Superintendenta del Medio Ambiente: “No trabajamos desde una perspectiva de la persecución”

Empresas privadas, con Cooke Aquaculture a la cabeza, han expresado su descontento en cómo ha llevado a cabo su rol fiscalizador la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) acusándola de obstructiva para el crecimiento económico y promoción de inversiones en nuestro país. A respecto, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, respondió en una entrevista en El Mercurio, discrepando de las críticas hacia la entidad que lidera. Hace poco se reveló que la SMA intensificó sus fiscalizaciones en 2024 en todos los sectores productivos con un total de 4.468 procesos de control, siendo la mayor cifra desde 2017. En este contexto, casi el 50% de las inspecciones se concentró en la acuicultura y la pesca, principalmente en los centros de engorda de salmones, por sobre otras industrias como la minería, la agricultura o la energía. Sin embargo, solo en el 2024, de las 1.819 fiscalizaciones al sector salmonicultor, hubo un 99,8% de cumplimiento. Según un informe de noviembre de 2023 del exsuperintendente Cristóbal de la Maza, la SMA modificó su estrategia fiscalizadora y sancionadora desde 2019. “La SMA pasó de operar desde una lógica de deferencia administrativa, delegando en organismos sectoriales las prioridades de fiscalización, a una posición proactiva. La autoridad aumentó significativamente las fiscalizaciones y formulaciones de cargos, fuera de lo normal y recurrente, modificando la tendencia histórica de manera sorpresiva”, dijo en esa oportunidad. ¿Cómo fiscaliza la SMA? Consultada la líder acerca de un posible giro en las fiscalizaciones hacia la industria salmonera durante su gestión, Marie Claude Plumer, señaló que “no hay un giro de la fiscalización en materia acuícola, en la fiscalización ambiental. Este es un proceso que lleva varios años y que ha sido continuo (…). Se viene pensando, si no me equivoco en esto, desde el 2015 en forma muy preliminar”. Explicó que este proceso que se viene analizando se refiere “en general, de fiscalización. Y en particular, respecto a proyectos de acuicultura que tienen más de 2.000 unidades fiscalizables asociadas a resoluciones de calificación ambiental (RCA). Es decir, un universo muy importante que se suman a otros elementos complejos, ya que son instalaciones, la mayoría ubicadas en el sur del país, en lagos y en lugares de difícil acceso”, señaló. “La mirada tradicional de una fiscalización en terreno es muy inviable, no solamente por los costos que implica, sino por la posibilidad de llegar a las 2.000 unidades”, explicó. Para cumplir con el rol fiscalizador, señaló que “en 2015 se empieza a trabajar una herramienta de imágenes satelitales, no solamente en estas materias, sino que en otras áreas. Y ahí fue paulatino. Hemos podido llegar hoy día al 100% de cobertura en dos líneas: posicionamiento de los CES, que están asociados a una concesión, y la producción”. Aseguró que es incorrecto que se hable de cambios de criterios, “porque no ha habido un cambio de criterio respecto a la fiscalización. Y la consecuencia es un trabajo constante, continuo, permanente, bajo una línea que se ha mantenido, no obstante, los cambios de administración”. ¿De qué forma se fiscaliza a Cooke? En relación a la interrogante acerca de que si la fiscalización a Cooke ha sido tal cual como fue aprobado originalmente el proyecto o existió un cambio después en la forma de medir, la ejecutiva indicó que “para nosotros es importante la RCA, establece el límite. Pero hay datos también que son entregados a la autoridad pesquera, de límites de cosecha, etc. Y esos son los que van determinando los límites autorizados por la respectiva RCA”. Explicó que en el caso de Cooke “estamos hablando de un proyecto que no tiene RCA en materia de producción. Yo estoy hablando que todo este proceso de fiscalización está basado en proyectos con RCA, y toda la línea de trabajo que hemos logrado hacer con importantes logros en materia de fiscalización está asociada a proyectos con RCA”. En cuanto a cómo opera la ética en la SMA, la personera manifestó que “es interesante, porque la ética es un concepto filosófico, y esta es una institución pública. Las instituciones públicas están referidas a un marco normativo, legal, y ese es nuestro ámbito de ejercicio y de actividad”. “La actuación de la superintendencia es a través de sus decisiones y actos administrativos. Esos actos administrativos tienen que estar motivados y estar dentro de la esfera del derecho”, agregó. Sobre el acuerdo de relocalización alcanzado con el Gobierno, Plumer, señaló que “este es un procedimiento abierto. Por el rol que cumplo, no puedo emitir una opinión que puede ser usada como un adelantamiento de juicio”. Impacto en la inversión e influencia de las ONG  Respecto a que el sector salmonero ha realizado duras críticas al rol fiscalizador de la SMA, la vocera expresó que “lo digo de muy buena fe: no creo que exista una sensación o un ánimo de los gremios, por lo que me ha tocado conversar a mí en reuniones de lobby o en talleres más amplios. Cuando uno está en procedimiento sancionatorio abierto, hay intereses. Pero, en general, el rol de la fiscalización de la superintendencia ha sido un rol bastante claro y ha habido una racionalidad (…) No trabajamos como institución desde una perspectiva de la persecución para llegar a un ámbito sancionatorio”. “Para la SMA, su función es fiscalizar la norma y el permiso ambiental. Y para eso se disponen las herramientas, a través de tecnología”, aseveró. Sobre si es un problema para la inversión en Chile, la superintendenta dijo que “lo plantearía al revés. Una actividad, como cualquiera, tiene que someterse a las reglas del juego, que es el cumplimiento normativo. Si tengo una norma de ruido, debo cumplir la norma de ruido; o si tengo una RCA, cumplir con la RCA. En la SMA tenemos que velar por el cumplimiento ambiental”. En relación a la acusación de que existe influencia de las ONG, la ejecutiva respondió que “ellos son titulares de intereses, como un denunciante. Nosotros tenemos que hacer un rol de imparcialidad cuando ejercemos la fiscalización, y se está haciendo el procedimiento sancionatorio”. Y consultada sobre si las ONG suelen estar de acuerdo con lo que fiscaliza la SMA, aclaró que “no lo diría en esos términos. Un titular, como cualquiera, es titular de intereses (…) A veces somos aplaudidos por un grupo, pero a veces no somos aplaudidos por el resto”. La líder cerró la entrevista sobre el tema asegurando que han sido tanto aplaudidos como abucheados por las ONG.