La promesa de la coalición opositora australiana de prohibir la importación de salmón chileno (en caso de que hubiesen ganado las elecciones del pasado 3 de mayo), plantea una pregunta crítica desde la perspectiva del compliance: ¿qué ocurre cuando decisiones políticas se disfrazan de preocupaciones sanitarias sin una base técnica verificable?
Compliance sin fronteras
En una economía globalizada, el cumplimiento normativo no es sólo una exigencia operativa, sino un lenguaje común que permite que los productos fluyan entre países bajo reglas claras, estandarizadas y basadas en evidencia. El salmón chileno ingresó por primera vez a Australia en noviembre de 2024 tras un proceso técnico riguroso liderado por el DAFF australiano y respaldado por la certificación sanitaria de Sernapesca. Este hecho representó no solo una apertura comercial, sino también el reconocimiento explícito del cumplimiento de estándares internacionales por parte de Chile.
Desde la mirada del compliance, el anuncio de la oposición australiana es preocupante porque desacopla la política pública de la evidencia técnica. Pretender revertir una decisión regulatoria basada en un proceso de evaluación formal, sólo por razones electorales, erosiona la credibilidad del sistema y sienta un precedente riesgoso: que los compromisos internacionales pueden ignorarse si resultan inconvenientes políticamente.
El compliance no es sólo una herramienta para evitar sanciones; es una garantía de predictibilidad, transparencia y equidad en los mercados. Para actores como Chile, que compiten globalmente en industrias tan sensibles como la alimentaria, el cumplimiento de normas sanitarias y ambientales no es negociable. Por eso, es esencial defender la institucionalidad que permite ese reconocimiento, es decir, acuerdos multilaterales, organismos reguladores técnicos y mecanismos de resolución de controversias basados en datos y no en slogans.
Normas claras, comercio justo
Frente a declaraciones como esta, la industria salmonera chilena y sus autoridades deben redoblar su compromiso con la trazabilidad, la transparencia y la cooperación regulatoria. Pero, además, urge que se den respuestas firmes desde el punto de vista diplomático y comercial. Cualquier restricción a las importaciones debe estar debidamente fundada en criterios objetivos y no ser utilizada como moneda de cambio electoral.
Hoy más que nunca, el compliance debe ser entendido como una estrategia de sostenibilidad y legitimidad internacional. No basta con cumplir la ley, hay que hacerlo visible, verificable y coherente con los principios que rigen el comercio justo. Lo contrario no solo pone en riesgo el acceso a mercados estratégicos, sino también la credibilidad del sistema global en el que operamos.
