La industria salmonera en Chile, además de ser un motor económico con un valor agregado que, al incluir proveedores directos e indirectos, supera los US$6.000 millones (equivalente al 2,5% del PIB nacional), está inevitablemente vinculada al territorio y a las comunidades costeras. Sin embargo, esta relación no siempre ha sido armónica.
Conexión de la salmonicultura con su entorno
El desarrollo productivo, cuando se desconecta de las realidades locales y medioambientales, termina generando conflictos sociales y cuestionamientos éticos. Aquí es donde el compliance más que un requisito legal, puede ser la clave para construir un desarrollo sostenible, que beneficie tanto a las empresas como a las comunidades.
El desafío no solo radica en cumplir con las exigencias regulatorias y ambientales, sino en ir un paso más allá, adoptando prácticas que integren a las comunidades como actores relevantes en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque los territorios costeros no sólo son zonas de producción, sino que también el hogar de pescadores artesanales, emprendedores locales y familias que han vivido durante generaciones de la riqueza del mar. Ignorar estas dinámicas solo profundiza la brecha entre las industrias y las comunidades, deteriorando la confianza y generando resistencias sociales.
Ejemplos internacionales demuestran que el éxito de una industria extractiva depende en gran medida de su capacidad de construir legitimidad social. En Noruega, principal referente en la salmonicultura, el trabajo con comunidades ha sido clave para lograr una coexistencia productiva y ambientalmente sostenible. Empresas como Mowi y Cermaq, por ejemplo, han implementado políticas de relacionamiento que van desde la colaboración en la limpieza de las costas hasta programas educativos para jóvenes locales.
E la práctica, un conflicto con una comunidad puede detener una operación entera, con pérdidas económicas y reputacionales incalculables. En un contexto global donde las certificaciones y la trazabilidad son exigidas por los mercados más grandes (como Europa y Estados Unidos), las empresas que no adapten sus prácticas corren el riesgo de quedar fuera del juego.
Cumplimiento de la ley y buenas prácticas
La Ley de Delitos Económicos refuerza la responsabilidad penal de las personas jurídicas, exigiendo modelos de prevención que incluyan no solo el cumplimiento de la normativa legal, sino también la adopción de buenas prácticas corporativas. Aquí, el compliance toma un rol protagónico en la gestión de riesgos sociales, evitando conflictos que puedan terminar en sanciones o bloqueos productivos.
Por tanto un buen programa de compliance debe incorporar estrategias de relacionamiento responsable con las comunidades costeras. Esto implica comunicar de manera abierta las prácticas productivas y sus impactos reales, generando instancias de diálogo constante. Involucrar a las comunidades en soluciones sostenibles, entendiendo sus preocupaciones y necesidades específicas. Más allá de cumplir con normas ambientales, las empresas deben invertir en proyectos que agreguen valor al territorio, como educación, empleo local o infraestructura.
Esta industria tiene la oportunidad de liderar un modelo de negocio donde el desarrollo económico no esté reñido con la sostenibilidad y el respeto por las comunidades costeras. La relación entre empresas y comunidades no puede ser de competencia; debe ser de colaboración.
Como suelo decir: si lo que haces no puedes contárselo a tus padres o que se sepa públicamente, lo más probable es que sea cuestionable o, al menos, indebido. La industria salmonera debe preguntarse si sus prácticas actuales soportarían el escrutinio público.
