La comisión, presidida por el senador Fidel Espinoza de la región de Los Lagos y con la participación del senador Carlos Kuschel, escuchó detalladamente las inquietudes de los trabajadores de Mowi Aysén. Entre los temas abordados, Abad hizo hincapié en la necesidad de modificar la ley que crea espacios costeros para pueblos originarios, destacando varios puntos críticos que afectan a la industria.
Sindicato plantea sus preocupaciones sobre la ley Lafkenche
Abraham Abad comenzó su intervención reconociendo el valor de la ley que permite a los pueblos originarios acceder a espacios marinos, pero manifestó que existen serias preocupaciones respecto a su implementación. “Valoramos el propósito de la ley, pero la incertidumbre y el efecto suspensivo que conlleva son preocupantes para nosotros como trabajadores”, comentó Abad.
El presidente del sindicato detalló que más de un tercio de las solicitudes de concesiones acuícolas están actualmente suspendidas debido a la ley Lafkenche, lo que también afecta las relocalizaciones y genera una incertidumbre prolongada. Abad señaló que los tiempos de tramitación, que deberían ser de poco más de un año según la ley, se extienden a más de ocho años en la práctica. Esta demora impide el avance en mejoras para las comunidades y el desarrollo de puertos y nuevas concesiones.
Necesidad de proporcionalidad y participación
Abad también cuestionó la proporcionalidad en la asignación de hectáreas marítimas, sugiriendo que estas deben ajustarse al tamaño de la comunidad y establecer un límite máximo de territorio. Además, criticó la participación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en el proceso, afirmando que debe considerar a todas las comunidades que viven y trabajan en las áreas solicitadas, incluyendo a pescadores artesanales, mitilicultores, recolectores de orilla, salmoneros y operadores turísticos.
El dirigente destacó la necesidad de clarificar los roles y atribuciones de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), señalando que los procesos de aprobación y rechazo de solicitudes deben ser transparentes y bien definidos.
Impacto en la industria y economía local
Abad concluyó su presentación, advirtiendo que la exclusión de la industria acuícola de las áreas protegidas podría tener consecuencias devastadoras para el sector. “Sacar a la industria de las áreas protegidas mataría al sector. El Estado aún no ha respaldado esta política como una política de Estado, y esto genera dudas sobre la estabilidad de los trabajos y la economía local”, afirmó Abad.
