Chile enfrenta importantes retos para lograr un mayor bienestar económico, una sociedad más inclusiva y una mejor protección del medio ambiente. Ahora bien, uno de los principales obstáculos a nivel microeconómico que frena el desarrollo es la excesiva burocracia estatal en la aprobación de proyectos de inversión, conocida como permisología.
En Chile, cualquier proyecto de inversión debe cumplir con la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Esto significa que tienen que asegurar que no provocarán daños al medio ambiente. Para verificar esto, los proyectos pasan por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
En este escenario, la autorización ambiental de proyectos es crucial para proteger la salud humana y los ecosistemas. No obstante, el sistema pierde legitimidad si no se agiliza su funcionamiento. Cuando el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) extiende el plazo de tramitación más allá de lo previsto, esto impacta negativamente el valor económico y financiero de un proyecto.
En este contexto, el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián ha publicado la segunda versión del Índice del Costo Económico de la Permisología (ICEP) para el país. Este informe estima la pérdida de actividad económica producto del retraso en la puesta en marcha de proyectos, lo que se sintetiza en el ICEP, que tiene una directa relación con oportunidades laborales, ingresos para familias y desarrollo productivo no generado.
Impactos directos y más visibles
De acuerdo al análisis, la permisología le costó a Chile US$2.200 millones en el 2024, equivalente al 0.7% del PIB. La cifra se explica por un 2024 con la tasa de retraso más alta estimada, (tiempos de tramitación al alza de forma estructural), y un mayor stock acumulado de proyectos en trámite.
En específico, el año pasado se contabilizaron 111 proyectos tramitados por trimestre, un 42% menos que el promedio histórico. Puntualmente, se determinó que dos de cada tres proyectos mantienen retrasos en la tramitación durante 2024 (65% del total). Esto corresponde al número de proyectos en evaluación que han tardado un tiempo mayor al esperado sobre el total de proyectos en evaluación.
En el documento también se puntualizó que cayeron los desistimientos y términos anticipados, bajando la participación o relevancia de este tipo de finalizaciones de la tramitación ambiental de proyectos. En el 2024, se contabilizó un 26% del total que ingresó a evaluación como desistidos y 5% del total con término anticipado, lo que suma un 31% del total.
Por otro lado, el tiempo promedio de trámite ambiental alcanzó el máximo histórico en el último trimestre del 2024, puntualmente, se tradujo en alrededor de 370 días corridos para la autorización de un proyecto en evaluación. Esto contrasta con el promedio histórico de 228 días. Ahora bien, durante el primer trimestre 2025, el tiempo promedio por trámite ambiental bajó a 315 días corridos.
Por otro parte, los EIAs reducen el tiempo promedio de tramitación en 70 días, pasando de 787 días el 2023 a 717 días el 2024. Mientras que las DIAs, proyectos de menor envergadura aumentan en 30 días su tiempo de tramitación promedio, pasando de 288 días el 2023 a 318 días el 2024.
Y finalmente, un punto no menor destacado en el informe es que se generarían 30.000 empleos nuevos de manera permanente al entrar en operación proyectos que se encuentran con retraso en su tramitación ambiental. Más de la mitad de estos puestos de trabajo corresponde a la operación de proyectos de infraestructura y un tercio a la operación de proyectos mineros.
