En Islandia se ha desatado una disputa política por la concesión de nuevas licencias de cultivo en los fiordos a las empresas salmoneras del país. Se acusa al gobierno de regalar los recursos nacionales a empresas comerciales, muchas de ellas extranjeras.
Las propuestas están contenidas en un proyecto de ley parlamentario y, de aprobarse, permitirían a las empresas pisciculturas explotar los fiordos por tiempo indefinido. Pero se han encontrado con una fuerte oposición, tanto dentro como fuera del Parlamento, sobre todo por parte de diputados y grupos hostiles a la acuicultura.
Críticas
Los críticos afirman que el gobierno no debería dar a las empresas acceso indefinido a los fiordos, algunos de los cuales son zonas de extraordinaria belleza natural.
El gobierno ha defendido con firmeza su postura. El cultivo en centros abiertos en Islandia se ha convertido en una gran polémica tras las fugas y otros incidentes graves del año pasado. Otros críticos afirman que la legislación propuesta es demasiado vaga.
La actividad se ha expandido rápidamente en Islandia en la última década, con una producción de más de 50.000 toneladas al año y perspectivas de crecimiento. Del mismo desarrollo del negocio, también trajo consigo empleo y nueva prosperidad a zonas de antaño deprimidas por la pesca, que además es popular entre la población de esos distritos.
La decisión final corresponderá probablemente a un comité del Althingi, el Parlamento islandés. En tanto, para suavizar la situación, una de las sugerencias es limitar las licencias en el tiempo, proponiéndose un periodo de 16 años. No obstante, podrían renovarse al expirar dicho periodo.
