Los Tribunales Ambientales son órganos jurisdiccionales especiales e independientes encargados de resolver controversias medioambientales y otras materias que la ley somete a su conocimiento. Si bien no forman parte del Poder Judicial, están sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema. En la práctica, y tras el máximo tribunal, se han convertido en actores clave en la judicialización de proyectos de inversión, con un impacto directo en el desarrollo económico y la certeza jurídica.
Tribunales ambientales, entre certeza y judicialización
Un ejemplo emblemático de su influencia fue el caso del proyecto minero-portuario Dominga, donde el Primer Tribunal Ambiental jugó un rol decisivo para destrabar la iniciativa. No obstante, desde el sector privado y jurídico advierten que también existen casos en que ocurre lo contrario: proyectos que se entraman aún más al reabrirse discusiones a partir de reclamaciones ciudadanas u observaciones acogidas por estos tribunales, extendiendo por años la tramitación y elevando la incertidumbre regulatoria.
Este escenario cobra especial relevancia considerando que el proceso de nombramiento quedó radicado en el Senado y que resta solo una semana legislativa antes del término del actual gobierno. En ese contexto, algunos actores advierten que la definición de estos cargos podría tensionar desde el inicio la agenda del próximo gobierno de José Antonio Kast, que ha planteado como prioridad reducir la permisología y la judicialización de proyectos, así lo detallan publicaciones del Desconcierto y el Ex-Ante.
Vacantes prolongadas y cuestionamientos al timing
En enero de 2025, la Corte Suprema remitió al Ejecutivo tres oficios con cinco alternativas cada uno para llenar vacantes en los Tribunales Ambientales. Sin embargo, recién un año después el gobierno decidió escoger una propuesta por tribunal para enviarla al Senado, lo que ha generado críticas por la demora, considerando que algunos cargos —como el del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia— llevan vacantes cerca de cinco años.
Los oficios, firmados por el presidente Gabriel Boric, fueron enviados en fechas distintas: el primero el 1 de diciembre y los otros dos el 6 de enero. En el sector se observa con preocupación lo que describen como una suerte de “amarre”, dado que los ministros de los Tribunales Ambientales duran seis años en sus cargos y que los perfiles propuestos serían afines a la actual administración. Tradicionalmente, sostienen conocedores del sistema, estos tribunales han mantenido un cierto equilibrio político, el que —a su juicio— podría alterarse con los nombramientos en trámite.
Las exposiciones ante la Comisión de Constitución
El pasado martes, en presencia del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, la Comisión de Constitución del Senado entrevistó a los candidatos propuestos para integrar el Segundo y el Tercer Tribunal Ambiental.
Los nombres presentados por el Ejecutivo fueron: Ricardo Pérez Guzmán como ministro titular abogado del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago; Andrés Bordalí Salamanca para el mismo cargo en el Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en Valdivia; y Alejandra Figueroa Fernández como ministra en Ciencias del Segundo Tribunal Ambiental.
El postulante para el Tribunal de Valdivia, Andrés Bordalí, centró su intervención en los valores de independencia, imparcialidad y probidad. Enfatizó que no ha militado en partidos políticos ni tiene vínculos con ONG ambientalistas, grupos económicos o empresas, y afirmó no compartir la idea de un “activismo judicial”. Según planteó, la probidad es el valor central en el ejercicio de la judicatura ambiental.
El foco en el Tercer Tribunal Ambiental y el perfil de Bordalí
El Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, presenta actualmente una vacante de ministro titular abogado. En ese tribunal ejercen Javier Millar como ministro titular y presidente, y Sibel Villalobos como ministra titular en Ciencias. Su jurisdicción abarca desde la Región de Ñuble hasta Magallanes, cubriendo una extensa zona del país con alta concentración de proyectos energéticos, forestales, acuícolas y de infraestructura.
El candidato propuesto para llenar ese cupo es Andrés Bordalí Salamanca, abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid. Bordalí es profesor titular de la Universidad Austral de Chile, donde fue decano y prodecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y cuenta con una amplia trayectoria académica en materias de derecho administrativo y ambiental.
Ha liderado diversos proyectos FONDECYT vinculados al acceso a la justicia ambiental y al control jurisdiccional de la administración del Estado. Entre sus publicaciones destaca el libro Litigación Ambiental (2019), considerado una obra de referencia sobre procedimientos de reclamación y recursos en esta área.
No obstante, su perfil también ha generado debate. Bordalí tuvo una participación pública activa en discusiones constitucionales y ambientales. Fue firmante de un texto difundido por Ciper Chile en 2019 que impulsó el proceso constituyente y coautor de una obra liderada por Jaime Bassa que critica la actual Constitución, señalando que contiene “trampas” que neutralizan la participación política y consolidan un orden neoliberal heredado de la dictadura, según destacó la Universidad de Valparaíso.
Asimismo, firmó una carta exigiendo al gobierno del expresidente Sebastián Piñera la firma del Acuerdo de Escazú, junto a abogados ambientalistas que hoy ocupan cargos en el Ejecutivo. Estos antecedentes han encendido alertas en parte del mundo jurídico y empresarial, que advierte un posible sesgo político en un órgano clave para la resolución de conflictos ambientales y de inversión.
Lo que viene
Tras las exposiciones, la Comisión de Constitución deberá sesionar de manera interna y elaborar un informe recomendando aprobar o rechazar las nominaciones. El documento será remitido a la Sala del Senado, donde cada propuesta deberá ser votada y alcanzar un quórum de tres quintos para ser ratificada.
El desenlace del proceso se dará en un contexto marcado por vacantes prolongadas, creciente judicialización de proyectos y un debate abierto sobre el equilibrio político y técnico de los Tribunales Ambientales, instituciones que hoy juegan un rol estratégico en el destino de las inversiones y en la gobernanza ambiental del país.
