En el marco de la discusión por la modificación de la Ley Lafkenche, los diputados del Distrito 26 entregaron sus visiones sobre cómo debería llevarse adelante este proceso legislativo. Desde la región sur austral, donde existe consenso en torno a la necesidad de cambios, los parlamentarios enfatizaron la importancia de trasladar ese acuerdo al Congreso Nacional y de definir el rol que jugará el Gobierno en la tramitación. A continuación, las cuñas textuales de Mauro González, Claudia Reyes y Alejandro Bernales, que reflejan el pulso político y las estrategias para enfrentar este debate.
El ambiente en el Parlamento
El diputado Mauro González fue enfático en señalar que existe voluntad política para impulsar la modificación: “Yo creo que en el Congreso Nacional está la voluntad política y la fuerza política para impulsar una modificación a la ley Lafkenche. Ya hay un reconocimiento que la ley hoy día es un problema en Chile, en los bordes costeros, para diferentes áreas: lo productivo, lo laboral, lo social. Ahora lo que hay que hacer es terminar con la teoría y llevar esto a la práctica, meter cierta urgencia a la moción que está en el Senado para que pueda avanzar”.
González recordó que en años anteriores ya había impulsado iniciativas para suspender los trámites de ECMPO, aunque estas fueron frenadas en el Tribunal Constitucional: “Incluso en una oportunidad en la Ley de Presupuestos presenté una moratoria que se suspenda cualquier trámite en ley Lafkenche. La ganamos en la Cámara, la ganamos en el Senado y después el Gobierno del expresidente Boric la votó en el Tribunal Constitucional. La gente conoce que siempre mi intención como diputado ha estado en impulsar la modificación”.
El rol del Gobierno según Alejandro Bernales
El diputado Alejandro Bernales coincidió en que el consenso regional es claro, pero advirtió que en otras zonas del país la disposición es menor: “En la zona sur estamos todos de acuerdo en que tiene que haber una modificación. Los parlamentarios que no les toca vivir la situación que tenemos en nuestra región efectivamente no se muestran muy abiertos a poder legislar respecto a la ley Lafkenche. Ahora, acá el sartén por el mango lo tiene el gobierno, y es el gobierno que presenta la urgencia de los proyectos”.
Bernales insistió en que el Ejecutivo debe actuar con rapidez: “En la comisión de pesca le solicitamos al subsecretario que en un mes pueda ingresar el proyecto de ley o definir cómo vamos a avanzar con la modificación. El gobierno ya se comprometió a una modificación, lo que necesitamos es que eso sea lo antes posible. La consulta indígena hay que hacerla rapidísimo, no se puede repetir el error que se cometió con la ley de patrimonio, donde la consulta se hizo tarde y el proyecto terminó cayendo”.
La mirada de la diputada Claudia Reyes
Por su parte, la diputada Claudia Reyes destacó el trabajo académico que sustenta la propuesta y la necesidad de consensuar cambios tanto en la ley como en su reglamento: “Nosotros recibimos con bastante buenas expectativas esta iniciativa de la Universidad de San Sebastián. Se nota que hay un estudio bien acabado sobre la materia. Estamos muy de acuerdo en que hay que hacer una modificación a la ley y también al reglamento. Estaremos respondiendo a las inquietudes que la universidad nos solicitó con un plazo de siete días para ver de qué manera podemos consensuar esto”.
Reyes subrayó la importancia de articular esfuerzos con parlamentarios de distintas bancadas: “Tenemos representantes en todas las comisiones del Congreso y estamos atentos a los temas que se ven en cada comisión que sean vinculantes a nuestra región. Es por eso que el trabajo colaborativo con los parlamentarios del oficialismo va a ser muy importante para sacar todas estas iniciativas adelante”.
Urgencia del gobierno y articulación parlamentaria
La jornada en Puerto Montt dejó en evidencia que los parlamentarios del Distrito 26 —González, Reyes y Bernales— comparten la convicción de que la Ley Lafkenche requiere cambios urgentes. Sin embargo, también reconocen que el éxito de esta modificación dependerá de la capacidad del Gobierno para dar prioridad al proyecto y de la articulación política que logren construir con sus colegas de otras regiones.
El debate recién comienza, pero la presión desde la zona sur austral es clara: la modificación debe avanzar ahora, con urgencia y con un proceso de consulta indígena bien planificado.
