelos de gobernanza compartida.
En definitiva, no debiéramos plantear esta discusión como: “pueblos originarios versus acuicultura”… esa es una falsa dicotomía. La pregunta correcta, a mi juicio, es: ¿Cómo hacemos para que derechos indígenas, protección ambiental y desarrollo productivo puedan coexistir en un mismo territorio?
El sentido común indica que necesitamos reglas claras, plazos razonables, decisiones basadas en antecedentes verificables y, sobre todo, disposición a buscar soluciones donde ganar uno no signifique necesariamente que el otro tenga que perder.
El mar es demasiado importante para Chile como para convertirlo en un territorio de conflictos permanentes. Necesitamos aprender a compartirlo, ordenarlo y administrarlo con criterios técnicos, respeto por los derechos de todos y visión de largo plazo.
Ese debería ser el verdadero espíritu de una modernización de la Ley Lafkenche.
Vale la pena leerlo y considerarlo. Como hemos venido revisando en las últimas semanas, hay aquí una discusión que debemos ser capaces de tener con serenidad y sentido común. La Ley Lafkenche nació con un objetivo legítimo: reconocer y proteger los usos y costumbres de los pueblos originarios sobre determinados espacios costeros. El problema no está necesariamente en ese propósito.