Un grupo integrado por 21 empresas salmonicultoras, liderado por empresas como Mowi, Lerøy Vest y Alsaker Fjordbruk, junto a productores de menor escala, han interpuesto una nueva demanda colectiva contra el Gobierno Noruego. El objetivo central de la acción legal es revocar las decisiones gubernamentales que imponen reducciones de biomasa bajo el sistema noruego de semáforos.
La acción se volvió a retomar tras la resolución adoptada a fines de junio por el Parlamento Noruego, en la que se decretó nuevamente luz roja para el área de producción 3 (PO3). Bajo este marco normativo (diseñado en el año 2017 para mitigar el Caligus), las zonas clasificadas con luz roja están obligadas a recortar su capacidad máxima permitida en un 6%.
Impacto productivo y económico
Según explicaron los representantes del sector al periódico noruego E24, las restricciones acumuladas significan privar a la industria de entre 35.000 y 40.000 toneladas anuales de producción, lo que equivale a unos ocho millones de salmones al año.
En este marco, Even Søfteland, representante de las compañías a través de la organización PO3/4 Kunnskapsinkubator advirtió que, «Estamos perdiendo entre 35.000 y 40.000 toneladas al año. Eso corresponde a alrededor de ocho millones de salmones. Los productores y las comunidades locales están perdiendo una cantidad extrema de dinero».
Con base en un valor promedio de mercado de USD 7,30 por kilogramo la pérdida anual directa para las compañías y las comunidades locales bordea los NOK 2.800 millones (alrededor de USD 295 millones).
Indemnizaciones multimillonarias
El abogado representante de las 21 salmoneras, Trond Hatland (de la firma Thommessen), confirmó que la demanda busca revertir no solo los decretos de 2026, sino que también los de los ciclos del 2022 y 2024, cuestionando la validez del modelo científico que sustenta el sistema. Hatland anticipó que, de prosperar la acción judicial, las empresas exigirán una compensación económica estatal que alcanzará un monto millonario.
Por su parte, el Estado Noruego mantendrá la línea jurídica con la que ha salido victorioso en los tres litigios anteriores. En esta línea, Magnus-Johan Faero, representante de la Oficina del Procurador General, sostuvo que los fallos previos han absuelto completamente al Estado noruego, y argumentó que el modelo regulatorio se sustenta en un marco científico sólido respaldado por múltiples investigadores independientes.
La demanda se presenta en momento crucial para el futuro del sistema de semáforos. El Ministerio de Comercio, Industria y Pesca mantiene abierta la consulta pública sobre la efectividad del sistema de semáforos, un esquema cuya metodología ha sido objeto de severas críticas tanto por gremios y actores de la acuicultura noruega.
