La historia se remonta a fines del año pasado, cuando el Gobierno de Chile y dos importantes empresas salmoneras, la canadiense Cooke Aquaculture y AquaChile, suscribieron un acuerdo de relocalización voluntaria, para que en un marco de colaboración público-privada las empresas priorizaran “la relocalización de las nueve concesiones acuícolas que operan ‘en o cerca de’ los parques nacionales Isla Magdalena, Laguna San Rafael y Bernardo O’Higgins”.
En el caso de Cooke, “se acordó con las autoridades poner en el texto el término ‘cerca de’, ya que sus operaciones no se encuentran dentro de parques nacionales o áreas protegidas, pero concurrimos al acuerdo como una manifestación de buena fe y espíritu colaborativo, confiando en que los ministros y subsecretarios que suscribieron el acuerdo representaban efectivamente al Estado de Chile”, explicó Andrés Parodi, gerente general de Cooke en Chile.
Sin embargo, la semana pasada, en una decisión que la empresa calificó de “inexplicable y completamente infundada”, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) solicitó al Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia la paralización de la siembra en uno de los principales centros de cultivo para el período 2025.
Los abogados del estudio Barros & Errázuriz David Cademartori y Martín Gutiérrez, explicaron que “la empresa llevaba meses trabajando con la Subsecretaría de Pesca el proceso de siembra, obteniendo todas las autorizaciones necesarias. La SMA al paralizar este proceso de siembra no solamente pasa por alto las autorizaciones regulatorias específicas de la Subsecretaría de Pesca y desconoce su autoridad. Adicionalmente, incumple en forma grave el acuerdo suscrito con dos ministros y dos subsecretarios en representación del Estado de Chile. En la práctica, esta decisión de la SMA significa no considerar los efectos económicos, financieros y de empleo, por una actuación arbitraria, en una región en que la acuicultura es la principal fuente de trabajo”.
Los abogados de Cooke destacaron que “la petición de la SMA y la posterior resolución del Tribunal dejan a la empresa en una completa indefensión, ya que el plazo para otorgar la medida de prohibición de siembra es prácticamente inmediato, mientras que la reclamación por parte del particular puede demorar meses, cuando ya el período de siembra dejó de ser viable y los efectos nocivos para la empresa pueden ser irremediables. Agrava esta situación el hecho que la SMA no consideró información ambiental relevante al Tribunal, ya que en el expediente administrativo está acreditado que no existe afectación ni riesgo alguno al medio ambiente. De hecho, los propios informes técnicos de los asesores que la SMA obligó contratar a la empresa, certificaron que los centros no han causado daño al medioambiente y, esas mismas personas -de confianza de la SMA-, son las que certifican que el centro está funcionando en perfectas condiciones”.
Finalmente, el gerente general de Cooke en Chile, Andrés Parodi, anunció que “frente a la desprotección de Cooke ante el Estado de Chile, ejerceremos todas las acciones a nuestra disposición para reparar el enorme daño que la acción estatal pueda generar a nuestra empresa, por lo cual, además de las acciones judiciales, informaremos de la situación al Gobierno de Canadá a través de su embajada en Santiago y evaluaremos una reclamación ante el CIADI por incumplimiento del Estado de Chile a los tratados de protección de inversiones actualmente vigentes entre Chile y Canadá. Esta situación es un nuevo golpe a la confianza que todos buscamos para la inversión extranjera”.
