La petición —que abarcaba más de 56 mil hectáreas desde Huelmo hasta Chaicas, incluyendo las islas Maillen y Huapi Huar— buscaba el reconocimiento de derechos de uso y administración del borde costero. Sin embargo, su magnitud y las más de 800 sobreposiciones con viviendas, infraestructura, concesiones acuícolas y áreas de pesca artesanal, generaron amplia preocupación entre sectores productivos y autoridades locales.
El informe técnico de la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplader) del Gobierno Regional, que ofició como secretaría técnica de la CRUBC, detalló que se trata del caso con mayor número de sobreposiciones del país. Incluyendo 221 concesiones acuícolas, 8 caletas de pesca artesanal, 452 viviendas emplazadas en terrenos de playa, 19 rampas y atracaderos, además de zonas portuarias, urbanas y turísticas.
Tras la exposición del informe. La solicitud fue rechazada por 41 votos en contra y 5 abstenciones, correspondientes a representantes de comunidades indígenas, la Seremi de Medio Ambiente, Conadi y la Municipalidad de San Juan de la Costa.
Declaraciones de autoridades
El gobernador regional Alejandro Santana valoró la decisión como una señal de madurez regional y un llamado a revisar la normativa vigente: “Hoy día hay una señal muy importante que ha dado la Región de Los Lagos: la ley se tiene que modificar. Son más de 1,9 millones de hectáreas solicitadas (en el país) que afectan no solo el desarrollo productivo privado, sino también la inversión pública. Esta votación mayoritaria refleja la necesidad de avanzar hacia certezas jurídicas y un desarrollo sustentable. Donde prime el bienestar de toda la sociedad, incluidos los pueblos originarios”.
La delegada presidencial regional, Paulina Muñoz, destacó el trabajo técnico de los organismos participantes y la necesidad de fortalecer la gestión integral del borde costero: “Estamos dando una muestra importante de cómo debemos resguardar nuestro borde costero de manera sustentable. Esta votación refleja un análisis técnico y normativo sólido, considerando una solicitud de más de 56 mil hectáreas y más de 800 sobreposiciones. Esto demuestra la responsabilidad con la que actuó la comisión”.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, subrayó el impacto que la propuesta podría haber tenido en el desarrollo económico local: “Hoy era un día importante para el desarrollo económico de nuestra ciudad. Esta ECMPO ponía en riesgo el sustento de pescadores, recolectores de orilla y de la industria salmonera. Estamos hablando de más de 56 mil hectáreas. Una extensión inviable para ser gestionada por comunidades. Creo que este resultado también demuestra la urgencia de revisar la Ley Lafkenche y su reglamento”.
Rechazan propuesta por falta de diálogo y desproporción en uso del borde costero
Por su parte, el alcalde de Calbuco, Marco Silva, recalcó la falta de proporcionalidad de la solicitud y la ausencia de los solicitantes en la sesión: “El espíritu de la ley era que los espacios fueran proporcionales al uso de los pueblos. Y no que abarquen todo el Seno del Reloncaví. Los espacios propuestos en Huelmo y Calbuco no correspondían a la realidad descrita en los informes. Me llama la atención que ni siquiera las comunidades hayan participado para fundamentar su solicitud. Aquí hubo un rechazo casi unánime, y eso demuestra que se puede discutir sin miedo, con altura de miras. El desarrollo del Seno del Reloncaví tiene un eje comercial y también turístico, y debemos resguardarlo con equilibrio”.
Mirada desde Consejo del Salmón
Desde el Consejo del Salmón de Chile, su presidenta Loreto Seguel valoró el resultado de la jornada como una señal de responsabilidad institucional, destacando que “no se trata de celebrar una votación, sino de entender lo que revela: que existe un consenso transversal sobre la necesidad de revisar una ley que, teniendo un espíritu legítimo, ha terminado generando conflictos y tensiones territoriales, que Chile no puede ni debe tener. La Ley Lafkenche nació para reconocer los usos ancestrales del mar, pero su aplicación actual —sin criterios proporcionales ni evidencia técnica suficiente— ha producido efectos contrarios a su propósito: incertidumbre, paralización de proyectos y división en las comunidades”.
Agregó que, como gremio, “creemos que se debe revisar la institucionalidad asociada a la Ley Lafkenche —la ley, su reglamento y su instructivo— para devolverle su sentido original y asegurar una convivencia justa en el borde costero y el desarrollo tan necesario para Chile. El sur de Chile es sinónimo de trabajo, identidad y arraigo. Nuestra tarea como gremio es contribuir a que esas condiciones se mantengan, con diálogo y visión de largo plazo”.
Contexto
La solicitud de ECMPO Ngulam Ñuke Lafken permaneció en trámite durante más de seis años. Siendo una de las más extensas y complejas de la región. Su rechazo reabre el debate sobre los mecanismos de compatibilización entre los derechos de los pueblos originarios y las actividades productivas en el borde costero. Así como la necesidad de una actualización a la Ley Lafkenche que permita mayor claridad jurídica y participación equilibrada de los distintos actores territoriales.
