A pocas semanas de la asunción del nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast, y ya definido el abogado Osvaldo Urrutia como próximo subsecretario de Pesca y Acuicultura para el nuevo período, se vuelve pertinente revisar las principales gestiones, avances, logros y también las diferencias que marcaron la administración del subsecretario saliente, Julio Salas.
Salmonicultura bajo presión regulatoria
Proyectos de ley, nuevas exigencias ambientales y el debate por el SBAP han marcado un vínculo complejo entre la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y el sector salmonero, atravesado por diálogos técnicos, pero también por fuertes diferencias regulatorias.
La relación entre la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, liderada por Julio Salas, y la industria de la salmonicultura ha estado marcada por una combinación de colaboración institucional y tensión regulatoria. Durante su gestión, el foco ha estado puesto en avanzar hacia un nuevo marco normativo para la acuicultura, con mayores estándares ambientales, ordenamiento territorial y sostenibilidad productiva, lo que ha generado inquietud en uno de los principales sectores exportadores del país.
Desde el actual gobierno se ha planteado la necesidad de actualizar reglas que datan de décadas anteriores, mientras que el sector privado ha advertido riesgos para la competitividad, la inversión y el empleo en el sur austral.
Ley de Acuicultura: el rediseño del sector
Uno de los pilares de la gestión de Salas, ligada al sector salmonicultor fue en el inicio de su gestión el impulso de la primera Ley de Acuicultura como cuerpo legal integral, orientado a regular de forma sistémica el desarrollo de la actividad, dominada productivamente por el cultivo de salmón.
El proyecto propuso en su momento una transformación estructural en la forma en que se regula la actividad acuícola, incorporando como ejes centrales el ordenamiento territorial de las concesiones, nuevas reglas para la relocalización de centros de cultivo y su compatibilidad con áreas protegidas. A ello se suman la definición de límites productivos y sanitarios más estrictos, junto con evaluaciones ambientales más exigentes, orientadas a reforzar la sostenibilidad del sector y su convivencia con los ecosistemas donde opera.
En cuanto al estado de tramitación, durante la actual administración se avanzó en la elaboración de bases regulatorias para una ley específica de acuicultura, junto con el desarrollo de mesas técnicas que involucraron a la industria salmonera, comunidades costeras y organizaciones ambientales. Asimismo, se trabajó en propuestas de ordenamiento territorial y en la revisión de concesiones y procesos de relocalización de centros de cultivo. No obstante, el proyecto ha debido enfrentar una alta complejidad técnica y territorial, además de la superposición con otras reformas sectoriales —como la Nueva Ley de Pesca—, los potenciales impactos económicos en regiones del sur austral y un intenso debate ambiental asociado a la operación en áreas protegidas. Debido a estos factores, su avance ha sido gradual y se mantiene aún en fase de diseño y discusión, más que en una etapa de aprobación definitiva.
SBAP: biodiversidad y áreas protegidas
Otro punto crítico en la relación ha sido la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), legislación que impacta directamente a la salmonicultura debido a la superposición de concesiones con espacios de alto valor ecológico. Cabe recordar que esta norma, llevó a una masiva movilización del sector en las regiones del sur austral del país. Diferencias que aún persisten en el ámbito de los reglamentos implementados, justo cuando ya sea ha instalado la institucionalidad de los SBAP en las regiones, lo que las deja como una noticia en desarrollo.
Más allá del salmón: las otras polémicas del subsecretario
La gestión del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, ha estado marcada por una serie de polémicas asociadas principalmente al impulso de reformas estructurales al modelo pesquero. El mayor foco de controversia se concentró en la tramitación de la Ley de Fraccionamiento, iniciativa que busca redefinir la distribución de cuotas entre la pesca industrial y artesanal.
El proyecto generó protestas de pescadores artesanales en distintas zonas del país, quienes demandaban mayor participación, mientras que desde el sector industrial se advirtieron eventuales pérdidas de empleo y cierres de operaciones. A ello se sumaron cuestionamientos por el uso de cifras durante el debate legislativo —especialmente en la pesquería de la merluza—, donde actores empresariales acusaron datos erróneos que habrían influido en decisiones parlamentarias.
En paralelo, la industria criticó el rediseño regulatorio impulsado por la Subsecretaría, alertando sobre pérdida de certeza jurídica, reducción de cuotas y riesgos laborales, mientras que organizaciones artesanales presionaban por cambios más profundos, obligando a la autoridad a posicionarse como árbitro entre ambos sectores.
Exportaciones y exigencias internacionales
Durante la gestión también se han abordado desafíos relevantes en materia de comercio exterior del salmón chileno, particularmente frente a las crecientes exigencias ambientales de mercados como Estados Unidos. Entre los principales focos han estado el cumplimiento de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, la implementación de sistemas de monitoreo para la interacción con fauna y el fortalecimiento de certificaciones de sostenibilidad. En este contexto, la Subsecretaría ha impulsado coordinaciones público-privadas orientadas a resguardar la continuidad de las exportaciones, considerando que el salmón se mantiene como el segundo producto de exportación del país.
Diálogo institucional y fricciones sectoriales
Pese a las diferencias que han marcado la relación con el sector, la gestión del subsecretario Julio Salas ha sostenido instancias permanentes de diálogo a través de mesas de trabajo con el Consejo del Salmón, SalmonChile, empresas productoras, gobiernos regionales y comunidades costeras. Sin embargo, desde los gremios de la industria se ha manifestado preocupación por lo que califican como un proceso de “sobrerregulación”, especialmente ante la convergencia de iniciativas como la futura Ley de Acuicultura, la implementación del SBAP, el ordenamiento territorial marítimo y el aumento de las exigencias ambientales para la actividad.
Territorios en disputa
Las tensiones territoriales se han concentrado principalmente en las regiones del sur austral. En Los Lagos, el foco ha estado puesto en la regulación de concesiones y la gestión de barrios sanitarios; en Aysén, en los procesos de relocalización de centros y su compatibilidad con áreas protegidas; mientras que en Magallanes el debate se ha centrado en la expansión futura de la actividad frente a mayores restricciones ambientales. En estos territorios, la salmonicultura convive con demandas de comunidades locales, el desarrollo del turismo, la pesca artesanal y la presión de organizaciones ambientalistas, configurando un escenario de alta sensibilidad política y productiva.
11 de marzo: El inicio de una nueva era con otros actores
En síntesis, la relación entre el subsecretario Julio Salas y la industria salmonera ha oscilado entre la cooperación técnica y la tensión política. Mientras el Gobierno impulsa una transformación estructural del marco acuícola, el principal desafío sigue siendo equilibrar crecimiento económico, protección ambiental y estabilidad regulatoria en uno de los motores productivos del sur de Chile.
La nueva etapa que comenzará el 11 de marzo tendrá nuevos interlocutores desde el Ejecutivo, encabezados por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el futuro subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, así como también desde el ámbito gremial, con la reciente llegada de Patricio Melero a la presidencia de SalmonChile. Más allá de las eventuales cercanías políticas, la atención estará puesta en cuáles serán los ejes prioritarios de la gestión que se inicia y cómo se reconfigurará la relación entre el gobierno y la principal industria acuícola del país
