En los últimos días la alcaldesa suplemente de Ancud, Ruth Caicheo y movimientos “Defendamos Chiloé” y “Defendamos la Patagonia” han publicado una serie noticias entorno al efecto que podría tener la medida legislativa y de una eventual discriminación a los pueblos originarios.
Mauro González reafirma defensa de fuentes de trabajo en la región
Sobre la difusión de estas informaciones, el parlamentario RN, Mauro González reaccionó de manera directa a través de la red social Instagram “durante estos últimos días hemos sido objeto de ataques y mentiras de parte de grupos ideológicos extremistas debido a la suspensión de la Ley Lafkenche durante el año 2025, sin perjuicio, además, que el Gobierno buscará a través del Tribunal Constitucional dejar sin efecto nuestra indicación”.
De igual forma enfatizó que “yo le digo a estos grupos, no me van amedrentar y vamos a seguir defendiendo las fuentes de trabajo y productivas de la región de Los Lagos»
«Vamos a continuar junto a la pesca artesanal, los trabajadores de la salmonicultura, el comercio, el turismo, el transporte y junto a todas las actividades vinculadas al borde costero. Deben entender de una vez por todas que la Ley Lafkenche se debe modificar, se debe mejorar y que su aplicación durante el año 2025 se debe suspendee”, recalcó el diputado por el distrito 26.
Origen de la controversia
Hace unos días en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025, el pleno del Senado tuvo por aprobada una indicación que deja sin aplicación la Ley N°20.249, más conocida como Ley Lafkenche, una de las dos normativas que regulan materias de los pueblos originarios en el país. Esto, tras rechazarse por 20 votos contra 14 una indicación ingresada por el Ejecutivo y los senadores Núñez y Pascual que buscaba justamente suprimir la indicación propuesta por los diputados Mauro González y Marcia Raphael (RN).
Específicamente, la indicación ahora aprobada por el Senado suspende el ingreso de nuevas solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), la figura de protección creada y regulada por la Ley Lafkenche, por el plazo de un año y da un plazo de seis meses para que los órganos administrativos pertinentes resuelvan las solicitudes de ECMPO que actualmente se encuentren en tramitación. En caso de no hacerlo, estas se entenderán como rechazadas, imponiéndose un silencio administrativo negativo no contemplado originalmente en la Ley que regula los ECMPO.
