La creciente judicialización de las decisiones administrativas relacionadas con la Ley Lafkenche (Ley 20.249) se ha convertido en un foco de incertidumbre que afecta la gestión del borde costero y genera inquietud entre actores productivos, incluido el sector salmonicultor, debido a la dilación y la falta de certeza en la definición de espacios costeros marinos de pueblos originarios, según expresa un artículo publicado en el diario El Mercurio.
La Ley Lafkenche, promulgada en 2008 con el objetivo de reconocer y proteger los usos consuetudinarios de los pueblos indígenas en el borde costero mediante la figura de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), ha sido objeto de múltiples recursos judiciales que buscan impugnar decisiones de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC). Esto ha derivado —según el análisis— en un aumento de la judicialización de procedimientos que, aun cuando en su mayoría son rechazados por los tribunales, generan efectos prácticos importantes en los plazos y en la seguridad jurídica para proyectos y actividades en zonas costeras.
Recursos judiciales y cifras del Observatorio Judicial
Entre 2012 y 2025, los recursos de protección vinculados a solicitudes ECMPO han sido rechazados en un 75% de los casos en Cortes de Apelaciones y en un 61,5% en la Corte Suprema, de acuerdo con cifras citadas por el Observatorio Judicial. Aunque estos rechazos sugieren que la justicia no ha acogido la mayoría de los recursos, especialistas sostienen que el solo hecho de recurrir a tribunales dilata los procesos y entorpece la implementación de decisiones administrativas.
Juan Francisco Cruz, investigador del Observatorio Judicial, advierte que el fallo de la Corte Suprema que ordenó retrotraer la votación de solicitudes ECMPO en la región de Aysén —que habían sido inicialmente rechazadas y abarcan más de 621.000 hectáreas— podría “abrir la puerta a la incertidumbre” y generar un precedente donde los actores involucrados internalicen que las decisiones de la CRUBC pueden ser reversibles judicialmente, debilitando su operatividad efectiva.
Caso Aysén y efectos en la gestión del borde costero
El caso de Aysén representa un ejemplo emblemático de esta dinámica: luego de que la Corte Suprema ordenara repetir la votación de dos solicitudes ECMPO en noviembre de 2025 —cuya superficie total supera las 621 mil hectáreas— la CRUBC volvió a rechazar ambas solicitudes en diciembre de ese año. Pese a ello, las comunidades Pu Wapi y Antu Rain presentaron nuevos recursos para impugnar las decisiones, prolongando aún más el proceso.
Especialistas consultados señalan que este tipo de situaciones genera una tensión entre la esfera administrativa y la judicial, lo cual se traduce en una percepción de falta de certeza para los sectores productivos que dependen de decisiones claras y oportunas en el borde costero, como la salmonicultura.
Impacto en planificación y actividad productiva
Diversos actores del ámbito privado perciben que la implementación de la Ley Lafkenche puede constituir un obstáculo para el desarrollo de actividades y futuras iniciativas de inversión en el borde costero. Para un sector como el salmonicultor, que opera en espacios marítimos y requiere certidumbre para expandir, renovar concesiones o planificar proyectos, este tipo de incertidumbre puede traducirse en riesgos regulatorios adicionales.
Caminos para otorgar mayor certeza jurídica
Desde el ámbito jurídico y regulatorio, se plantean posibles caminos para aliviar la situación sin necesariamente reformar la ley. Pablo Manríquez, abogado especialista en derecho pesquero y regulación, sostiene que, si bien judicializar decisiones administrativas es un recurso legítimo, es imprescindible otorgar mayor certeza jurídica a quienes realizan actividades productivas en el borde costero.
Manríquez señala que una modificación directa de la Ley Lafkenche implicaría la necesidad de una consulta indígena previa, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que complica cualquier reforma legislativa de fondo. En cambio, Reinaldo Vidal, socio de la consultora 12 Milas, propone revisar otros cuerpos normativos, reglamentos y criterios de priorización contenidos en la Política Nacional de Uso del Borde Costero, instrumentos que podrían ayudar a encaminar soluciones sin alterar la ley principal.
