El comienzo del ciclo de charlas técnicas organizado por nuestro medio InfoSALMON, que en esta oportunidad inició con la temática «Normativas aplicadas a la salmonicultura», fue apreciado por los participantes como una jornada de aprendizaje y análisis que les permitirá desarrollar diversas estrategias y líneas de acción en sus compañías.
Primera instancia
El encuentro fue iniciado por David Zaviezo, abogado de la Universidad de Chile y socio de CERTES Abogados quien abordó la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medio Ambientales, y destacó la gran atención del público, lo que se reflejó en las preguntas atingentes que realizaron.
«Se nota que hay cierto conocimiento sobre la normativa, pero todavía falta. Hay algunas empresas que, por supuesto, han avanzado más que otras en implementar un modelo de prevención de delitos, mientras que otras recién se están interiorizando en la materia. Así que todavía hay espacio para que las compañías puedan estudiar más e informarse mejor», expresó David Zaviezo a nuestro medio especializado en ciencias de la acuicultura, InfoSALMON.
Segunda charla
La segunda charla fue desarrollada por Gonzalo Varela, abogado de la Universidad Católica de Chile y socio de Varela Abogados, que reflexionó sobre la Ley General de Pesca y Acuicultura y Ley Lafkenche.
“Estos tipos de encuentros son fundamentales porque a veces la industria se encuentra muy ensimismada en su forma de operar y tolera muchas regulaciones. El objetivo aquí fue abrir un poco la mirada acerca de cómo se pueden enfrentar estas normativas. No necesariamente porque algo sea ley quiere decir que está bien”, aseveró Gonzalo Varela.
“Ciertas leyes, como las que analizamos en este caso, responden a identidades y agendas que son muy locales. A pesar de su carácter local, se vuelven genéricas y abstractas, lo que termina impactando los derechos de otros sectores, no solo de la industria acuícola, sino también de los pescadores artesanales, por ejemplo. Esto es muy nocivo porque afecta a una gran cantidad de personas, como familias, trabajadores y sindicatos. Por lo tanto, el encuentro en este caso es sumamente relevante para que otros actores que participan en la industria puedan tomar conocimiento de cuáles son las vías o herramientas para poder solucionar un conflicto como este”, analizó el profesional.
Tercera intervención
En tanto, la tercera intervención estuvo a cargo de Rodrigo Salvo, ingeniero ambiental de la Universidad de Playa Ancha, magíster en la Universitat de Barcelona y CEO de Asalvo Asesoría Ambiental. En su presentación, analizó la Ley 20.920, más conocida como Ley REP sobre Responsabilidad Extendida del Productor.
“Me encantó esta invitación que realizó InfoSALMON. Creo que es una instancia necesaria para que el mundo salmonero sepa cómo abordar esta nueva ley, porque es compleja y contiene mucha información. Vi que los participantes quedaron satisfechos de poder entender en forma general cómo se debe hacer una bajada correcta a las áreas comerciales y operativas sobre lo que es la Ley REP”, realzó Rodrigo Salvo.
“Esta ley nos convoca a trabajar no solo con los residuos, sino también con los proveedores. Además, involucra a todas las áreas de la empresa, no solo al área ambiental, sino también a las áreas comercial, operativa y logística. Nos invita a realizar ecodiseño y a pensar de manera innovadora. Creo que se cumplió el objetivo de la iniciativa porque lograron entenderlo y ahora tendrán las herramientas para desenvolverse y desarrollar sus líneas de acción en sus propias empresas”, realzó Salvo.
Modelo de Prevención de Delitos
Los principales aspectos abordados sobre la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medio Ambientales es que “crea un nuevo estatuto e incorpora decenas de nuevos delitos a este que van a ser aplicables a partir de septiembre para las personas jurídicas y es aplicable para las personas naturales y en particular para la salmonicultura. Respecto a los delitos que tienen relación con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental también es súper importante que las empresas comiencen a preocuparse y ocuparse de cómo abordarlo dentro de su modelo de prevención de delitos para prevenir que ocurran en sus operaciones diarias”, detalló David Zaviezo.
En relación a los planes estratégicos que deberían desarrollar las compañías para abordar esta normativa, Zaviezo, sugirió que, las empresas deben “revisar sus procedimientos y operaciones, además de la relación que tienen con los organismos públicos, y en base a ello, diseñar una matriz de riesgo, muy a la medida de sus operaciones y de su giro para que así tengan una buena base para lograr un exitoso modelo de prevención de delitos”.
Problemas prácticos y vicios
Varela inició la conversación explicando cómo se originó la Ley Lafkenche. Luego, profundizó sobre los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO), la figura jurídica que creó esta normativa y finalmente, analizó los problemas prácticos que esta figura genera en la industria.
“En este caso, abordamos el efecto suspensivo y de preferencia, las dimensiones que abarcan estos espacios y cómo esto genera un impacto a nivel de cómo la industria puede desarrollarse desde un punto de vista económico y cómo se ve limitada. Y eso nos abrió paso a analizar los vicios de constitucionalidad, es decir, si esta ley que afecta la industria de alguna manera se ajusta o no a la Constitución», puntualizó.
“Lo que propusimos fue la tesis de que esta ley no se ajusta a la Constitución, básicamente porque, por ejemplo, derechos esenciales como la libre iniciativa en materia económica están completamente anulados y sofocados por una ley que debería ser armónica y compatible con la Ley General de Pesca y Acuicultura”, afirmó Varela.
La segunda etapa de la charla se centró en las vías para solucionar esta problemática. «Abordamos otras alternativas, como las acciones de inaplicabilidad constitucional y la inconstitucionalidad», indicó. «Analizamos un ejemplo práctico relacionado con las denuncias infraccionales que realiza Sernapesca. La Ley General de Pesca y Acuicultura otorga a estas denuncias una presunción de veracidad, la cual ya ha sido declarada inaplicable por inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional», explicó.
«Este mismo ejemplo nos permitiría avanzar en materia de Ley Lafkenche. Podríamos declarar inaplicables aquellas disposiciones que efectivamente contravienen la Constitución. Sin embargo, el objetivo no sería derogar la ley por completo, anulando su espíritu, sino lograr que sea armónica y se integre con la Ley General de Pesca y Acuicultura», explicó.
Gobernanza en las compañías
Salvo enfatizó que para abordar la Ley REP, «lo primero que hay que realizar es un tema de gobernanza. Esto no debe nacer de las áreas operativas, sino de la gerencia propiamente tal. Las compañías deberían hacer una declaración pública, porque de hecho los sistemas de gestión están auditando ese punto donde se indica explícitamente una declaración de que se trabajará en pos de la Ley REP».
Recalcó que «esto debe nacer en las gerencias generales o gerencias comerciales y luego de ello darle una bajada técnica operativa a las áreas de logística y comerciales. Es decir, que se puedan comunicar con los proveedores, levantar la línea de base y también con el área logística para que empiecen a entender cómo bajar la materialidad y hacer proyectos de ecodiseño. En cuanto a la parte operativa, el ingeniero ambiental debe tomar un rol más de facilitador, de entender los conceptos y empujar para que esto funcione».
Explicó que «sin la gobernanza, estos temas quedan muy en lo operativo y no se visualizan desde el punto de vista estratégico. Es un tema que llegó para quedarse y es un nuevo punto de contacto con el cliente. Hay un mundo de oportunidades, no solamente de gestión de residuos, sino también de darle una propuesta de valor concreta al producto y tener atributos ambientales que sirvan para la toma de decisión de compra de un cliente, lo cual es vital».
Lea la nota previa sobre el evento publicado en InfoSALMON aquí.
