El gobierno de Tasmania publicó los resultados de su revisión sobre el evento de mortalidad masiva de salmón ocurrido el verano pasado, atribuido al patógeno Piscirickettsia salmonis. El documento revela que la falta de información precisa y oportuna por parte de las empresas acuícolas retrasó decisiones críticas y debilitó la comunicación pública durante la emergencia.
Tasmania refuerza control sanitario tras brote de P. salmonis
El informe, presentado este lunes, advierte sobre la necesidad de establecer un código de buenas prácticas para la industria y reforzar las normas de reporte, con el objetivo de mejorar la transparencia y la capacidad de respuesta ante futuros eventos. Asimismo, destaca los desafíos logísticos y de coordinación en la gestión de residuos, proponiendo diez acciones prioritarias para fortalecer la gobernanza del sector.
Las autoridades identificaron a P. salmonis como un patógeno ahora endémico en las aguas del sur y este de Tasmania, que se manifiesta con mayor frecuencia cuando las temperaturas marinas oscilan entre los 12 y 18 °C. El informe indica que, si bien las densidades de peces en los corrales afectados estaban dentro de los límites permitidos —9,3 kilogramos por metro cúbico o menos—, el hacinamiento en determinadas profundidades podría haber favorecido la propagación de la enfermedad.
El análisis también revela discrepancias entre el gobierno y la industria. Mientras las empresas calificaron la respuesta inicial como “excesivamente regulatoria”, las agencias estatales consideraron que los marcos de control eran insuficientes. La revisión menciona que el temor a solicitudes de acceso a la información limitó la transparencia dentro de las compañías.
Nuevas estrategias sanitarias y aplicación del modelo chileno
Como parte de las medidas futuras, los operadores esperan la aprobación del antibiótico florfenicol antes del próximo verano, tras considerar ineficaz el uso de oxitetraciclina durante el brote anterior. El informe también recomienda estudiar el enfoque regulatorio de Chile frente a P. salmonis, país donde se han implementado protocolos estrictos de control sanitario y trazabilidad.
En paralelo, científicos locales trabajan en el desarrollo de una vacuna, que podría estar disponible en unos 15 meses, aunque con efectividad variable ante factores de estrés como tratamientos antiparasitarios o floraciones algales.
El gobierno tasmano, además, comprometió un estudio integral sobre los impactos ambientales, sociales y económicos de la salmonicultura, manteniendo suspendida la expansión de la acuicultura marina hasta que se obtengan resultados concluyentes.
